El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Alfredo Chiaradía, sostuvo que el Gobierno “no justifica los cortes” de rutas por las papeleras. “Nada justifica los cortes. El Gobierno justifica el reclamo, pero no la metodología.” El funcionario señaló que la defensa que la Argentina presentó ante el Mercosur se basa en que existe “un conflicto de derechos, el de la libertad de expresión frente al de la libre circulación”. Y agregó que “desde un punto de vista jurídico, gana la libertad de expresión, porque es un derecho constitucional, además de un derecho humano”.

El miércoles, la Argentina hizo esta argumentación al defenderse de una demanda uruguaya. Según el gobierno de Tabaré Vázquez, su país perdió 400 millones de dólares por los bloqueos realizados en Gualeguaychú y Colón. En la denuncia, Uruguay acusó al gobierno argentino por no haber intervenido para despejar los puentes en Entre Ríos, cuando sí reprimió otras manifestaciones. Puso como ejemplo una protesta en los subterráneos, disuelta por la policía, y otra en Las Heras, provincia de Santa Cruz, donde la Gendarmería sacó a los manifestantes de la ruta por la fuerza.

Ayer, Chiaradía replicó que en el caso de los cortes en Entre Ríos “hay diferencias fundamentales”, porque “en Gualeguaychú no hubo violencia. Además –añadió–, hay que tener en cuenta si el Estado tiene o no capacidad de actuar ante el reclamo de los manifestantes. En casos internos puede tomar medidas”, pero “en Gualeguaychú no puede tomar decisiones porque ellas están en manos de un gobierno extranjero”.

Para la Cancillería, el tribunal ad hoc del Mercosur debería resolver en favor de un derecho constitucional, como lo es la libertad de expresión, poniéndolo por encima de la libre circulación de bienes.

“Desde la órbita judicial hay una supremacía de un derecho, como la libertad de expresión, que es un derecho humano, por sobre el derecho a la libre circulación de bienes”, sostuvo.

El diplomático recordó un caso reciente en Europa, ocurrido en el 2002, a raíz de un corte de una autopista en Austria y un posterior reclamo de una empresa de transporte, donde “el tribunal de la Comunidad Europea ratificó la doctrina de la preeminencia de los derechos humanos y, en particular, la preeminencia de la libertad de expresión por sobre la libertad de tránsito”.

El secretario dijo por otra parte desconocer por qué Uruguay presentó el reclamo ahora y no en el momento en que se produjeron los cortes, uno de los ejes de la defensa argentina, que considera que la presentación uruguaya “carece de objeto por abstracta, ya que no existían, a la fecha de la presentación de la demanda, ni existen en la actualidad, manifestaciones populares en las rutas”.

El tribunal del Mercosur que lleva el caso deberá emitir un laudo arbitral a más tardar el 7 de septiembre, luego de escuchar los alegatos y recibir nuevas pruebas. El fallo puede ser apelado ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Sin embargo, en el Gobierno no lo consideran lo más adecuado: el organismo, que funciona en Asunción del Paraguay, suele favorecer a los países más chicos del bloque.