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En los últimos meses, uno de los curas de la Catedral de Santiago acercó al obispo Juan Carlos Maccarone un anónimo que habían arrojado en la Catedral. El obispo lo miró sin inmutarse, como acostumbrado. “Ya son varios –dijo–, tienen que ver con el Sínodo, pero como son anónimos no quiero darle importancia.” Los curas de la diócesis de Maccarone no saben si los mensajes anónimos fueron parte de la operación mafiosa que terminó con su renuncia. Pero ayer lo insinuaron en un documento. Después de 24 horas a puertas cerradas, los sesenta sacerdotes de la diócesis de Santiago produjeron un mensaje durísimo: “Nos extraña el silencio de los distintos órganos del Estado, nos asombra que en tiempos de democracia sigan las prácticas perversas del espionaje y la extorsión”. El mensaje se repite desde ayer a la tarde en todas las parroquias de la diócesis.
Los curas estuvieron reunidos desde el viernes, pero el comunicado recién quedó consensuado en la mañana de ayer. Cuando el borrador estuvo listo, acordaron no difundirlo en conferencia de prensa, sino leerlo en las parroquias. Antes, lo sometieron a la aprobación de Luis Héctor Villalba, el arzobispo tucumano, administrador apostólico metropolitano del NOA, que hace una semana está a cargo temporalmente de la diócesis de Santiago. Los curas le leyeron el comunicado por teléfono y recibieron su “completo acuerdo”. El documento está separado hasta gráficamente en dos partes. La primera es más bien ministerial y da cuenta del estado de desazón que viven los religiosos. “Estamos atribulados en todo, pero no abatidos”, escribieron a poco de iniciado el documento. La cita es un párrafo bíblico del libro de los Corintios y un retrato del estado en el que se encuentran: “(Estamos) perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestros cuerpos el morir de Jesús a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos”.
En esa misma línea, mencionaron el episodio de Maccarone. No dieron nombres ni hicieron referencias personales al obispo, tal como ocurrió hace una semana cuando salieron a darle la cara al escándalo en una conferencia de prensa pública. “Pedimos perdón por nuestras incoherencias e infidelidades en nuestra misión”, necesitados “de la misericordia del Padre y conscientes de nuestra fragilidad”.
La segunda parte avanza con una denuncia política muy sintética y sin nombres, apoyada sobre cuatro ejes claros y en una provincia donde los nombres parecen no hacer falta: “Nos asombra que en tiempos democráticos sigan prácticas perversas del espionaje y la extorsión. Nos extraña el silencio de los distintos órganos del Estado, garante de los derechos constitucionales de las personas y, también, la manipulación tendenciosa de ciertos medios de comunicación, cuya obligación es informar la verdad”.
El párrafo va directo ya no a la supervivencia de los Juárez, sino de la dinámica de la delación, el espionaje y el control social impuestos por el Estado juarista. Los dos puntos siguientes contienen una alusión directa al gobierno de Gerardo Zamora, que mantiene silencio sobre la operación contra el obispo, y otra a los directivos del Canal 7 local, en manos del grupo económico de Néstor Ick, según los curas.
Un último párrafo, en cambio, está destinado a la otra estructura enclenque en Santiago, la Justicia: “Lo que sucedió con monseñor Maccarone –dice el comunicado– nos hace pensar que todavía hay mucho por construir para tener una Justicia independiente”.
Los santiagueños más cercanos a la Iglesia definieron el documento como una pronunciación muy dura. Uno de los curas del cónclave lo consideraba ante Página/12 como el resultado de un arduo trabajo de consenso interno. “Llegamos hasta donde nos parecía que teníamos que llegar”, explicó. “No es que no haya más voluntad de hablar, sino que reconocemos los límites, nos hacemos cargo del problema pero exigimos que se hagan cargo de investigar quienes tienen los medios para hacerlo.”
Otro sacerdote, referente diocesano de jerarquía, subrayó otro aspecto del consenso interno. La operación contra el obispo produjo efectos rápidos dentro de la Iglesia local. Por un lado generó un rápido rechazo de buena parte del clero y alineó a ortodoxos y combativos. La elaboración del documento no fue fácil, porque retoma la línea política de la Iglesia al uso de Maccarone, un ámbito comprometido con el diálogo, la política de opción por los pobres y las denuncias contra las violaciones a las garantías individuales en el Santiago de los últimos años. Para los sectores más enfrentados con esta dirección, la Iglesia Maccarone era un problema: “Hay una Iglesia que festeja con todo esto”.
Para los curas, ciertos personajes de ese otro modelo de Iglesia aparecen ahora detrás de la operación. Fuera del documento, y cuando se ponen a pensar qué sucedió con el obispo, explican: “Hubo un plan diseñado desde aquí, pero que encontró interlocutores afuera muy enemistados con el cura”. En esa línea, mencionaron un viejo enfrentamiento del obispo con el ex embajador menemista ante la Santa Sede Esteban Caselli, que se dio en Chascomús en 1998, cuando Maccarone era obispo de esa ciudad. Hasta ese momento no se lo conocía como un combatiente de los derechos sociales, sino como un hombre respetado pero por su capacidad de análisis, su agudeza como técnico letrado y estudioso de la curia. Los curas cuentan que ese año el obispo cambió, dejando los libros y saliendo a la calle para plegarse a la marea de gente que pedía justicia por la muerte de Ismael Blanco, el hijo de un policía de la Bonaerense que había denunciado la existencia de una red mafiosa vinculada al narcotráfico.
El obispo llegó a Santiago poco después para tomar la diócesis donde había muerto Gerardo Sueldo en un accidente de ruta. Sabían que lo seguían, que lo escuchaban, dentro y fuera del despacho.