Mario Caserta, ex director del Consejo Federal de Agua Potable de Carlos Menem y único condenado del Yomagate, enfrentará desde hoy un nuevo juicio, esta vez oral y público, en el que está acusado de administración infiel. Caserta es sospechoso de haber manejado una mesa de dinero al frente de la cual se habría quedado con los fondos de los depositantes. Será juzgado junto a su hija Yanina y otras siete personas, en audiencias que se extenderán durante cuatro días, hasta fines de mes.

El juicio se realizará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Número 10, que integran los jueces Silvia Mora, Jorge Bustelo y Alejandro Becerra.

Según señaló en el auto de elevación el juez de instrucción Federico Salvá, el dinero habría sido percibido por los acusados “en el interior de la estación de servicio Automax”, ubicada en la calle Salta al 1800 de la ciudad de Buenos Aires. La mesa de dinero habría funcionado “desde el año 1993” y estafado por lo menos a cuarenta y una personas por montos variables, que van según los casos de mil a ciento sesenta mil dólares.

La denuncia fue realizada en el ’98 por uno de los damnificados, Juan Francisco Podestá quien, posteriormente, disconforme con la actuación del juez, lo denunció ante el Consejo de la Magistratura. De todas formas, el caso fue elevado a juicio oral por Salvá en diciembre pasado. Si Caserta es declarado culpable, puede recibir una condena de hasta seis años de prisión.

Caserta fue vicepresidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires y director del Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento durante los primeros tiempos del gobierno de Carlos Menem, pero se convirtió en el primer funcionario de esa gestión en ir preso. Fue el único condenado del Yomagate, la causa por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico en la que también se vieron involucrados Amira Yoma, la ex cuñada de Menem, y quien fuera su marido, Ibrahim Al Ibrahim.

Caserta fue responsabilizado de ser el organizador de la asociación ilícita que llevó adelante la maniobra y fue sentenciado en el 2003 a cinco años de prisión, aunque tras el fallo recuperó la libertad porque ya había pasado tres años en la cárcel. También recibió una condena por un año en suspenso en un juicio por calumnias que le inició un comerciante que habría sido estafado por el ex funcionario.