El Jurado de Enjuiciamiento decidió absolver a dos camaristas del Chaco que habían sido acusados por liberar con artilugios legales a diez represores que estaban detenidos por su responsabilidad en la Masacre de Margarita Belén, ocurrida en diciembre de 1976. Los jueces María Beatriz Fernández y Tomás Inda habían llegado al banquillo por decisión del Consejo de la Magistratura, que el año pasado resolvió por amplia mayoría suspenderlos e iniciarles juicio político con la convicción de que habían utilizado un camino ilegal para beneficiar a los militares imputados. Seis de los miembros del jury que analizaron el caso sostuvieron, sin embargo, que no se probó que hayan incurrido en “un manifiesto (sic) apartamiento del derecho” ni se acreditó “el favorecimiento de una de las partes”. Es la tercera vez que se juzga a magistrados por su posible complicidad con los crímenes del terrorismo de Estado y es la tercera que son exculpados por esos cargos.

Fernández podrá volver a su despacho de Resistencia a ejercer como jueza. Inda, en cambio, había presentado su renuncia y el Gobierno decidió ayer aceptarla. La resolución mayoritaria del jurado no sólo invoca la falta de pruebas, sino una teoría que lleva el sello de la corporación judicial: “Las amenazas de destitución frente a sentencias que no conforman afectan la garantía de inamovilidad del juez”, afirmaron. Y advirtieron que cuestionar el contenido de las sentencias vulnera “la garantía de independencia de los jueces”. La decisión es exactamente opuesta a la que tomó el procurador Esteban Righi al exonerar a la fiscal ad hoc Ana María Torres, que hizo el dictamen en el que se basaron los camaristas al disponer la libertad de los represores.

Los que firmaron la confirmación de los camaristas en sus cargos fueron los abogados Enrique Pedro Basla, Eduardo Alejandro Roca y Ernesto Sagués, el senador radical José Zavalía y los jueces Ramiro Domingo Puyol y Aidée Villar. Los votos en disidencia fueron de la presidenta del jurado, la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, y los senadores peronistas Manuel Baladrón y Sergio Gallia. Para ellos quedó acreditado el “mal desempeño” por mala aplicación de la ley y parcialidad.

El origen de esta historia está en el año 2003. Por entonces, el juez federal Carlos Skidelsky, que investigaba el homicidio, la desaparición forzada y torturas de los 22 presos políticos fusilados en un falso enfrentamiento en Margarita Belén, ordenó la detención de diez represores. Los militares recurrieron a la Cámara Federal de Resistencia con un hábeas corpus. Los camaristas, al admitirlo, dictaron la incompetencia territorial de Skidelsky y declararon nulas sus decisiones. Por eso los imputados quedaron en libertad. Aquel fallo fue firmado por Inda, Fernández y Diómedes Rojas, quien falleció. El tribunal fue denunciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la agrupación H.I.J.O.S del Chaco, que argumentaron que era ilegal apartar a un juez a través de un hábeas corpus. Mostraron que había sido una decisión intencional que, además, al no imponer caución alguna a los represores facilitaba su fuga. De hecho, aunque la mayoría volvió a la cárcel, uno sigue prófugo.

El año pasado, el plenario del Consejo de la Magistratura, con sólo dos votos en disidencia, decidió elevar el caso a juicio político. Los fiscales ante el Jurado de Enjuiciamiento fueron la diputada Marcela Rodríguez (ARI) y el abogado Beinusz Szmukler. Acusaron a los camaristas de intentar favorecer a los militares y de haber armado una persecución, mediante denuncias penales contra el fiscal Jorge Auat, que los había cuestionado al insistir con las detenciones. A Inda le añadieron un cargo: no haber ordenado, mientras fue juez y fiscal de la dictadura, que se investigaran las denuncias de torturas que recibió de Néstor Sala, quien después fue una de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén. También le imputaron no haberse apartado en la liberación de los militares. Para los seis vocales del jury que votaron la absolución, nada muestra “un actuar intencional” de los camaristas para favorecer a los represores y que es opinable la aplicación del hábeas corpus en un caso como éste. Entienden que la acusación fue un “mero desacuerdo con el contenido de la resolución” que liberó a los militares. Por si acaso, aclararon que no “pretenden jueces indiferentes a los derechos humanos”. En los antípodas, Baladrón y Gallia evaluaron que los jueces hicieron una mala aplicación del derecho, fueron parciales y alimentaron el “descrédito de los jueces”. Highton escribió: “Los jueces Inda y Fernández han actuado y resuelto torciendo el derecho vigente con explícito designio de parcialidad”.

Esta es la tercera vez que el jury absuelve a jueces acusados por su complicidad o participación en los crímenes de la última dictadura, pero es la primera que involucra una decisión adoptada en plena democracia. Al juez Ricardo Lona, acusado por su responsabilidad en la Masacre de Las Palomitas, en Salta, lo liberó de cargos. Al juez santafesino Víctor Brusa lo destituyó, pero no por haber presenciado torturas, sino por haber atropellado a un hombre con su lancha y huir.

“Es muy grave que en los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos el jurado tenga este comportamiento”, alertó la diputada Rodríguez, una de las acusadoras. Szmukler, su coequiper, compartió: “El jurado sólo destituye a jueces borrachos, perezosos y corruptos, pero no a los que amparan la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado”.