–¿Está de acuerdo con el anteproyecto para derogar la Justicia castrense que impulsa el Ministerio de Defensa? –le preguntó Página/12 a Horacio Ballester, integrante del Centro de Militares para la Democracia (Cemida).

–No conozco en detalle el proyecto. Pero en principio me parece muy bien, porque la Justicia militar ayudó a distorsionar y a perturbar el principio de igualdad bajo la ley.

–¿De qué manera?

–En principio, la concepción del Código de Justicia Militar data de hace más de un siglo. El Congreso lo debatió a fines del siglo XIX con la idea de acotar la situación de los militares, que tenían la posibilidad de estar armados frente a los ciudadanos civiles. Pero las cosas han cambiado y ese código, a pesar de algunas modificaciones que sufrió a lo largo de un siglo, quedó relegado en sus sanciones, a tal punto que, con su propia Justicia, los militares justifican cualquier cosa y piden que los juzguen con ese mismo código por delitos aberrantes, porque es la Justicia más floja de todas.

–No pocos militares argumentarán que necesitan de una Justicia especial porque tienen tareas diferentes del resto de la sociedad.

–Mire, las cosas han cambiado muchísimo. Para la Justicia militar, la ebriedad es un agravante para la sanción, mientras que el Código Penal es un atenuante; lo mismo que la duda. La Justicia militar no se maneja con pruebas, aunque las haya, sino por el criterio y la conciencia de los jueces militares. Yo viví esa arbitrariedad en carne propia cuando me sublevé contra la dictadura de (Alejandro Agustín) Lanusse: me juzgó un tribunal militar que el Ejército pasó a retiro porque me absolvió de los cargos y puso otro tribunal para que me condene.

–El proyecto también contempla un código militar, acotado a situación de guerra o misiones de paz, como la participación en los Cascos Azules. ¿Cree que es conveniente?

–Tiene que ser para temas absolutamente militares, como de abuso de autoridad. Pero no para robos o asesinatos. Esos son delitos comunes y deben ser juzgados por el Código Penal.