El juez federal Claudio Bonadio dio vía libre al Gobierno para que destruya los 60 mil moisés y sacos de dormir del stock del plan Qunita que el Ministerio de Salud dejó de entregar en las maternidades públicas hace cinco meses. Lo hizo en el marco de la causa en la que ya procesó al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y a otros veintitrés ex funcionarios y empresarios por supuestos sobreprecios y direccionamiento en la licitación del plan. Amparado en los mismos informes del INTI y de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) con que el Gobierno dejó de distribuir el beneficio en abril, Bonadio ordenó al Ministerio de Salud que “deberán destruirse” las cunas y las bolsas de dormir que están inutilizadas, decisión que fue repudiada por un grupo de médicos neonatólogos y pediatras de distintas instituciones.

La resolución judicial va en línea con la intención del Gobierno de deshacerse de los elementos del Plan. “Su custodia y almacenamiento generan actualmente importantes costos a la administración pública nacional”, justifica el juez su decisión. El otro argumento al que apela Bonadio es que las cunas y las bolsas de dormir “resultan riesgosas para la salud” de los bebés, la misma explicación que usó el Ministerio de Salud para dejar de repartirlos. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con bases menos sólidas, ya había dejado de entregarlos en febrero, mucho antes de que el Ministerio de Salud emitiera una opinión al respecto.

“El programa venía funcionando perfectamente, y su objetivo era prevenir dos mil muertes de bebés y de cien madres por año. En la resolución de Bonadio hay un indisimulable odio de clase, porque son los más pobres los que van a dejar de recibir el beneficio”, replicó en diálogo con Página/12 el ex ministro de Salud Daniel Gollán, uno de los procesados por el juez.

La salubridad o no de las cunas es un tema de dabate aún abierto. La resolución con que el ministerio cortó su distribución señala “la peligrosidad de algunos elementos fundamentales que componen los Kits”, en referencia a las cunas y las bolsas de dormir. Gollán sostiene en cambio que “no hubo quejas sobre el producto en las líneas telefónicas de consulta ni tampoco hubo consultas relacionadas con problemas de salud en las maternidades”.

La resolución de Salud cita un informe del doctor Alejandro Jenik, uno de los neonatólogos argentinos de mayor prestigio internacional, que advierte que la bolsa de dormir es “muy riesgosa” y podría provocar “sofocación mecánica” y “estrés térmico”. Lo dicho por Jenik tiene respaldo en el INTI –a través de un informe que solicitó el gobierno anterior– y en un documento de la SAP, que resalta los usos “inadecuados” que podría darle una familia al moisés. Pero ningún documento u opinión en boca de especialistas recomienda desecharlos.

El propio Jenik desautorizó en diálogo con este diario lo dictado por Bonadio. “Antes que se destruyan las cunas debería formarse un equipo interdisciplinario entre el grupo de trabajo de muerte súbita y el grupo de prevención de lesiones de la SAP, representantes del INTI y representantes expertos del Ministerio de Salud, y tomar una conducta conjunta con respecto a si cabe la factibilidad de salvar las cunas con recomendaciones muy estrictas para el uso de los padres, fundamentalmente que no las usen después de los seis meses”, dijo. “Hay que sacarle a la discusión toda implicancia política que el caso muestra, porque la urgencia la tienen los niños y los niños no tienen banderías políticas”, sostuvo.

“Las mamás asistidas por el programa eran beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo. El moisés se entregaba exclusivamente en los hospitales públicos, y las mamás debían realizar seguimientos estrictos de su embarazo, a cargo de los neonatólogos. No tuvimos jamás ningún problema en su aplicación”, dijo a este diario la doctora Alicia Benitez, quien hasta el mes pasado fue jefa de la Unidad de Neonatología de la Maternidad Sardá. “Tampoco lo hubo en maternidades de Salta y Rosario con las que me comuniqué en estos días a fin de seguir recabando información para traer algo de claridad al despropósito que dictó el juez”, describió.

Benitez fue una de las médicas que se unieron ayer en una conferencia de prensa desde la Unidad Sanitaria Número 9 de la Isla Maciel para repudiar la resolución. Entre otros, la acompañaron Gabriela Bauer, médica pediatra del Hospital Garrahan, Adriana Gorenstein, neonatóloga del sanatorio de la Trinidad, e Inés Belaustegui, trabajadora social de la Maternidad Estela de Carlotto de Moreno. Del acto formó parte también el Padre Francisco “Paco” Olveira, integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, y la diputada del FpV Carolina Gailliard.

Informe: Matias Ferrari.