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El procurador general de la Nación, Esteban Righi, cumplió ayer con la solicitud de Néstor Kirchner y dio intervención a los fiscales para investigar el encubrimiento del atentado a la AMIA. La procuración envió el pedido a la fiscalía de la Cámara Federal. En su carta, el Presidente se había basado en las denuncias públicas de las agrupaciones de familiares. Para tratar este tema, Kirchner recibió ayer en la Casa Rosada a la Asociación Familiares y Amigos de las Víctimas, aunque la reunión ya estaba programada. “No abordamos el tema de los casetes, ni el estado de la causa judicial, ni de la resolución del juez Claudio Bonadío”, informó el vocero de la entidad, Sergio Burstein. La prudencia ante el episodio de los casetes fue compartida por casi todas las demás organizaciones. Consultadas por Página/12, elogiaron con cautela la decisión de investigar a Carlos Menem, a sus ex ministros Carlos Ruckauf y Carlos Corach y al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy.
Un día después de que se hiciera pública la carta de Kirchner, la procuración reenvió esa solicitud al organismo correspondiente: la fiscalía general de la Cámara Federal. La misiva del Presidente pedía que la Justicia interviniera ante las denuncias públicas que habían hecho los familiares de las víctimas y los directivos de la AMIA en el acto por los diez años del atentado. Ese día, los oradores habían acusado a Menem de encubrir la explosión y desviar la pesquisa. Las imputaciones también iban dirigidas a varios de sus ex funcionarios: Ruckauf, Corach y el ex jefe de la SIDE Anzorreguy.
La decisión del Presidente cayó bien en algunas entidades de los familiares mientras que otras prefirieron no opinar. Fue el caso de la AMIA –su titular, Abraham Kaul, se encuentra fuera del país– y de otras agrupaciones formadas por parientes de las víctimas. Tanta cautela y tanto silencio se debían al antecedente de los casetes, que generó algunos cortocircuitos en la relación del Gobierno con la comunidad judía. Por ejemplo, los integrantes de Familiares y Amigos de las Víctimas que estuvieron en la Rosada –dialogaron con Kirchner y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli– eligieron el bajo perfil y se fueron sin hablar con los periodistas acreditados en Gobierno.
Más tarde, en diálogo con Página/12, elogiaron la decisión de Kirchner de pedir a los fiscales que investiguen, aunque dijeron que “el Estado debería haberlo hecho hace mucho tiempo”. “Esto es el resultado de las denuncias que venimos haciendo año tras año. Ahora, el Estado debe tomar las medidas necesarias para decidir si lo que denunciamos se corresponde con la Justicia. De una vez por todas el Gobierno dio un paso que debería haber dado hace mucho tiempo. Cuando un funcionario se entera de la comisión de un delito debe denunciarlo”, dijo Marcelo Czyzewsky, de Familiares y Amigos de las Víctimas.
–¿Relaciona esto con el episodio de los casetes?
–Uno puede hacer las especulaciones de cualquier naturaleza, pero no se puede poner en el mismo plano una mala información o un error como el blooper de los casetes con que el Gobierno haya decidido denunciar a un ex presidente argentino. Me parece que no tienen comparación –dijo Czyzewsky.
También Diana Malamud, de Memoria Activa, evaluó el gesto de Kirchner. “Me parece lamentable que los fiscales no lo hayan hecho antes. Prefirieron apoyar la payasada de la investigación. Todos ellos son encubridores y era hora de que esto se investigue. Han hecho un papel vergonzoso. Que el Presidente les tenga que pedir que lo hagan es vergonzoso. Porque no actúan como fiscales, actúan como una corporación para cuidarse entre ellos y cuidar a los jueces federales.”