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Por Felipe Yapur y Eduardo Tagliaferro

“Traten cosas específicas, trabajen como gente civilizada. Hay chicos que matan y eso no puede ser. Porque entran por una puerta y salen por otra. Les pido que piensen con el corazón y no con los tratados internacionales”, fue uno de los dichos de Juan Blumberg frente a los diputados de la Comisión de Legislación Penal. Lo dijo de manera tranquila y sentado al lado del titular de la comisión parlamentaria. Utilizó el corazón, donde se discute con la razón y el conocimiento jurídico, siempre con la mirada atenta de los medios de comunicación y con el peso que le dio ser cabeza de una masiva manifestación popular. Aunque muchos parlamentarios admiten que están legislando bajo presión, ninguno cuestionó públicamente sus reclamos. Muchos legisladores optaron por el silencio. No faltaron los que aprovecharon la oportunidad de tener un momento de fama ante las cámaras televisivas y también quienes, como Carlos Ruckauf o Jorge Casanovas, disfrutaron la restauración de la mano dura como discurso dominante.
- Los diputados. Como si se tratara de un celador, Blumberg se ubicó detrás del presidente de la Comisión de Legislación Penal, el radical Hernán Damiani. Desde allí tomó notas de los diferentes discursos y esperó con paciencia su momento de hablar, un hecho inusual producido gracias a la presión de la movilización que condujo la semana pasada.
El PJ no perdió tiempo y a poco de andar la reunión el tucumano Ricardo Falú anunció que los 130 integrantes de su bloque van a apoyar –a pesar de ciertas disidencias– las normas que endurecen las penas: “No vamos a caer en discusiones de tipo docente o doctrinario entre garantismo o mano dura. Vamos a soportar las duras críticas de la oposición sobre las causas del delito, eso corresponde a otras áreas de la sociedad que puede ser estatal o no”, dijo el legislador para sorpresa de sus colegas de la oposición que lo considera un diputado para nada adepto a la mano dura.
Por si quedaran dudas, Falú destacó el beneplácito que le provoca “la marcha del proceso porque estamos legislando con gusto porque no hay nada más natural que acatar el clamor popular”. Reconoció también que en el bloque, si bien hay diferencias con las ideas que suele expresar Ruckauf, en esta oportunidad “respaldamos una idea suya” y que impedirá la excarcelación de condenados por delitos aberrantes. Ruckauf lo miró y lanzó una de sus típicas sonrisas; poco después le devolvería el favor al sostener que Falú “es mi amigo”.
La oposición no estuvo ausente, aunque no tuvo espacio para modificar la decisión tomada por el PJ. Laura Musa, del ARI, aseguró que el tema ausente en esta discusión era la política de seguridad “porque estos proyectos no resuelven el problema. Nos estamos mintiendo y les estamos mintiendo a las víctimas. Lo que se quiere aprobar es un placebo”, indicó. El radicalismo también apuntó hacia la misma dirección, aunque no de manera tan vehemente. El mendocino Víctor Fayad exigió la presencia del ministro Gustavo Beliz para que brinde detalles de la política de seguridad del gobierno nacional. El PJ lo miró sin inmutarse. Su colega bonaerense Patricia Panzoni recordó que el plan de seguridad que implementó Carlos Arslanian quedó trunco con la llegada de Ruckauf a la gobernación. “La política de mano dura que se implementó luego fracasó de manera rotunda y ahora sufrimos la consecuencias”, dijo ante un largo silencio del PJ.
“Soy de hablar poco, soy un hombre bueno, pero hoy me veo obligado a romper mi silencio”, dijo con tono pausado el bonaerense Casanovas. Justificó la necesidad de endurecer penas y de limitar las excarcelaciones, más allá de que la Constitución prevé que las cárceles no son para castigo sino resocialización. Además, se preocupó en aclarar queno es asesor de Blumberg y que participó de un programa televisivo porque éste le pidió que lo ayudara con las preguntas políticas.
Los discursos se sucedieron pero nada se modificó. Hoy a las once, los diputados comienzan el debate.
- Los senadores. El radical puntano Jorge Agúndez comenzó pasando en limpio los proyectos que hoy tratarán en el recinto, así como los que aprobarán los diputados. Al informar sobre el proyecto original que pena el juego ilegal, una iniciativa que en su paso por Diputados presentó Scioli, Agúndez comentó que se había agregado a los levantadores de quiniela como partícipes del delito. Luego de repasar los proyectos que controlan el uso de celulares y el que modifica el Código Penal negando las excarcelaciones en los casos de delitos aberrantes, el radical señaló: “Hemos consultado con algunos especialistas y consideran que algunos planteos rozan lo inconstitucional”. “Sí, claro, vulnera la igualdad ante la ley”, comentó la bonaerense Diana Conti.
El resto de los senadores no se dio por enterado. Nadie pareció alarmado ante la posibilidad de sancionar una norma inconstitucional. La mención se refería a la prohibición de firmar indultos o conmutaciones de penas en esos casos de delitos aberrantes. Fue el peronista santacruceño Nicolás Fernández, primero y luego la puntana Liliana Negre quienes resaltaron lo incomprensible que significa aprobar una norma anticonstitucional. Se impuso la lógica y ese punto fue eliminado. El chaqueño Jorge Capitanich se esforzó por implementar un registro de reincidentes o de antecedentes penales como requisito para quienes compren celulares usados. Un tiempo enorme se llevó la discusión de este punto que en verdad, dado el alto contenido tecnológico que hoy tiene la prestación telefónica, es más una norma apropiada para ser reglamentada por la Comisión Nacional de Comunicaciones que por una ley. Pero las cámaras de TV estaban prendidas y algunos legisladores no evitaron caer subyugados: “De 8 millones de celulares que hay en el mercado sólo 2 millones están registrados”, comenzó Mario Daniele, de Tierra del Fuego. Cuando se empantanó la discusión, dijo: “Eso podemos dejarlo para que lo reglamente el PEN”. “Por supuesto que el Ejecutivo es el que reglamenta las leyes”, dijo Conti en voz baja. A esa altura hasta lo obvio parecía inteligente.