El represor Pascual Oscar Guerrieri, ex jerarca del Batallón 601 de Inteligencia y jefe del centro clandestino de detención Quinta de Funes durante la última dictadura, fue enviado ayer a una cárcel común, al penal de Marcos Paz. El juez federal Ariel Lijo decidió revocarle el beneficio del arresto domiciliario al comprobar que “quebrantó por lo menos en cuatro ocasiones, todas ellas en horas del mediodía, la obligación de permanecer dentro” de su casa. La última vez, como reveló Página/12, fue el sábado pasado. El magistrado sumó como pruebas los relatos y videos aportados por el equipo del programa televisivo Caiga Quien Caiga, que ponen en evidencia que el coronel retirado solía tomar tren, taxi y el colectivo de la línea 42 como si nada, a veces con un bolso de tenis al hombro.

El último sábado Guerrieri apareció sorpresivamente en el Regimiento Patricios, donde fue a pedir que lo cobijaran porque –tuvo que confesar– había violado el arresto domiciliario. Su explicación fue que “sólo” había ido a una óptica a retirar unos anteojos, pero al volver a su casa, en Figueroa Alcorta 7184, lo esperaban periodistas en la puerta y no quería entrar. En efecto, el programa CQC lo venía siguiendo y lo había filmado en distintas situaciones fuera de su domicilio, haciendo vida normal. En la unidad militar de Palermo se negaron a albergarlo. Con ese mensaje, el jefe de Asuntos Humanitarios del Estado Mayor del Ejército, Edgardo Carloni, se comunicó con el juez Lijo, que dispuso llevarlo a Campo de Mayo hasta determinar qué había ocurrido.

El represor repitió ante el magistrado la historia de la óptica. Dijo que había ido en el auto de un amigo. Los periodistas de CQC sumaron su material y Lijo concluyó que Guerrieri había burlado el arresto domiciliario también el 18, 25 y 28 de marzo. A veces con jeans, otras con ropa deportiva, con anteojos de sol, caminando por la calle o en distintos medios de transporte. En su resolución, Lijo aclara que todas estas salidas “se realizaron sin ninguna clase de autorización de la autoridad competente”. Fueron independientes del permiso que sí tenía para ir, custodiado, a caminar al Círculo Militar por prescripción médica.

Guerrieri, ex agente de inteligencia y un hombre clave del genocida Guillermo Suárez Mason en el Primer Cuerpo de Ejército, está detenido desde julio de 2002. Estuvo alojado, con grandes comodidades, en el mismo regimiento donde esta semana pidió socorro sin éxito. En diciembre de 2004, al cumplir los setenta años, le concedieron la prisión domiciliaria. En el expediente a cargo de Lijo, se le imputa la desaparición de veinte militantes de Montoneros que regresaron al país en 1980 en la llamada Contraofensiva. En otra causa, a cargo del juez Omar Digerónimo, figura como autor de la privación ilegítima de la libertad y tormentos en 15 casos en el centro clandestino Quinta de Funes, en Santa Fe.

Además de revocarle el arresto domiciliario, Lijo estableció que no correspondía mandar a Guerrieri a ninguna dependencia del Ejército. “La custodia de los detenidos debe ser llevada a cabo por el Servicio Penitenciario Federal (SPF)”, señaló en su resolución, y “no asignar esa tarea a las Fuerzas Armadas”, que fueron creadas para “otros fines” y “no integran el sistema de seguridad interior”. Ayer a la noche el represor era trasladado al Complejo Penitenciario II de Marcos Paz. El secretario de Política Criminal, a cargo del SPF, Alejandro Slokar, elogió la decisión de trasladarlo a una cárcel común, porque “implica respetar el principio de igualdad ante la ley”.