Jueves, 10 de agosto de 2006 | Hoy
EL PAíS › CONTRA MILITARES Y BASEOTTO
Lanzado a denunciar a los que pueden “desestabilizar y legitimar” al gobierno nacional, el diputado kirchnerista Edgardo Depetri amplió su denuncia de una campaña de desestabilización por parte de la derecha. El dirigente de la CTA le apuntó a la activista castrense Cecilia Pando, cuyo marido, el mayor Rafael Mercado, fue separado del Ejército por no diferenciarse de su reivindicación del terrorismo de Estado. Para Depetri, Pando es el “vértice de estas organizaciones vinculadas con militares retirados y en actividad, cuyo principal objetivo es obstaculizar el avance de las investigaciones sobre derechos humanos”. También consideró que el obispo castrense Antonio Baseotto forma parte del complot.
Depetri fue acompañado por los diputados Rafael Bielsa, Diana Conti y Oscar Massei, entre otros. Días atrás, había hablado de una campaña de desestabilización en la que se buscaba generar una sensación de inseguridad. El diputado no aportó pruebas, sino que aseguró que hace “un análisis” de los sitios web de los militares retirados.
El dirigente de la CTA planteó que a la campaña se suman la Unión de Promociones del Ejército, liderada por el general retirado Juan Miguel Giuliano, y la organización Argentinos por la Memoria Completa que preside Karina Mujica. En rigor, se trata de los convocantes del acto en la Plaza San Martín que terminó con agresiones a los periodistas. El diputado sostuvo que también participan del complot el coronel retirado Guillermo César Viola, el teniente coronel Enrique Treglia, el teniente coronel retirado Ernesto Fernández Maguer –de la Liga Patriótica Argentina– y el general Heriberto Auel. El dirigente también involucró a los abogados de varios represores, como Florencio Varela y Horacio Conesa Monez Ruis, que defiende al ex gobernador de Tucumán Antonio Bussi.
Depetri aseguró que también hay miembros del Servicio Penitenciario, de la policía y de las fuerzas de seguridad que aportan su granito de arena a la campaña desestabilizadora, que está destinada a “los gobiernos populares de América latina en general y al presidente (Néstor) Kirchner”.
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