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Tras un mes y medio de inactividad, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley sobre educación técnica y formación profesional que envió el Poder Ejecutivo, cuya votación fue reclamada hace un mes por el propio presidente Néstor Kirchner. En aquel momento llamó la atención la demanda, porque la Comisión de Educación en la Cámara baja es presidida por la kirchnerista de Santa Cruz Silvia Esteban. Durante el debate, la radical Lilia Puig de Stubrin afirmó que “las presiones del Presidente sólo sirvieron para profundizar las diferencias”. Sin embargo, a pesar de los disensos y de la existencia de otras cuatro propuestas de la oposición, 104 diputados votaron a favor del proyecto oficial, mientras que 66 se pronunciaron en contra. La ley prevé la creación de un fondo de 250 millones de pesos para modernizar talleres, laboratorios y otros recursos. El ministro de Educación, Daniel Filmus, acompañó desde el palco la aprobación con una sonrisa.
Al cierre del debate en general, el diputado neokirchnerista Carlos Caserio provocó el revuelo de la bancada radical cuando aseguró que “ustedes las dos veces que gobernaron el país tras el regreso de la democracia lo fundieron, pero no resolvieron la cuestión de la educación técnica”. En ese momento los radicales se levantaron de sus bancas y el quórum tambaleó, dada la fragilidad del bloque PJ. Pero el presidente de la Cámara, Eduardo Camaño, puso paños fríos y todo volvió a su cauce.
La jornada había comenzado con la presentación de argumentos en defensa del proyecto oficial por parte de la diputada Esteban. “Está fundada en principios que intervienen en la mejora de la calidad del desarrollo social de los argentinos y brinda identidad propia al contenido educativo, cultural, social y productivo”, indicó la legisladora sobre la iniciativa. Ayer fue el debut del bloque del PJ encabezado por los kirchneristas Osvaldo Nemirovsci, Jorge Argüello, Caserio y el romerista Juan Manuel Urtubey, en remplazo del duhaldista José María Díaz Bancalari. “Queremos recuperar un espacio de conocimiento ligado a la producción”, enfatizó Nemirovsci, al tiempo que admitió las diferencias que atravesaban los bloques.
Las críticas comenzaron con la diputada del ARI Marta Maffei, quien se preguntó: “¿Cuál es el apuro para hacer las cosas mal, o hay que presentar un proyecto porque hay elecciones?”. Y destacó que su proyecto insiste con una “escuela de 6 años para que aprendan en jornada completa porque (los alumnos) si no comen en la escuela no pueden estudiar”. Los otros cuestionamientos de Maffei hicieron hincapié en los “1500 títulos y los 2 mil planes de estudio dispersos que plantea el Ministerio de Educación” en el proyecto, y en el bajo presupuesto destinado a la iniciativa. “140 millones de pesos implica que se destinan 117 mil pesos por año por escuela, y eso es mucho menos de lo que cuesta un torno computarizado”, precisó. El proyecto del ARI habla de un mínimo de 500 millones.
La radical por el Chaco Olinda Montenegro, autora de uno de los dictámenes de la minoría, manifestó su disidencia con todo el proyecto en general. “No habla de escuelas técnicas, por lo tanto está implícito que la Ley Federal sostiene el proyecto del PEN, contra la cual no quieren ir ni kirchneristas ni duhaldistas.” Aquella norma fue sancionada en 1993, mientras la agrupación Quebracho rodeaba el Congreso. Montenegro es la misma legisladora a quien el presidente Néstor Kirchner agradeció recientemente en el Salón Blanco por su aporte a la alfabetización.