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Si prospera un proyecto que fogonea el ala más conservadora del Consejo de la Magistratura, las causas por mal desempeño contra los jueces quedarán prescriptas cuando cumplan dos años en trámite. Según calculan algunos consejeros, podrían caer casi cincuenta expedientes hasta ahora encaminados a convertirse en juicios políticos. Por las denuncias que llevan acumuladas, los más interesados en que esto ocurra son los jueces federales sobrevivientes del menemismo. El tema será debatido por el organismo en el plenario de hoy. Los defensores de la idea argumentan que no se puede tener a un magistrado eternamente “bajo la espada de Damocles”, porque eso afecta sus derechos y su independencia. Los detractores alertan que poner un plazo es inconstitucional y que, en la práctica, la mayoría de los procesos llevan unos tres años.
Lo más seguro es que ni Juan José Galeano ni Juan José Mahdjoubian hubieran llegado a ser destituidos la semana pasada si hubiese estado vigente la fecha de vencimiento para las investigaciones. El primer caso comenzó en 2001, el segundo en 2002. Entre los expedientes en trámite que estarían en peligro de extinción si se aprueba la cláusula en debate, figuran algunos contra los jueces federales Claudio Bonadío y Jorge Urso, contra el juez de Santiago del Estero Angel Toledo, la jueza cordobesa Cristina Garzón de Lascano y el juez Ismael Muratorio.
La posible inclusión del término de caducidad es parte de un paquete de reformas previstas para el reglamento de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que es la encargada de analizar y promover juicios políticos a jueces. El primer proyecto surgió el año pasado del consejero que representa al Poder Ejecutivo en el cuerpo, el penalista Joaquín Da Rocha. Decía que los cambios estaban pensados para “agilizar el trámite de las denuncias y dotar de garantías mínimas al procedimiento”. Proponía 18 meses de plazo para la aprobación de un dictamen. “No se puede tener en el aire a los jueces con un proceso de acusación infinito”, argumentó ante Página/12. Recordó que hasta ahora no rige ningún límite.
El plan de Da Rocha desató un gran revuelo dentro del Consejo y en el Gobierno. En su momento, al ex ministro de Justicia Horacio Rosatti la situación lo tomó desprevenido y le rogó a su hombre en la Magistratura que intentara negociar una ampliación del margen al menos a tres años. Los jueces que representan a la corporación en el cuerpo de consejeros, por su parte, festejaron la posible cláusula de prescripción y urgieron su aprobación. Ellos son Claudio Kiper, Bindo Caviglione Fraga, Victoria Pérez Tognola y Abel Cornejo. Entre los representantes de los abogados, los académicos y los legisladores, hubo reacciones disímiles.
Los magistrados tienen apoyo del diputado duhaldista Jorge Casanovas y del abogado Lino Palacio, quien se nutre de las mismas fuentes que Roberto Durrieu, asesor de Juan Carlos Blumberg. También estaría dispuesto a dar su aprobación el senador justicialista Jorge Yoma, quien suele sintonizar con su par Miguel Pichetto, y podría sumarse el académico Juan Gemignani. Entre las voces más críticas figuran los diputados Marcela Rodríguez (ARI), Juan Minguez (UCR) y Lelia Chaya (PJ), los abogados Beinusz Szmukler, Eduardo Orio y Luis Pereyra Duarte. El resto está por verse.
“Cualquier término se debe establecer por ley, de lo contrario violamos la Constitución que no fija plazos para los procesos”, advirtió Rodríguez, candidata a diputada bonaerense por el ARI. “De todos modos –agregó–, esa prescripción de hecho podría entorpecer el desarrollo de los juicios políticos. Dos años incluso es un plazo exiguo por lo que demuestra la experiencia y más aún tratándose de un cuerpo colegiado que sólo toma decisiones cuando hay quórum. Es un trato preferencial sin razón de ser.”
Yoma argumentó a favor de los jueces: “En cualquier ámbito, administrativo, disciplinario o penal, hay plazos. Es cierto que el período establecido debe garantizar el tiempo suficiente para investigar. Venimos conversando un plazo de dos años”. El senador diferenció los procesos de remoción de ministros de la Corte Suprema, que carecen de tope. “Son casos distintos, porque el ámbito en que se discuten es puramente político”, explicó a este diario.
“No acuerdo con que haya una caducidad, pero cuidado, tiene que existir alguna herramienta que obligue a los consejeros a tratar los expedientes”, previno Szmukler. “El Consejo tiene que asumir la obligación de activar las causas. Cuando no hay plazos existe el peligro de cajoneo. El asunto es elaborar una norma clara”, dijo.
El Consejo tiene veinte miembros. Para que haya quórum hace falta que doce estén presentes y para votar un proyecto necesitan mayoría simple. Uno de los ausentes habituales en los plenarios es su presidente, Enrique Petracchi. Sin embargo, apareció sorpresivamente en la reunión de la semana pasada, se sentó un instante en la cabecera y dijo: “Estoy en contra del plazo”. Aun así es poco probable que se presente a votar.
En los últimos meses hubo incontables reuniones internas pero el escenario está peliagudo. La Comisión de Acusación, que preside Rodríguez, decidió dejar hecho una suerte de dictamen abierto, sin precisar una caducidad, pero por lo bajo un sector importante del Consejo consensuó establecer un límite de dos años desde que comienza la instrucción de una causa contra un juez, con posibilidad de prórrogas de seis meses. Esto es lo que hoy se sometería a consideración, junto con una serie de cuestiones menos ríspidas, como la obligatoriedad de notificar al juez acusado en cuanto se active una pesquisa.
En el plenario del jueves último naufragó la votación pero una mayoría cedió a un pedido de los jueces de invitar a la Asociación de Magistrados para que exponga su punto de vista. La entidad ya lo anticipó en una nota enviada el martes que pide la caducidad a los dos años invocando “el derecho a ser juzgado en un plazo razonable”. Señalan, además, que “la incertidumbre conspira contra la tranquilidad de espíritu de los jueces”. Esta semana un grupo de ONG también hizo llegar al Consejo su “profunda preocupación por la posibilidad” por una reforma que “podría volver estéril su función constitucional en la investigación y acusación de magistrados”. El texto reclama “un estudio previo que permita contar con un diagnóstico preciso sobre el tiempo de duración de las etapas”. La firmaban el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación por la Igualdad y la Justicia, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Poder Ciudadano y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.
El esquema cosensuado hasta ahora, en términos impulsados por Casanovas, indicaría que las nuevas reglas no se apliquen retroactivamente a las causas en curso. Sin embargo, varios consejeros reconocen que es cantado que los jueces bajo la lupa exigirán que se les aplique lo que en derecho se llama “la ley más benigna”. Por eso calculan que medio centenar de expedientes son candidatos a perder vigor.