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En su empeño por demostrar que la política oficial no está subordinada a intereses electorales, Julio De Vido planteó ayer ante los empresarios del Council of Americas lo que podría considerarse como una verdad a medias. “En los planes del Gobierno no está considerado ningún aumento de tarifas”, sentenció, enfático, el ministro de Planificación, para desconcierto de sus propios subordinados y de aquellas empresas con las que ya negoció ajustes para el futuro cercano. En otro párrafo de su discurso aclaró que las modificaciones tarifarias previstas para las empresas energéticas excluyen a los usuarios residenciales y en ningún caso superarán el 15 por ciento. Tan cierto como que las subas dispuestas pueden ser mayores según las cláusulas acordadas.
“Nunca dijimos que vamos a aumentar las tarifas después de las elecciones como se dice por ahí”, arengó De Vido desde el micrófono dispuesto en el Hotel Alvear. Un dicho relativo si se contemplan las cartas de entendimiento que el Gobierno ya firmó, por ejemplo, con las distribuidoras eléctricas Edelap y Edesur y que sólo esperan algunos últimos pasos formales para entrar en vigor.
“La política tarifaria del Gobierno, después de dos años, es más que clara”, insistió el ministro. En el caso de Edesur, se prevé un incremento del 28 por ciento en el Valor de Distribución, que se traducirá en una suba del 15 por ciento sobre las tarifas de todos sus clientes, salvo los identificados como T1 (residenciales). Pero, al mismo tiempo, se pone en marcha la denominada “revisión tarifaria integral” que, indefectiblemente, impactará también sobre los usuarios domiciliarios, aunque unos meses después. A esto hay que añadirle la habilitación de ajustes adicionales por mayores costos a través de un doble mecanismo: el ENRE podría autorizar subas compensatorias si los costos subieran más de un 5 por ciento en un semestre; pero si el aumento llega al 10, la propia empresa está en condiciones de promover ese reacomodamiento.
El caso de Aguas Argentinas también revela que, más allá de la demora que algunas privatizadas consideran nociva, los aumentos finalmente llegan. En esta puja sí las elecciones de octubre resultaron decisivas. El Gobierno admite autorizarle a la empresa aumentos tarifarios de una envergadura muy similar a la pretendida (15 a 20 por ciento) a partir del primer día de 2006. Dos meses después del comicio. También en este caso podría interpretarse que se compensará a la empresa por la pesificación y congelamiento de tarifas admitiendo que, desde la firma de un nuevo acuerdo, éste no sólo refleje los aumentos de costos, sino que también pueda incrementarse según evolucione el poder adquisitivo de la población. “Todo está en la predisposición para negociar y la nuestra es la mejor”, afirmó De Vido, descartando ayer cualquier ruptura con la sociedad liderada por la francesa Suez.
El Gobierno apeló también a otros recursos para contener los precios finales de los servicios públicos pero mejorando la remuneración de las privatizadas. Un ejemplo de ello son los ferrocarriles urbanos, beneficiados por un subsidio que aumenta tanto como sus costos, amén de cubrir cierta rentabilidad. O el sendero de precios que acordó con los generadores de electricidad y los productores de gas, cuyos precios no están regulados pero determinan el valor de las tarifas que sí lo están. Precisiones muy engorrosas para un discurso de pocos minutos.