Un camión cruzado sobre la ruta fue la primera imagen de que el corte había recomenzado. Desde ayer al mediodía, los ambientalistas de Gualeguaychú bloquean nuevamente el puente internacional a Fray Bentos, en una medida aprobada por unanimidad por una asamblea que reunió a más de tres mil personas. Al votarla, los vecinos dijeron que habían dado todo lo que les pidieron para que Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez pudieran comenzar la negociación por las papeleras. Fueron muy duros contra el gobierno uruguayo, al que le plantearon que Botnia se está poniendo por encima del Estado con su postura de seguir las obras de construcción. Y cuestionaron el papel en el que está quedando el presidente Vázquez: “Quien no puede lo menos, no puede lo más. Si no consigue suspender la construcción por noventa días, ¿cómo va a parar las fábricas cuando estén funcionando, si demostramos que contaminan?”, preguntó desde la asamblea el vecino Gustavo Rivollier.

El bloqueo se mantendrá por tiempo indeterminado. Ayer, la gente aprovechó la tarde para instalar, de lado a lado del asfalto, la tranquera que durante los 45 días de la protesta anterior cortó el paso de los vehículos. La ubicación de este piquete es la misma, sobre la ruta 136, camino al puente internacional.

El Gobierno criticó la medida. “No estamos de acuerdo con el corte”, dijo el ministro del Interior, Aníbal Fernández. Kirchner no habló del tema, pero sí lo hizo, cerca de él, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien ayer acompañaba al mandatario en un viaje a Santiago del Estero. Con un tono que buscó enfriar las cosas con Montevideo, Fernández consideró que al conflicto “hay que tratarlo con mesura y con cuidado”, y se preocupó por mantener abiertas las vías de diálogo. “La relación con Uruguay no está rota –aseguró–, estamos trabajando, es un tema delicado.”

Los funcionarios habían pedido a los vecinos que no volvieran a los piquetes, con el argumento de que debilitarán el poder de negociación jurídico de la Argentina si finalmente el caso es llevado a la Corte Internacional de La Haya. El razonamiento de la Casa Rosada sostiene que reinstalar los bloqueos “centrará el problema en ver quién viola más leyes”.

“Lo analizamos, mucha gente escucha lo que dice el Gobierno e incluso lo ve razonable”, dijo desde Gualeguaychú Rivollier. “Pero estamos en una situación con muchas facetas, una de ellas es que aquí hay mucho malestar y nadie quiere aflojarle al gobierno uruguayo. No le quieren regalar el turismo de Semana Santa, por ejemplo. Para nosotros no es gratuito todo este conflicto, no es gratis estar tirado al costado de la ruta, con calor o con lluvia, con la amenaza de la contaminación. Si Uruguay quiere todas para sí, y no cede en absolutamente nada, ni tiene en cuenta que tiene un vecino, hay que enfrentarlo y va a tener costos.”

Los ambientalistas parten de la experiencia de que los cortes de ruta fueron lo que le dio visibilidad a su conflicto, hasta colocarlo dentro de la agenda de los gobiernos e impulsar la búsqueda del diálogo entre los presidentes. En ese sentido, consideran que los bloqueos todavía van a servirles como elemento de presión. Pero al mismo tiempo se encuentran frente a una situación impensada: la del enorme poder que ostenta Botnia.

La compañía finlandesa se ha negado a informar qué sistema de producción va a utilizar en su planta de Fray Bentos, donde le han concedido una zona franca para sí y el permiso para construir un puerto privado. Como ya se conoce, un acuerdo de protección de inversiones firmado entre Uruguay y Finlandia le da un conjunto de salvaguardas que la convierten en una suerte de pequeño feudo dentro del territorio uruguayo. Si ocurriera un pleito entre Botnia y Uruguay, por ejemplo, la empresa tendrá derecho a decidir si el caso es dirimido en los tribunales locales o los internacionales. Los especialistas han advertido que no hay mucha diferencia entre esto y elegir al juez. Otra de las salvaguardas es que la empresa podrá reclamar una indemnización si hay manifestaciones que la perjudiquen (aunque las protestas se produzcan porque esté contaminando). Un último dato completa el panorama que tienen frente a sí los ambientalistas: esta semana, además de negarse a suspender la construcción, Botnia puso en evidencia otra señal de su poder: discutió con el gobierno uruguayo el borrador del acuerdo con la Argentina (“documento al que, en cambio, los vecinos no accedimos”, dicen en Gualeguaychú). Ante este panorama, la pregunta que se hacen en la ruta es cuál es el camino a seguir, qué método de protesta puede ser eficaz o cuál vía legal debería impulsarse.

El debate va a cobrar fuerza en los días que vienen. Su primer capítulo ya comenzó a desarrollarse, con la propuesta de Jorge Busti de plebiscitar el corte de ruta, una iniciativa que apunta a debilitar la protesta. Pero no es seguro de que en torno a esta discusión vayan a darse alineamientos automáticos. Desde la kirchnerista intendencia de Gualeguaychú ayer hubo reproches al gobierno nacional (“invitamos a los funcionarios para sean ellos quienes en persona expliquen a la asamblea todos los detalles de las negociaciones, pero no aceptaron la invitación”, se quejó el secretario de Cultura, Javier Villanueva).

En la ciudad de Colón, anoche otra asamblea de vecinos no coincidió con la posición de Gualeguaychú y decidió no sumarse a los bloqueos. “Esperamos que el Uruguay haga lo necesario para convencer a las empresas de que deben frenar las obras por 90 días. A la espera de eso vamos a seguir al costado de la ruta para decidir qué hacer día por día”, dijo la asambleísta Adriana Viola. “Es decir que hoy no cortamos, pero tal vez mañana realicemos alguna actividad, según lo que pase.”

Los vecinos de Gualeguaychú mantienen a su vez un canal de comunicación abierto con la Casa Rosada, que incluye una reunión agendada para el lunes con funcionarios de Gobierno. En esta línea, cargada de tensiones y de salida imprevisible, se moverá el conflicto en los próximos días.