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Pocos días antes de finalizar la campaña electoral, el Gobierno habrá concretado una de las medidas más defendidas como un recurso para combatir el clientelismo en el manejo de los planes sociales: a fin de septiembre, otros 350 mil beneficiarios podrán cobrar esa prestación a través de su tarjeta bancaria, lo que universalizará esta modalidad de pago para todos los destinatarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar y el Familias, una variante del programa que ideó Eduardo Duhalde en plena emergencia. El plástico –presunto atajo para evitar que los magros 150 pesos del pago recalen en manos de terceros– también puede ser utilizado como medio de compra, con una ventaja fiscal que hasta ahora apenas utiliza un cuarto de sus tenedores. Las razones, obvias.
Las tarjetas emitidas por el Banco Nación no tienen ningún elemento gráfico que las distinga de las que pueden tener otros clientes más aventajados de la entidad (“para no estigmatizar a los pobres”, según acotan en Desarrollo Social). También habilita una cuenta sin cargo alguno y sin límites de extracción, pero que sólo puede nutrirse con el depósito que hace el Estado como pago del plan.
Eso sí. Pueden utilizarse además para hacer compras, obteniendo una devolución del 15 por ciento en concepto de IVA, con lo que la alícuota que efectivamente tributa su tenedor es del 6 por ciento. Se trata de un reintegro muy superior al que beneficia a las de débito o crédito convencionales, que sólo permiten recuperar un 5. Sin embargo, apenas el 25 por ciento de los titulares pueden evitar extraer íntegramente el modesto monto depositado, que previsiblemente gastan con igual rapidez en comercios que no tienen el posnet necesario para admitir el pago electrónico. Así, aquella prerrogativa fiscal se transforma en una ventaja totalmente secundaria.
Desde mediados del año pasado ya se adjudicaron alrededor de un millón y medio de tarjetas a titulares de los planes Jefes y Jefas y del Familias, pero el objetivo es que a fin de este mes todos los destinatarios de esa ayuda social cobren por esta vía. El leit motiv es evitar una de las modalidades clientelares más frecuentes, como la de que un tercero se cuele en una cola de pago y perciba el beneficio que está en nombre de otro. Práctica que para el ministerio de Alicia Kirchner estaría supuestamente controlada, a juzgar por el “menor número de denuncias” recibidas. El otro flanco sensible del régimen que de todos modos podría quedar descubierto con el uso del plástico es el de las “altas”, vía por la que habría ingresado al padrón de programas gente que no califica. En este caso, el método oficial para erradicar el problema fue singularmente duro: suspendiendo el ingreso al padrón de beneficiarios o, en otros términos, negando el otorgamiento de nuevos planes.
Hoy existen 1.470.000 personas beneficiarias del Plan Jefes y Jefas de Hogar, cuyos destinatarios se fueron derivando progresivamente hacia el Familias. Este programa otorga a las 250 mil madres titulares un beneficio promedio de 183 pesos mensuales, monto que trepa hasta 200 si tiene cinco o más hijos. La condición para acceder al programa es que la aspirante presente certificados de escolaridad y vacunación que prueben que sus hijos tienen esas atenciones. Requisito equivalente a la contraprestación a la que están deberían estar forzados todos aquellos que reciben un Jefes y Jefas.
Pero ninguno de estos recursos parece garantizar absolutamente ni la transparencia ni la justicia del amparo asistencial. Según una estimación de la católica Caritas, no desmentida por ningún funcionario, existen 400 mil indigentes (técnicamente, quienes no acceden a una canasta calórica básica) que no reciben ninguna ayuda del Estado. Los que sí son en su mayoría desocupados que las estadísticas oficiales computan como si no lo fueran por el hecho de recibir un plan social.
Desde una visión más estricta, se trata de un universo de un millón y medio de desempleados en su mayoría encubiertos, que se agregan a otrostantos que sí se registran como tales en las estadísticas oficiales. La suma arroja un número que contrasta dramáticamente con los escasos 80 mil subsidios para los desocupados que administra Trabajo, el paliativo natural para quienes no tienen una ocupación.
El cuadro gana aún más dramatismo si se considera el perfil de quienes son auxiliados por esta dádiva oficial, que al Tesoro Nacional le cuesta en conjunto más de 3300 millones de pesos por año. Según un estudio de la cartera de Carlos Tomada, más de la mitad de los empadronados en el Jefes y Jefas son indigentes y el 20 por ciento pertenece a hogares que reciben como único ingreso el plan.
Las perspectivas de que esos ciudadanos en desgracia, en parte expresados a través de los movimientos piqueteros, puedan insertarse en el mercado laboral son escasísimas. En particular si se considera su magro nivel educativo y escasa preparación técnica: el 68 por ciento no tiene ninguna calificación laboral. Sobre esta base es difícil pensar que el asistencialismo que días atrás Roberto Lavagna denostó como una modalidad inconveniente para el combate de la pobreza, pueda ser minimizada en la agenda política argentina.