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Según los registros oficiales, el 70 por ciento de los pobres argentinos lo son por un déficit en sus ingresos y no por estar privados de infraestructura elemental, como el servicio de agua potable, carencia propia de la denominada “pobreza estructural”. En otros términos, gran parte de ellos provienen de la clase media pauperizada, que encontró en los programas asistenciales un acotado refugio a su penosa condición. Derrape que no parece haber terminado.
Modificar este cuadro social en el corto plazo no es tarea sencilla. El salario promedio de la economía apenas supera los 600 pesos, lejos de la canasta básica de bienes y consumo medida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cuyo valor trepa por encima de los 700.
Cálculos privados confiables dan cuenta de que para que Argentina pueda disminuir la pobreza a la mitad debería crecer a razón del 8 por ciento anual durante la próxima década. Una meta a todas luces utópica, en particular si se considera que ni siquiera el alto índice de crecimiento del PBI para este año llegará a ese valor, y que para el año próximo las propias previsiones oficiales lo ubican cerca de la mitad. Pero aun en el caso de lograrlo, significaría que en el 2016 el país seguiría teniendo no menos de 8 millones de personas bajo la línea de pobreza.
Combatir el clientelismo para evitar que los fondos de la ayuda social se desvíen hacia quienes no deben recibirlos o se administren en función de subjetivos criterios políticos partidarios es complejo. Más en la medida que sea necesaria la intermediación para el pago de beneficios o que la confección de padrones esté sujeta al criterio de los administradores de ese dinero. Pero mucho más difícil resultará para el Estado desmantelar la trama de programas con los cuales se asiste a un número creciente de argentinos con pocas chances de revertir su drama por la vía de un empleo formal, dignamente remunerado.