Se inició el primer round en el combate por el saneamiento del Riachuelo: por lo menos dos de las diez empresas de almacenamiento químico de Dock Sud, cuya relocalización dispuso la Secretaría de Ambiente de la Nación, se niegan a ser trasladadas. Estas firmas operan en terrenos propiedad de la provincia de Buenos Aires, cedidos mediante permisos de uso revocables. La Secretaría explica que el almacenamiento de sustancias químicas en sitios vecinos a empresas petroleras “implica el riesgo de un Chernobyl” y, de acuerdo con el gobierno bonaerense y el municipio de Avellaneda, definió un Plan de Acción que implica relocalizar las “quimiqueras” en un plazo que vence en julio del 2007. El plan ofrece facilidades para ubicar las empresas en puertos donde no planteen riesgo ambiental y promete ayuda para resolver la situación laboral de sus empleados (no serían más de 60 o 70); lo que no incluye son aportes económicos del Estado a las empresas. Las dos que se niegan anunciaron que “acudiremos a la Justicia y pediremos una audiencia con el presidente de la Nación”.

En paralelo con el conflicto de fondo, se suscitó otro que Florencia Roitstein –subsecretaria de Desarrollo Sustentable de la Nación– consideró “simbólico” y narró así: “El miércoles 11, fuimos a recorrer la zona de Dock Sud; íbamos en un auto sin identificación de la Secretaría: ante la terminal de la empresa Tagsa, la calle estaba obstruida por una valla que no permitía pasar. Estaban impidiendo el paso en la vía pública, algo increíble. Había personal de seguridad de Tagsa que nos patoteó: nos sacaban fotos, nos tiraban un camión encima del auto para que nos corriéramos. Nosotros llamamos a escribanos para que dejaran constancia de los hechos. Después, ellos retiraron las barreras”. Roitstein consideró lo sucedido como “un hecho simbólico de la impunidad con que estas empresas vienen actuando en Dock Sud; hacen lo que quieren”. Luego, la empresa bloqueó nuevamente la calle, ante lo cual, según una fuente de la Secretaría de Ambiente, “la Prefectura hizo una denuncia penal por usurpación del espacio público”.

Más allá de todo simbolismo, “unas mil familias viven en el polo petroquímico de Dock Sur, que consideramos como zona en emergencia – destacó Roitstein–: en ninguna parte del mundo hay depósitos de sustancias químicas al lado de plantas petroleras. El mayor peligro es el de una explosión, que sería una especie de Chernobyl. El riesgo no proviene sólo de las sustancias químicas sino de que es una zona de muy difícil acceso para el socorro y la evacuación. Por eso no hay otra posibilidad que relocalizar”.

Hay dos hechos que debieran facilitar el traslado de los depósitos de productos químicos: “A diferencia de las empresas petroleras de Dock Sud, que dan empleo a muchas personas y que son propietarias de los terrenos donde operan, las diez ‘quimiqueras’ dan trabajo a sólo unas 60 o 70 empleados, y los terrenos donde actúan son propiedad del Estado provincial. Estas empresas sólo tienen permisos de uso, la mayoría vencidos o renovados automáticamente, que son revocables sin aviso por la autoridad de puerto, dependiente del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires. Esta situación precaria les ha permitido a contar con puertos propios a orillas del río mediante una inversión mínima, que además en algunos casos ni siquiera cumplen”, contó la subsecretaria.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el municipio de Avellaneda acordaron el Plan de Acción Conjunta para la Adecuación Ambiental del Polo Petroquímico Dock Sud, que requiere “la erradicación de la actividad que desarrollan las empresas químicas” y su “relocalización dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires”, con “reconversión tecnológica a las mejores prácticas de almacenamiento y distribución en el nuevo sitio”. El Plan también ofrece “asistencia técnica a las empresas, durante la relocalización y conversión”. Roitstein explicó que “las ayudaremos a encontrar otros lugares para localizarse y a acelerar los procedimientos de autorización en los puertos”, pero subrayó que “la inversión necesaria para estos traslados corresponde a las empresas: el Estado no se hará cargo de ningún aporte. Sí nos hemos ocupado de garantizar a los empleados que no se quedarán sin fuentes de trabajo”. Y señaló que “esto no es negociable. Hemos invitado a las empresas a presentar sus propios proyectos para que la relocalización sea lo menos traumática”.

Las diez “quimiqueras” son: Tagsa, Orvol, Solvay Indupa, Antivari, Pamsa, Materia Hermanos, VDB, Seatank, Tenaco y Dow Química. Según Roitstein, “Dow Chemical manifestó su disposición a irse, ya tenían pensado hacerlo; con otras siete estamos trabajando y la mayoría ya presentaron borradores de planes de relocalización. Pero hay dos que se niegan a retirarse: Tagsa, que es noruega, y Orvol, argentina”.

Según datos aportados por Débora Giorgi, ministra de Producción bonaerense, “la firma Orvol tiene fijado un canon de 6816 pesos mensuales por un predio de 13.200 metros cuadrados, y acumuló una deuda de 105 mil pesos. Tagsa tiene permiso sobre un predio de 77 mil metros cuadrados y acumuló una deuda de 171 mil pesos. Los demás depósitos químicos de Dock Sud no registran deuda”.