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Miguel Jorquera
Desde Paso de los Libres

Mientras espera que el ex jefe de Gendarmería Pedro Pasteris se presente a declarar el próximo 28 de octubre, el juez federal de Paso de los Libres, Juan Angel Oliva, intenta establecer el destino de los desaparecidos que pasaron por La Polaca, el centro clandestino de detención de esa ciudad cuya existencia se confirmó hace pocos meses. El magistrado también debe expedirse sobre el procesamiento de cuatro ex miembros del Ejército (dos coroneles y dos oficiales) y definir si convoca al embajador argentino en Colombia y ex jefe de esa fuerza, Martín Balza, como lo solicitaron los abogados querellantes. El informe manuscrito del ex agente de Inteligencia Carlos Waern aportó un inesperado impulso a la investigación, que también tiene en la mira a otros tres civiles reclutados por los servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas durante los años de plomo. Una nota anónima y un “preciso” croquis incorporado al expediente podrían arrojar luz sobre el lugar donde habrían sido enterrados los cuerpos de los secuestrados que pasaron por allí.
Los letrados de la comisión de derechos humanos del Colegio de Abogados de la ciudad correntina manejaban varias hipótesis sobre la suerte que habrían corrido los secuestrados en La Polaca. La mayoría estaba relacionada al informe Waern, en la que el ex agente de la SIE, que también custodiaba el lugar, afirmaba que “los vehículos salían (del casco de la estancia) cargados de personas y regresaban vacíos después de algo más de dos horas”.
La posibilidad de que los prisioneros fueran trasladados con vida hasta un lugar cercano donde eran ejecutados y luego enterrados abrió la sospecha sobre la isla Pacu: un islote de 1,5 kilómetros sobre el río Uruguay a poca distancia de la Polaca y de un destacamento de la Prefectura. En la visita que Oliva, querellantes y baqueanos realizaron a la isla –de la que la mayoría de los libreños sospecha como refugio de contrabandistas-. observaron que la frondosa vegetación y su escasa playa, a la que se accede únicamente con cierto nivel de las aguas del río, hacían bastante dificultoso ese tipo de operativos. El relevamiento fotográfico aéreo tampoco aportó demasiados datos, aunque Oliva no ha descartado ninguna línea de investigación.
Pero los abogados querellante incorporaron al expediente una esquela que recibieron en forma anónima y que aporta otra línea de investigación sobre este tema. Acompañada de un mapa de La Polaca, con datos de “extrema precisión” –según los abogados– se señala un lugar donde podrían estar enterrados los cuerpos de no pocos de los que pasaron por ese centro clandestino de detención: un “fofafal” (una especie de estero de mucha profundidad formado por vertientes naturales de la zona) de difícil penetración dentro del mismo predio de la estancia.
Oliva inspeccionó el lugar y ordenó un relevamiento fotográfico aéreo que determinó su extensión y algunos probables movimientos de tierra en la zona firme que lo bordea. El juez primero solicitaría un informe de especialistas de hidráulica de la provincia de Corrientes y luego convocaría al Equipo Argentino de Antropología Forense para que comience a trabajar. Mientras tanto ordenó su custodia a la Prefectura. Allí, cualquier objeto que se sumerja difícilmente podría volver a salir a la superficie.

Los investigados

Mientras Pasteris insistía, en la asunción de su reemplazante, Héctor Schenone, en que él no tuvo responsabilidad en ningún caso de desaparición de personas y aseguraba que estuvo al frente del puente que une Paso de los Libres con la brasileña Uruguayana entre 1981 y 1982, el juez federal libreño ya había firmado –como lo adelantó Página/12– su pedido de declaración indagatoria.
Pasteris sabe que el dato sobre el período que estuvo en el puente no es menor: la causa de la justicia federal correntina investiga la desaparición de tres militantes montoneros (Lorenzo Viñas, Carlos Marcón y el sacerdote tercermundista Jorge Adur) ocurridas en junio del ’80 cuando intentaban atravesar ese paso fronterizo.
Para el 28 de octubre, el día en que Pasteris se deberá presentar ante la justicia, el juez piensa contar con el informe detallado pedido a la fuerza de seguridad sobre los jefes que tuvieron mando sobre el puente internacional desde 1979 hasta 1983 y una copia del expediente en el que la justicia federal porteña investiga la causa denominada “contraofensiva”, de donde podrían surgir otros casos de personas secuestradas en Paso de los Libres.
Oliva también tendrá sobre el escritorio una copia de la página web de la Gendarmería con el curriculum de Pasteris, que aportaron los abogados querellantes. Allí figura, en los “destinos cumplidos”, que Pasteris revistó entre el “primero de enero del ’80 y el 14 de enero del ’83 en el Escuadrón 7 de Paso de los Libres como Jefe de la Sección Puente”.
Oliva también tendrá que definir para entonces si cita a declarar a Martín Balza, quien se desempeñó a partir del ’80 como jefe en el regimiento 3 de artillería con asiento en Paso de los Libres. Aunque el actual embajador en Colombia desmintió cualquier vinculación en los hechos, uno de los militares indagados, el coronel Francisco Javier Molina, aseguró en su declaración que si todos los militares debían saber lo que pasaba en Paso de los Libres, “Balza debería también ser uno de ellos”. Pero la situación procesal de Molina se complicó. Oliva debe resolver si dicta su procesamiento ante los datos que confirmarían su participación directa en el funcionamiento de La Polaca.
La situación del teniente Héctor Mario Juan Filippo no es mucho mejor. Filippo había negado la existencia de La Polaca, pero una pericia caligráfica, realizada por peritos de la Corte Suprema, determinó que era de su puño y letra la correspondencia que mantenía con Arturo Bonpland, el dueño de la estancia que celebró un comodato con el Ejército que incluía la contraprestación de mejoras al lugar. Un tema del que personalmente se encargaba Fillipo.
También está pendiente el procesamiento del coronel Antonio Simón y un sargento de apellido Fernández. Pero la justicia libreña también avanzó sobre los civiles que colaboraron con el sistema represivo. Tres ex agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) que viven aún en Paso de los Libres serían llamados a indagatoria.