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Mañana continuará el juicio por enriquecimiento ilícito contra la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray. Concentrado inicialmente en las causas del incremento patrimonial de la dirigente de la UCeDé, el juicio derivó hacia otros funcionarios del gobierno menemista. Tras la declaración de un testigo que acusaba a un ex integrante de la Jefatura de Gabinete, Rodolfo Aiello, de pagar sobresueldos a los ministros de la época, la lupa de la Justicia se posó sobre otros miembros del gobierno de Menem. El viernes pasado, el propio Aiello –que se encuentra en el Exterior– prometió a través de una nota que viajará al país en los próximos días para declarar en la causa.
La comunicación de Aiello llegó a través del secretario del Tribunal Oral Federal número 4, Pablo Desimone, quien leyó la nota que anticipaba el regreso al país del ex funcionario de la Jefatura de Gabinete. Unos días antes, ese tribunal había ordenado a la Policía que ubicara a Aiello y lo obligara a declarar por la fuerza. Pero Aiello estaba fuera del país. Su declaración es especialmente deseada por los abogados de Alsogaray, que la consideran estratégica para probar que la fortuna de María Julia no proviene de la corrupción sino de dinero cobrado del propio Gobierno –los famosos “fondos reservados”–, como también de donaciones de sus padres y del cobro de honorarios profesionales del sector privado.
De hecho, los defensores de la funcionaria que alguna vez prometiera limpiar definitivamente el Riachuelo, atribuyen su notorio enriquecimiento a unas herencias y donaciones recibidas de su padre, el ingeniero y fundador de la UCeDé, como también de honorarios recibidos de la empresa Astilleros Alianza. El viernes, en relación con ese tema, declaró el abogado Antonio Guillermo Gómez Riera, quien en su momento se desempeñó como abogado de una compañía que le daba préstamos a Astilleros Alianza. El interés de la declaración de Gómez Riera era que, aparentemente, él podía probar si María Julia trabajaba o no para Astilleros Alianza. Sin embargo, el letrado declaró sólo unos minutos –su testimonio fue el más breve del juicio oral– dijo no saber nada.
En la actualidad, Gómez Riera es apoderado judicial de la empresa Zeal International. En su testimonio, dijo que desconoce si esa compañía tiene alguna relación con Astilleros Alianza. Además de ese abogado de apellido español, el viernes declaró un ex contador de María Julia, Ernesto Furlone, quien contó ante los jueces que durante su labor había incluido en las declaraciones juradas de bienes de la ex funcionaria los importes que ésta cobraba en concepto de “fondos reservados”. “Sólo aparecían como ingresos”, aseguró Furlone sobre el dinero que recibían la mayoría de los ministros y secretarios de Estado del gobierno de Menem. Según el contador, los sobresueldos aparecían en las declaraciones de la DGI, pero sin consignar de dónde provenían y por qué servicios se pagaban.
Quienes siguen de cerca el juicio oral contra María Julia consideran que la denuncia de que en el gobierno de Menem se pagaban sobresueldos de hasta 40 mil pesos/dólares no sólo afectará a otros ex menemistas. Según esos análisis, la denuncia podría beneficiar de alguna forma a María Julia, porque ampliaría la investigación hacia otros funcionarios. Además, le daría un argumento más en su complicado intento de justificar el incremento de su fortuna personal. Mientras tanto, el juicio sigue avanzando y las citaciones a los testigos se siguen sucediendo, aunque algunas con suerte diversa.
Es el caso del ex jefe de Gabinete de Menem, Jorge Rodríguez, el presunto responsable del pago de sobresueldos si se confirman las recientes denuncias. Rodríguez estaba citado para declarar el viernes último, pero finalmente no declaró y se informó que se encuentra en el Exterior. También está fuera del
país el subordinado de Rodríguez, Rodolfo Aiello, el supuesto encargado de pagar las misteriosas sumas que provenían de los “fondos reservados” y no se detallaban en las declaraciones juradas. Para esta semana, tanto Rodríguez como Aiello prometieron que llegarán a Buenos Aires para declarar en el juicio. Pero nunca se sabe.