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“Nos abrieron las puertas pero es la obligación de ellos.” Sergio Giovannini perdió a su hermana Carla en el incendio de República Cromañón. En las últimas 48 horas, Sergio estuvo dos veces en la Casa Rosada. El miércoles, lo recibió el presidente Néstor Kir- chner. Ayer se reunió con el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Al igual que muchas familias, Sergio fue contactado por funcionarios e invitado a Balcarce 50. Allí escucharon su historia, sus reclamos y les ofrecieron ayuda. Entre otras propuestas, le ofrecieron asesoramiento jurídico. Su caso es uno de los cientos que ya fueron tratados por el Gobierno. Desde el martes, el Ejecutivo viene recibiendo a familiares y amigos de las víctimas. De los dos lados hubo cautela. Nadie quiso contar demasiado. Dentro del drama, algunas familias hablaron bien de la reacción oficial. Por ejemplo, elogiaron el traslado desde el Hospital Naval de una cámara hiperbárica que permite oxigenar con mayor presión a quienes inhalaron grandes cantidades de humo negro. Otros parientes, en cambio, recibieron con desconfianza la oferta del Gobierno de acercarles –o pagarles– abogados.
“Hay algunas cosas que no me gustan”, contó Sergio en diálogo con Página/12. Lo dijo mientras manejaba su auto a la marcha que partió de plaza Once. Se refería a la propuesta del Gobierno, que en muchos casos se comunicó a través del ministro del Interior, Aníbal Fernández, de facilitarles a los familiares la contratación de abogados. La mayoría de los parientes no aceptó la oferta o la aceptó aclarando que además contrataría sus propios letrados. El asesoramiento jurídico se convirtió, así, en el punto más conflictivo de los encuentros entre el Gobierno y las familias que sufrieron la tragedia.
Uno de los funcionarios que se encargó de transmitir la oferta fue el procurador general del Tesoro, Osvaldo Guglielmino. Por pedido de Aníbal Fernández, Guglielmino se comunicó ayer con el abogado José Iglesias –cuyo hijo Pablo murió en el recital– para ofrecerle, en nombre del Estado, pagar los abogados de las víctimas. Iglesias se negó en forma terminante. En declaraciones recientes, dijo que al Gobierno le había nacido “un nuevo Blumberg”. Ayer presentó una querella ante la jueza María Angélica Crotto, quien tiene a su cargo la causa por el incendio que hasta ayer causó 188 muertos. Además, Iglesias creó una ONG con un grupo de cuarenta padres para hacer un seguimiento del expediente. La organización, sin fines de lucro, se llama “Que no se repita”.
Pero ésa no es la única iniciativa de los familiares. Una vecina de José C. Paz que perdió a uno de sus hijos en el recital también está organizando una ONG. Se llama Nilda Gómez. Su hijo, Mariano Alexis Benítez, murió en República Cromañón junto a un amigo de Grand Bourg. Nilda está de acuerdo con Iglesias en que los abogados los deben elegir los familiares. “Vamos a buscar buenos abogados, del pueblo”, dijo a Página/12. Al igual que otros parientes de víctimas, Nilda ya estuvo en la Casa de Gobierno. “Están recibiendo a todos los padres. Allí pudimos contar nuestro dolor, nuestra angustia y hacer nuestro pedido de justicia”, aseguró anoche a este diario mientras se retiraba de la movilización en reclamo de justicia.

Contactos

Desde el Gobierno, la búsqueda de contactos con los parientes de las víctimas comenzó el domingo a mediodía. Tras los primeros días de silencio –un mutismo elegido conscientemente para no desgastar a Aníbal Ibarra–, el Ejecutivo ordenó a algunos de sus funcionarios que comenzaran a buscar a las familias. La orden la dio Parrilli, quien pidió que “en forma discretísima” se realizaran contactos con los integrantes de la comisión de amigos y familiares de los fans de Callejeros. El rastreo se facilitó porque algunos funcionarios de segunda línea del Gobierno, en ese momento, ya se habían vinculado con los familiares: en un caso, porque la amiga de una hija estaba en el recital, en otro porque un allegado muy próximo –el cuñado del hijo de Parrilli– estaba entre los muertos.
La actuación de algunos intendentes, como Alberto Balestrini (La Matanza), Manuel Quindimil (Lanús) y Alberto Descalzo (Ituzaingó) también contribuyó a establecer los contactos con las familias. Los jefes comunales ubicaron rápidamente a las víctimas de sus distritos y les ofrecieron ayuda de distinto tipo. En La Matanza, de donde era oriunda la banda, hubo 33 víctimas fatales. Otros intendentes, como el de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, no mostraron los mismos reflejos ni la misma sensibilidad. Fueron justamente Balestrini y Descalzo quienes ofrecieron móviles –trafics y camionetas– para que pudiera realizarse la primera reunión de Kirchner con los familiares, el martes.
Luego de ese encuentro, el Gobierno se empeñó en contactar con el resto de los deudos. Así, el miércoles se concretó una nueva reunión. Esta vez se los convocó a través de la comisión de familiares y amigos de los muertos. Finalmente, ayer se organizaron dos nuevas entrevistas, una a la mañana y otra a la tardecita. En todas estuvo Kirchner, quien tomó el tema como un “compromiso personal”. “Hubo pedidos económicos, asesoramiento jurídico y hasta psicológico”, contaron en la Rosada. Los familiares no fueron muy efusivos. Algunos mostraron desconfianza y otros elogiaron la disposición. En especial, destacaron la acción para poner a disposición un equipo médico del Hospital Naval –cámara hiperbárica– que sirve para desintoxicar a quienes tienen las vías respiratorias contaminadas.