La Justicia federal de Mar del Plata allanó las dependencias del juez Pedro Federico Hooft, en el marco de una denuncia por su supuesta colaboración con la última dictadura militar promovida por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la provincia y organismos de derechos humanos de Mar del Plata. Durante el procedimiento, el juez Alejandro Castellanos retiró de su despacho los libros confeccionados entre los años 1976 y 1985 con los registros de expedientes. Los querellantes de la causa se disponen a presentar en los próximos días una denuncia de idénticas características ante el Consejo de la Magistratura bonaerense.

Castellanos promovió los allanamientos en las oficinas del Juzgado de Transición Correccional a cargo de Hooft, uno de los especialistas en bioética del país que fue denunciado por las dos secretarías de DD.HH. en forma conjunta por su presunta colaboración con los crímenes cometidos por la última dictadura. Entre otros hechos, la denuncia lo relaciona con el secuestro y homicidio de un grupo de abogados marplatenses durante el episodio conocido como La Noche de las Corbatas.

Hooft desmintió los términos de las imputaciones en su contra con una presentación judicial y en declaraciones a la prensa. Aunque la Justicia aún no evaluó sus argumentos, los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentaron ante la Justicia una copia y la trascripción de los textuales de una entrevista de Radio Mitre. A criterio de la querella, el tape contiene párrafos valiosos como elementos de prueba.

En uno de ellos, el juez sostuvo que “todos los jueces de Mar del Plata visitamos las dependencias policiales, sobre todo en los años 1976 y 1977, los primeros tiempos en forma conjunta”. Luego de ello, Hooft respondió que “no” cuando le preguntaron si había visto a detenidos-desaparecidos, pero admitió que “sí sabíamos todos, todos los jueces y todas las instituciones de Mar del Plata que en la seccional cuarta había un sector separado que estaba directamente sometido a la jurisdicción militar por aplicación de la llamada ley de seguridad nacional o lucha antisubversiva”. En la misma entrevista se excusó de dar detalles: “Yo más detalles no puedo ni debo dar en este momento, porque eso fue materia de investigación del tribunal de enjuiciamiento”.

El allanamiento estuvo encabezado por el propio juez Castellanos que concurrió a las oficinas de Hooft acompañado por una comisión de la Policía Federal. Hooft fue nombrado como juez penal en 1977 y en la actualidad es miembro de la Asociación Argentina de Bioética y profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La denuncia de la Secretaría de DD.HH. de la Nación lo sindica, entre otros puntos, como “miembro de una asociación ilícita conformada con los jefes militares de la época del GADA 601, coronel Pedro Barda, coronel Alfredo Manuel Arrillaga y otro integrante de apellido Malugani”.