La Red Nacional de Abogados a cargo de las causas contra el terrorismo de Estado denunció una situación de virtual parálisis en los expedientes judiciales de Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Mendoza. “Se trata de casos puntuales que muestran las mayores debilidades de la estructura política y del Poder Judicial en la lucha contra la impunidad”, explicó la abogada Marta Vedio, consultada por este diario.

Los abogados presentaron la denuncia en un documento elaborado durante su último encuentro del 8 y 9 de abril en Mar del Plata. Entre otros temas, presentaron un diagnóstico sobre las provincias con más dificultades para avanzar en la investigación de las causas de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. En ese sentido, reseñaron la situación de Salta como uno de los lugares más graves, dado que el “Poder Judicial local no puede encontrar un juez para llevar adelante las causas en donde está involucrado el ex camarista Ricardo Lona”, explicaron.

La situación se repite en Jujuy. Según la Red, los únicos que avanzaron con las causas provinciales son los fiscales. Ningún juez ha puesto en marcha las causas pendientes, ni siquiera la conocida como “La Noche del Apagón”, el secuestro masivo ordenado el 28 de julio de 1977 contra 400 pobladores de General San Martín, algunos de los cuales siguen desaparecidos. Para Marta Vedio, la única explicación de la situación jujeña es política: “Porque las redes de poder actuales –dice– son iguales a las que estuvieron en pie durante la dictadura, son los mismos bolsones de feudalismo que se repiten en muchas provincias del interior”.

En Santiago del Estero y Mendoza la situación se repite. En la ex tierra de Carlos Juárez, las causas están virtualmente paralizadas porque el gobierno nacional aún no se expidió sobre la situación de Angel de Jesús Toledo, el único juez federal de la provincia, que renunció acosado por una multiplicidad de juicios políticos. Esa indefinición impide el avance de las causas.