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“Resulta ciertamente inadmisible que quien tiene embargado su ánimo o conlleva prejuicios hacia alguna de las partes pretenda seguir en un proceso de alta sensibilidad para la opinión pública y de enorme envergadura axiológica.” En base a estas consideraciones, la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura concluyó que el juez Alfredo Bisordi debe recibir una sanción de apercibimiento por su comportamiento en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos durante la última dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada. Para los consejeros es “evidente que no tenía la imparcialidad para desempeñarse como magistrado en este asunto”.
La decisión de la comisión –que desde ahora será ratificada por el plenario del Consejo– fue impulsada por el juez Abel Cornejo y acompañada por los consejeros Miguel Pichetto, Claudio Kiper, Victoria Pérez Tognola, Juan Germinani y Lino Palacio. Jorge Yoma y Bindo Caviglione Fraga votaron en disidencia.
La denuncia contra Bisordi se inició a partir de un escrito del mismo juez. Un grupo de organismos de derechos humanos –entre ellos la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos– lo había recusado para evitar que interviniera en la causa ESMA. En respuesta, el juez de la Cámara de Casación agredió a Graciela Daleo, sobreviviente de la ESMA y al abogado Rodolfo Yanzón, uno de los representantes de las víctimas. Entre otras cosas, Bisordi calificó como “delincuente” a Daleo e intentó descalificar a Yanzón por haber sido “ex defensor de criminales”, en alusión a su tarea como abogado de los presos de La Tablada.
Las agrupaciones habían pedido la destitución del magistrado, pero el caso fue girado a la comisión de disciplina. Los integrantes de ese cuerpo consideraron que Bisordi incurrió en “faltas de consideración y respeto” y “actos ofensivos al decoro de la función judicial o que comprometen la dignidad del cargo de juez”.
Durante su descargo, Bisordi aseguró que, según su criterio, no había incurrido en exceso verbal alguno sino que solo había revelado “circunstancias que hacen a la actividad pretérita de quienes lo denunciaron falsamente”.
Los consejeros consideraron que el magistrado debió apartarse del caso porque “tenía una opinión formada” y agregaron que Bisordi “tuvo la oportunidad legal para excusarse e incluso de expresar en esa inhibición sus ideas sobre el pasado reciente, sin necesidad de calificar u ofender”. En relación a Daleo, además de tratarla de terrorista, Bisordi la mencionó como “beneficiada por el indulto del presidente (Carlos) Menem” en dos expedientes. La mujer estuvo imputada en dos causas y en ambas rechazó el indulto porque consideraba que aplicar esa medida a una persona que no estaba condenada era “inconstitucional”. Bisordi fue fiscal en uno de esos casos, en compañía de Juan Martín Romero Victorica. Por eso, los organismos de derechos humanos habían señalado que “debió inhibirse de conocer en los autos ya que el Código Penal obliga al juez a apartarse de la causa ‘si antes de comenzar el proceso hubiere sido acusador o denunciante de alguno de los interesados o acusados’”.
El curriculum del juez incluye además la renuncia, a una semana de ser nombrado, al cargo de adjunto del fiscal Julio César Strassera en el juicio a las Juntas. Strassera dijo que Bisordi reivindicaba métodos de la represión ilegal y el ahora camarista lo negó. La Asociación de Abogados impugnó su nombramiento como miembro de la Cámara de Casación pero Bisordi la desestimó con el argumento de que sus acusadores eran marxistas. Ante la Comisión de Acuerdos del Senado, Bisordi justificó la subordinación de la Justicia a los militares durante la dictadura y se quejó de que el juicio a los ex comandantes “le costó mucho dinero al país”.