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El ex juez de la Corte Suprema de Justicia Adolfo Roberto Vázquez intentó abrir una cuenta en un banco de Luxemburgo, con un primer depósito de un millón y medio de dólares pero la operación fue rechazada por sospecha de lavado de dinero originado en la corrupción política. Para abrir la cuenta el ex juez presentó un pasaporte español y suministró un domicilio en el Uruguay.
Tanto Vázquez cuanto sus ex colegas en la Corte Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano sostuvieron que el juicio político iniciado en su contra obedecía a una persecución política con motivaciones ideológicas. El intento de apertura de una cuenta nada menos que por un millón y medio de dólares ratifica que la mayoría automática no sólo protegió a los funcionarios corruptos del Poder Ejecutivo sino que participó en propio beneficio de aquellos años de festín.
El episodio dio lugar a una investigación internacional que se desarrolló con la mayor discreción hasta que la Unidad de Investigación Financiera del ministerio de justicia (UIF) efectuó una consulta sobre los bienes de Vázquez al administrador de la Corte Suprema de Justicia, Nicolás Reyes. Pocos días después, el ex ministro Vázquez se presentó ante el organismo investigador para inquirir por qué se había abierto un expediente sobre él. Llevaba consigo una copia de la nota enviada a Reyes por la presidenta de la UIF, Alicia López. La contadora López solicitó una audiencia con el presidente de la Corte, Enrique Petracchi, para denunciar la filtración. Enterado de la audiencia, Reyes solicitó participar. En su presencia, Alicia López y los otros directores de la UIF, Alberto Rabinstein y María José Meincke se limitaron a reiterar el pedido de informes sobre el enriquecimiento ilícito de Vázquez. El artículo 22 del Régimen Penal sobre encubrimiento y lavado de Activos de origen delictivo (ley 25.246) prevé penas de hasta tres años de prisión para los funcionarios de las entidades obligadas a informar a la UIF que revelen las tareas de inteligencia desarrolladas por el organismo.

Papá y la nena

El 18 de abril de 2005 Adolfo Vázquez se presentó en un banco de Luxemburgo, acompañado por su hija Silvia. Dijo que tenía doble nacionalidad argentina y española y se identificó con el pasaporte español RE002027985330, emitido por el Consulado del Reino de España en Buenos Aires el 2 de agosto de 2001 y con validez por diez años. Suministró como domicilio Juan Sebastián Elcano, manzana 297, Solar 5, de Canelones, Uruguay. No ofreció una dirección en la Argentina. Vázquez dijo en el banco de Luxemburgo que “el primer depósito” que haría en su cuenta sería una transferencia desde el Uruguay por un millón y medio de dólares. El banco se negó, luego de una consulta con la base de datos Worldcheck, reservada a los organismos financieros. De ese modo supo que Vázquez “fue forzado a renunciar” a su cargo en la Corte Suprema, “en medio de serias acusaciones de inconducta”, que incluían “quince cargos por corrupción”. Aunque el banco luxemburgués ignoraba si esos hechos habían dado lugar a procedimientos judiciales y si la apertura de la cuenta guardaba relación con las acusaciones aprobadas por la Cámara de Diputados, consideró que “los cargos tienen la suficiente seriedad como para rechazar la solicitud”. Vázquez enfrentó dos juicios políticos. En el primero, en octubre de 2002, la Cámara de Diputados llegó a acusarlo por mal desempeño en una causa en la que favoreció al escribano y banquero Raúl Juan Pedro Moneta. La mayoría que votó por su destitución (140 diputados contra 94) quedó a 17 votos de los 2/3 necesarios. En el segundo, en agosto de 2004, la Cámara de Diputados decidió acusarlo ante el Senado, por 163 votos contra 21 y 6 abstenciones en el caso Meller sobre el pago indebido de 400 millones de pesos a un testaferro de Menem. El 1º de setiembre de 2004, Vázquez renunció para detener el procedimiento que pasó al Senado, pese a que había dicho que sólo saldría “muerto o echado”. En agosto de 2004 Vázquez se entrevistó en Montevideo con el entonces presidente uruguayo Jorge Battle y le solicitó asilo político. Como Battle cree que “todos los argentinos son ladrones” era coherente que se negara a dar refugio a uno sometido a investigación. Así fue. La cancillería uruguaya no se lo concedió y Vázquez regresó con la frente marchita. Julio Salvador Nazareno, Guillermo López y Vázquez renunciaron a sus cargos antes de ser destituidos. López estaba muy enfermo y murió poco después. Los únicos ministros que siguieron su defensa hasta el final fueron Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor, quienes además de la paternidad política de Menem contaban con la maternidad espiritual de la Iglesia Católica Apostólica Romana.

Sospecha de lavado

El 21 de junio de este año la oficina contra el blanqueo de dinero de la Policía Judicial de Luxemburgo solicitó informes a la Argentina respecto del ex juez Vázquez. El requerimiento llegó a la UIF argentina a través de la red Egmont, de uso reservado a esos organismos especializados, y llevaba como título “Sospecha de lavado de dinero”. Desde 1989 además de la red Egmont donde se tramitan consultas sobre casos específicos, funciona un organismo internacional que define las leyes y regulaciones que los países miembro deben adoptar. Su sigla en inglés es FATF, por Financial Action Task Force, y en castellano GAFI, por Grupo de Acción Financiera. Una de sus recomendaciones es prestar especial atención a las “Personas Expuestas Políticamente” o PEPs. Ellas son “individuos que tienen o les han sido confiadas funciones públicas prominentes”, como “jefes de Estado o de gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares”. Una de las tareas de la FATFGAFI consiste en desarrollar tipologías sobre lavado de dinero que ayuden a sistematizar la búsqueda de transacciones sospechosas a la luz de la experiencia acumulada. En el informe correspondiente a 2003-2004, describió “dos maneras de detectar las actividades financieras ilegales de una PEP”. La primera ocurre “cuando hay un cambio de gobierno en el país de la PEP y sus actividades ilegales son descubiertas por el régimen sucesor”. La segunda “es a través de operaciones sospechosas o inusuales en las que actúen personas en nombre de la PEP”. En el caso de la PEP Vázquez, además de la investigación del Congreso y de las operaciones sospechosas intentadas en Luxemburgo, actuó en forma directa, con su propio nombre aunque no con sus documentos y dirección argentinos. Cuando Vázquez enviudó sus dos hijas eran menores. Al abrirse la sucesión el ministro de la Corte les donó todo su patrimonio, ante el silencio de la asesora de menores María Inés Coutiño, que no adoptó ninguna medida para determinar por qué el ministro disponía vaciar su patrimonio. La asesoría de Coutiño fue refaccionada por orden de Vázquez y ella ascendida a asesora de Cámara.

Convenio con la Corte

La UIF dio los pasos clásicos en casos semejantes. A la Corte Suprema le pidió la declaración jurada del ex juez. Invocó para ello un convenio de colaboración firmado en julio de 2004 con el propio Nicolás Reyes. El convenio establece que el Administrador de la Corte tramitará lo más rápido que pueda los pedidos de informes, pero no dice que deba avisarle al investigado. El artículo 3 del convenio autoriza a la UIF a prescindir del secreto para formular el requerimiento a la Corte, pero el artículo 4 indica que el Administrador de la Corte hará saber a todos los funcionarios del tribunal que deban intervenir, de las penas por “revelar cualquier información secreta fuera del ámbito de la UIF”. El viernes 23, Vázquez se presentó en la mesa de entradas de la UIF, acompañado por el contador Juan Carlos Mesa y el abogado Virgilio Loiácono. Adjunto en la cátedra de Derecho Procesal de Fernando de la Rúa en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Loiácono fue secretario legal y técnico de la presidencia en el último gabinete delarruista. Pero antes había formado parte de la Secretaría General de la Presidencia del ex dictador Jorge Videla, por lo cual Alfredo Bravo y otros legisladores solicitaron su remoción, a lo que De la Rúa no accedió. Loiácono fue el abogado defensor de Vázquez durante el juicio político que culminó con su alejamiento de la Corte Suprema. Pese a que no había solicitado una audiencia previa y a que era objeto de investigación de la UIF, Alicia López accedió a recibir a Vázquez, en compañía del director Carlos Del Río, de la Secretaria Ejecutiva de la UIF Alicia Kohan y de la Directora de Asuntos Jurídicos, Lilian Rodríguez, quien antes de pasar a la UIF cumplió la misma función en el Programa de Asistencia Médica Integral para jubilados (PAMI), durante la inolvidable presidencia de Víctor Alderete. Vázquez exhibió una copia del pedido de informes dirigido por la UIF a Nicolás Reyes pero aun así no obtuvo la información que buscaba sobre los motivos de la solicitud.

Fuerza de tareas

Luego de la destitución por el Senado del ex ministro Antonio Boggiano, el administrador Reyes es el último sobreviviente de la fuerza de tareas riojana que en la década pasada se apoderó de la cabeza del Poder Judicial. En su caso no se trata de una metáfora, ya que el contador y abogado Reyes nació en La Rioja, donde fue funcionario de la dictadura militar. Luego se radicó en Córdoba. Allí se convirtió en hombre de confianza del gobernador radical Eduardo Angeloz, quien lo designó secretario de Coordinación. Durante el juicio contra Angeloz por enriquecimiento ilícito, entre 1996 y 1998, Reyes fue mencionado varias veces. Uno de los bienes cuya propiedad se atribuyó al ex gobernador es la radio LV2, por cuyo paquete accionario existieron varios juicios entre socios. Sus propietarios declararon que Angeloz los había presionado para que se la vendieran. La Cámara 7ª del Crimen que juzgó a Angeloz y a 14 acusados de ser sus testaferros recibió el testimonio de los camaristas civiles Carlos Gavier Tagle y Julio Fontaine, quienes declararon que Angeloz los había presionado por intermedio de Reyes para que se pronunciaran de determinada manera. Gavier Tagle le preguntó por qué razón Angeloz se interesaba en esos juicios y Reyes le respondió que el mandatario había comprado la radio. Las resoluciones judiciales fueron adversas a los intereses expuestos por Reyes, quien le enrostró “ingratitud” hacia Angeloz, que lo había designado en el cargo. Gavier Tagle agregó que rechazó esas “lealtades mal entendidas”. Reyes también fue nombrado cuando se trató la presunta participación de Angeloz en la propiedad del diario Córdoba. Angeloz fue absuelto en el juicio pero varios de sus colaboradores resultaron condenados a penas de prisión, entre ellos el ex presidente del Banco Social, Jaime Pompas, otro interesado en los juicios por LV2. Angeloz negó que Reyes y Pompas lo hubieran representado en esas gestiones. Luego de su paso por Córdoba, Reyes acompañó a Erman González en los ministerios de Economía y de Defensa, hasta que una vez ampliado el número de miembros de la Corte Suprema Nazareno lo designó como administrador general. Luego de la reforma constitucional de 1994 ocupó la misma función también en el Consejo de la Magistratura. De allí debió retirarse de mala manera en 1999 cuando se descubrió que había cobrado una retroactividad de casi 300 mil dólares de la Anses por una jubilación de privilegio. Sin embargo continuó como administrador de la Corte Suprema. Durante esos años más que un administrador fue un diligente operador político de Nazareno y Moliné. En enero de 2002 asistió a una reunión en la que el ministro de inteligencia Carlos Soria amenazó a dos camaristas y seis jueces federales con la puesta en comisión si no accedían a encarcelar al ex ministro Domingo Cavallo y a los banqueros Eduardo Escasany y José y Carlos Rohm como pararrayos de la ira popular. El encuentro comenzó en el departamento de Reyes en Larrea y Santa Fe, al que llegaron Nazareno, Moliné, los camaristas Luisa Riva Aramayo y Gabriel Cavallo y los jueces de primera instancia Juan José Galeano, María Servini, Jorge Ballestero, Jorge Urso, Rodolfo Canicoba Corral y Claudio Bonadío. La reunión continuó en el domicilio de la camarista Riva Aramayo. Nazareno y Moliné no asistieron pero sí lo hizo Reyes, en un asunto cuya relación con las cuestiones administrativas del tribunal no es evidente. Sin previo aviso se presentó el Secretario de Inteligencia Soria, con la directiva de encarcelar a los enemigos del pueblo. En la misma semana de la destitución del ex juez Antonio Boggiano, el episodio Vázquez-Reyes demuestra que la limpieza debe extenderse a las estructuras administrativas creadas por la ex mayoría automática de la Corte, para impedir que a espaldas de los nuevos ministros continúen las prácticas delictivas.