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Una derecha cerril, que cuenta con buenos ecos mediáticos, suele atribuir a las posturas garantistas facilitar la impunidad. La justicia, la condena de los culpables, propugnan, no puede lograrse con el estricto apego a la ley, que se transforma en un prurito funcional a los designios de los delincuentes. Esta argumentación tiene un magno puntal en el ex sub comisario Patti, quien alega que la policía se ata de pies y manos si no puede propinarle a sus interrogados “una patada en el trasero”, encantador eufemismo que usa para apodar a los apremios ilegales. Pero Patti no está solo en su cruzada, que congrega algunas personas menos impresentables.
A esa perversión se aferran policías y jueces poco profesionales, como contrapartida de su marcada ineptitud para investigar o juzgar. Si no se vulneran las reglas, si no se truchan las pruebas, dicen (o expresan en acto) es imposible condenar a los culpables. En realidad, es imposible para ellos, en virtud de su marcada torpeza. El proceder de Juan José Galeano en la causa que investigó el atentado a la AMIA es un doloroso ejemplo de ese modo de obrar.
De nuevo, no sólo incumplen las reglas, son poco capacitados. Procesar a los acusados por cualquier delito que tenga una sanción elevada, para satisfacer los anhelos de vindicta pública, es una variante de esa tendencia. Encarcelar a cualquier procesado, otra. De ahí que proliferen los cargos de asociación ilícita u homicidio y las prisiones preventivas, bien o mal sustentadas. “Mejor que los chorros estén presos, la gente se calma. Si hay errores, que los repare el tribunal oral”, expresan no pocos magistrados distrayéndose de lo que dice la Constitución que deben acatar y olvidándose del largo tiempo que tardan los expedientes en llegar al tribunal oral. Que un inocente pene entre rejas por años es considerado un costo banal si se evade el riesgo de quedar como “mano blanda”.
De confirmarse el fallo que informa la nota central (todo induce a pensar que así será), se probará que jueces garantistas, como los de la Cámara que investiga la tragedia de Cromañón, no lubrican la impunidad. El delito por el que podría procesarse al empresario es más fácil de probar que el homicidio por dolo eventual, cataliza un juicio más rápido y no tendría necesariamente una condena menor. Los magistrados, sin prosternarse ante sectores de la tribuna que piden algo parecido al linchamiento, estudiando bien el caso y apostando a la celeridad del proceso quizá logren que se llegue al juicio oral en un plazo sensato.
Cuando los camaristas, con criterio discutible pero honesto y fundado, excarcelaron a Chabán se los acusó de propiciar su lenidad y hasta su fuga. Nada de eso ocurrió y ahora, con apego a la ley que (a diferencia de otros) conocen al dedillo el expediente avanzará en búsqueda de verdad y justicia, con apego a las reglas. Como debe (y no suele) ser.