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Las autoridades del Garrahan enviaron un centenar de telegramas a los trabajadores que realizan un paro de 72 horas, intimándolos a que hoy retomen sus tareas o serán despedidos. El presidente del Consejo de Administración, Alberto Goldberg, señaló que el hospital “está autorizado a tomar todas las sanciones que sean necesarias” porque la huelga “viola los derechos del niño”. Los telegramas comenzaron a ser recibidos a las cinco de la tarde por los trabajadores, quienes ratificaron que seguirán adelante con el paro. La Asociación de Trabajadores del Estado advirtió que no va a tolerar que haya cesantías. “Tenemos diferencias con los delegados, pero ante cualquier despido todo el sindicato va a responder. No vamos a aceptar que echen a nadie porque sentaría un precedente muy peligroso”, dijo el titular de ATE Pablo Michelli.
El personal no médico reclama un salario básico de 1800 pesos, un aumento del 2 por ciento por cada año de antigüedad y el reconocimiento profesional de los enfermeros, quienes cursan tres años de universidad para diplomarse. Como piso del reclamo, el sector sostiene que levantaría el plan de lucha con un incremento de 600 pesos. La semana pasada, el Gobierno ofreció a todo el hospital una mejora del 20 por ciento, que fue aceptada por tres de los gremios –UPCN, Sutecba y la Asociación de Profesionales–, pero rechazado por los empleados nucleados en ATE. Uno de los motivos de su oposición fue la forma en que se distribuyó el aumento. “La masa salarial ofrecida alcanza para que cada trabajador reciba 550 pesos, pero quieren repartirla perjudicando a las categorías más bajas, a las que les tocarían sólo 120”, dicen los delegados. Por eso, aunque los otros gremios aceptaron (vale aclarar que ninguno de ellos estaba de paro), los enfermeros, los técnicos de laboratorio, el personal de esterilización y el de mantenimiento continuaron con el plan de lucha.
El presidente del Consejo de Administración consideró difícil que la oferta se revise. “Es la mejor propuesta que haya recibido cualquier institución de salud”, dijo a Página/12. “Se hizo en el marco de una paritaria y fue aceptada por tres organizaciones gremiales mayoritarias con respecto a la organización que está en paro.” En relación con los despidos que podrían producirse hoy, Goldberg afirmó que las intimaciones fueron enviadas “a aquellas personas que se ha detectado que no estaban cumpliendo con sus tareas, cuando los inspectores del Ministerio de Trabajo recorrieron el hospital y constataron el incumplimiento de las guardias mínimas”.
“Serán despidos con justa causa”, agregó Enrique Cárrega, del área de Legales. Según Cárrega, el apoyo legal que habilitaría las cesantías es doble: por un lado, el incumplimiento de las guardias mínimas, por el otro “la violación a la Convención internacional de los derechos del niño, un tratado que se incorporó a la Constitución en la reforma del ‘94”.
En ATE dijeron, en cambio, que las intimaciones son “totalmente irregulares”. “La huelga es un derecho reconocido por la Constitución. En este caso, además, el Ministerio de Trabajo no ha llamado a una conciliación obligatoria, por lo que el paro es legal y cualquier despido sería improcedente”, señaló Michelli. El dirigente rechazó la idea de que la convención internacional aludida por la dirección del Garrahan pueda anular el derecho de huelga. Y pidió que “no se demonice a las enfermeras, que han sido un modelo y hace 14 años están relegadas”.
En repudio a las intimaciones de despido, ayer hubo un acto frente al hospital de organizaciones de desocupados no oficialistas, partidos de izquierda y comisiones gremiales. Entre las últimas hubo enviados de algunos hospitales como el Posadas, el Borda y el Alvarez, que anunció medidas en solidaridad. También el cuerpo de delegados del subte se declaró en estado de alerta para realizar acciones en el caso de que los trabajadores en paro fueran sancionados. Durante el acto se anunció para el próximo domingo un festival de apoyo que coincidirá con el Día del Niño, mientras que este mediodía se convocó a una nueva asamblea.
Dos intervenciones judiciales agregaron presión al conflicto. El juez Lucas Aón hizo lugar a una medida cautelar presentada por una defensora pública de menores en representación de Abigail Milialonco, una niña que debió ser intervenida el martes, pero cuya operación fue suspendida. El magistrado ordenó al hospital que “en forma inmediata” arbitrara todas las medidas para atender a todos los niños y sostuvo que el paro “estaría afectando derechos básicos de los pacientes cuya salud se les ha mandado cuidar”. En la misma línea hubo una intimación del fiscal Paulo Starc, por pedido de la defensora del Pueblo porteño, Alicia Pierini.