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Para la Justicia no es delito que la Iglesia Católica proteja a sacerdotes pedófilos, los “rehabilite” y les asigne tarea pastoral en un comedor comunitario al que asisten decenas de niños hambrientos. La Domus Mariae (Casa de María) es una Asociación Privada de Fieles para “sacerdotes en crisis” que funciona desde 1991 en Tortuguitas bajo el amparo del obispado de Zárate-Campana, el respaldo de numerosas diócesis del país y el exterior, y la bendición del propio Vaticano. Por allí pasó casi un centenar de religiosos de toda América latina, incluido el cura Mario Napoleón Sasso, preso desde diciembre de 1993 y a la espera de un juicio oral por “abuso sexual” de cinco nenas de entre 5 y 12 años que acudían en busca de comida a la Capilla de la Lonja, las zonas más pobres de Pilar. Una causa que también sentará en el banquillo de los acusados al vicario general del obispado, por planear y favorecer la fuga de Sasso de la Justicia. Pero la resolución jurídica sobre el supuesto encubrimiento de la Domus Mariae establece que los religiosos no están “obligados” a denunciar el delito y están amparados por el secreto canónico de confesión.
–¿Qué están haciendo? ¿Qué quieren? –preguntó el religioso ante la mirada indiscreta del cronista y el fotógrafo de Página/12.
–¿Está el padre Anselmo?
–No –contestó nervioso el propio padre Anselmo Romero, que subió a su vehículo y salió raudamente de la quinta “Mis Hijos” de Tortuguitas, donde funciona la Domus Mariae. Un viejo chalet con amplio parque, capilla y tres habitaciones individuales para los sacerdotes recluidos. El mismo lugar que ahora dirige y al que Romero llegó como “paciente” tras abandonar abruptamente el pueblo correntino de Mocoretá a donde jamás pudo regresar. Una historia similar a la del propio Sasso, que llegó para su enclaustramiento en la Domus por orden de la diócesis de San Juan, donde su pasado sigue siendo un secreto confesional que el propio arzobispo sanjuanino Italo Di Stéfano se llevó a su tumba. Así, este diario confirmó que la Domus Mariae continúa con sus “tratamientos” a pesar del escandaloso caso Sasso, que sólo obligó a postergar para mejores tiempos la ampliación de la “obra” de la Domus Mariae a un bucólico predio de Los Cardales con mayor capacidad para albergar a los religiosos “en crisis”.
El obispo Rafael Rey trató de despegarse de Sasso con el argumento que desconocía su labor y que no pertenecía a su diócesis, a pesar de que concelebró con él la misa del patrono de Pilar y pidió a los fieles “un aplauso para el padre Napoleón” por su trabajo pastoral en la capilla de La Lonja y su labor como “consejero matrimonial”. Sin embargo Rey defendió a la Domus y aseguró que recurriría a la Conferencia Episcopal para que oficialmente se haga cargo de su funcionamiento. Pero la máxima autoridad colegiada de la Iglesia evitó pronunciarse públicamente.
El sometimiento que el cura Sasso prodigaba a los menores y la “protección” de la Domus a sacerdotes pedófilos fue denunciada por miembros de la propia Iglesia. Una laica consagrada, Lía López, que también trabajaba en el comedor de La Lonja, recibió los primeros testimonios de las menores e inmediatamente se los trasmitió al vicario general de la diócesis de Zárate-Campana, José Ramón De la Villa. Pero a pesar de sus numerosos intentos por llegar a Rey, nunca recibió respuesta.
El otro fue el cura obrero y médico psiquiatra Luis Guzmán. Como parte de la Casa de Derechos Humanos de Pilar, Guzmán también recabó la misma información que Lía en un relevamiento sanitario que realizaron en La Lonja y que luego confirmaron psicólogas especialista en abuso. Guzmán también asoció los casos a la Domus, un lugar que conoció cuando el anterior director, el sacerdote y psicólogo Pedro Marano, le ofreció trabajar allí por su doble carácter de religioso y médico. Pero Guzmán se negó con un argumento que inquietó a Marano: “La pedofilia es un delito ylos sacerdotes que protegen acá tendrían que estar presos”.Con estos los elementos en la mano, Guzmán y López llevaron la denuncia a la justicia de Menores de San Isidro. Guzmán y la monja Martha Pelloni (que por su trabajo en Corrientes conoce de cerca el caso Romero) plantearon sus reclamos sobre la Domus en una entrevista que mantuvieron con el Nuncio Apostólico Adriano Bernardini, pero nunca volvieron a convocarlos. En una cámara oculta que el programa televisivo Punto Doc realizó antes que estallara el escándalo de Sasso, Marano admitió que en la Domus “trataban sacerdotes pedófilos” y se jactó de que por allí “pasaron mas de 70 religiosos de toda Latinoamérica” con el “conocimiento de todo el Episcopado”. Pero Marano planteó un sólo inconveniente para tratar a un supuesto cura pederasta: “Que no huya denuncia penal”. Sin embargo admitió que aunque haya existido delito si no hay denuncia alguna, podían admitir al religioso.
Las causas que llevó adelante el fiscal de Pilar Enrique Ferrari terminaron con el apresamiento y procesamiento de Sasso y con la elevación a juicio oral, aun pendiente, de la causa por encubrimiento del vicario De la Villa, quien según los testimonios recogidos ocultó y ayudo a fugar a Sasso. Pero la causa contra la Domus, que Ferrari envió a San Martín (por una cuestión jurisdiccional) terminó en el archivo. La fiscal Patricia Kaplis consideró ante Página/12 que aunque la conducta de la Domus Mariae sea “reprochable ética y moralmente no constituye delito alguno”.