[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Parece una chicana en un escenario incorrecto. La historia comenzó en el viejo Concejo Deliberante porteño después del incendio en Kheyvis, la disco donde murieron diecisiete personas el 20 de diciembre de 1993. Un grupo de legisladores logró sancionar una ordenanza que le exige al Poder Ejecutivo “inspecciones obligatorias” cada 120 días en los locales bailables de la urbe. Pero República Cromañón no fue inspeccionada ni una sola vez en 2004. Los funcionarios porteños argumentan que, aunque los legisladores pretendieron aumentar los controles a los boliches, “supuestamente se equivocaron”: modificaron la ordenanza 24.654/69, que no regula “locales bailables” sino espacios destinados a “música, canto y variedades”. Paradójicamente, Cromañón está habilitada como boliche bailable, pero ofrece espectáculos de música y canto.
El infierno en República Cromañón desató una andanada de críticas hacia el empresario Omar Chabán, la organización del espectáculo y varios funcionarios del gobierno porteño, incluido el jefe del Ejecutivo. Pero hasta ahora nadie se había fijado en los detalles que durante el día de ayer entretuvieron a los técnicos de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, el área encargada de las habilitaciones y verificaciones de los locales comerciales de la Ciudad.
La ordenanza que regula la actividad de los locales bailables porteños lleva el número 24.347 y fue sancionada en el año 1969. Divide a los locales de acuerdo a tres categorías: A, B y C. La primera son locales de “alternadoras”, la segunda de “parejas solas” y la categoría C de discos como la República Cromañón.
Hasta allí, ningún tipo de problemas. La supuesta confusión apareció muchos años más tarde, en 1997. Para entonces ya había pasado Kheyvis. Un grupo de legisladores buscó consenso para votar una serie de modificaciones sobre la ordenanza madre, entre ellas las certificaciones contra incendios extendidas a partir de ese momento por el cuerpo de Bomberos de la Policía Federal. El entonces concejal Atilio Alimena, actual adjunto de la Defensoría del Pueblo en la Ciudad de Buenos Aires, fue uno de los impulsores de los cambios. En 1995 promovió la ordenanza 50.250, reglamentada un año más tarde, que exige –por ejemplo– la “clausura de los locales sin certificados de bomberos o con los certificados vencidos”, recordó en estos días.
En el ’97, las modificaciones continuaron. Según Alimena, el Concejo fue sancionando los proyectos que habían quedado pendientes después de Kheyvis. Entre ellos, incluyó las inspecciones obligatorias y periódicas.
Según la documentación digitalizada en la Dirección General de Informática y Archivo Legislativo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Cedom), la famosa cláusula apareció el 29 de enero de 1997 en el Boletín Oficial de la Ciudad como el artículo 22 y bajo el título “De la Verificación y las Penalidades”.
De acuerdo con la norma, “el Poder Ejecutivo deberá verificar, con periodicidad no mayor de 120 días y en horario de funcionamiento, el cumplimiento de las normas vigentes”. Exige, además, la elaboración de un informe con un dictamen sobre: medios de egreso y salida de emergencia; iluminación de emergencia, condición de prevención contra incendio; ventilación mecánica y coeficiente de ruidos y vibraciones.
Si las inspecciones se hubiesen hecho en Cromañón, dice Alimena, “se hubiese detectado (al menos) el falso cielo raso”. Pero en el último año no hubo ninguna inspección. Cuando Página/12 preguntó los motivos, desde el gobierno indicaron que “no hay una norma que lo obligue”. Y esto es así, explicaron, porque el artículo 22 no corrigió la ordenanza 24.347/69 sino la 24.654/69: cuyo objeto son los locales de música, canto y variedades. Otra paradoja: estos locales, según las autoridades, merecen ser más controladas que las discos.
Y ése no fue –si lo hubo– el único error. Los archivos del Cedom (www.cedom.gov.ar) también están incorrectos. La edición digital de la ordenanza en cuestión lleva por título: “Bailes, música, canto y variedades”. Si debía haber o no inspectores, si los legisladores modificaron una u otra ordenanza o si el gobierno está o no está en off side, será materia de investigación judicial.