“No aceptamos la relocalización porque es inaceptable –afirmó Patricio Volpe, directivo de la firma Orvol–. Y, si intentan erradicarnos, van a causar un caos en la industria, ya que nosotros prestamos el servicio de importación de materias primas para la industria local y también el de almacenaje de productos de exportación: si nos cierran, las industrias no van a poder trabajar.”

Marcelo Pedriel, directivo de Tagsa, negó que estas plantas puedan representar un peligro, “ya que sólo somos depósitos, no industrias”. Volpe subrayó que “no arrojamos ningún tipo de efluente al río, por lo cual es falso que nuestra actividad de depósito pudiera generar contaminación”, y desestimó el peligro de explosión señalado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

–Más allá de que ustedes acepten o no la relocalización, ¿no trabajan con permisos de uso que la provincia de Buenos Aires puede revocar en cualquier momento? –preguntó Página/12.

–La posibilidad de revocación es relativa, ya que esos permisos fueron otorgados para prestar un servicio público esencial para el desarrollo de la industria. Nuestra empresa hace 40 años que tiene ese permiso de uso –sostuvo Volpe.

En cuanto a la deuda por el pago del permiso, “estamos absolutamente al día, ya que la provincia de Buenos Aires nos otorgó una moratoria que venimos pagando”, interpretó el directivo de Orvol.

Volpe insistió en que “estas empresas son pymes argentinas, que no pueden salir a construir terminales de un día para otro y, por cuestiones técnicas, los depósitos no se pueden instalar a mucha distancia entre sí. Construir un depósito de este tipo demanda por lo menos tres años, y, sobre todo, de ninguna forma vamos a consensuar un traslado”.

–¿Tagsa no es una empresa noruega?

–No –consideró Pedriel–, es una empresa nacional de capitales noruegos: los accionistas son extranjeros pero los empleados son argentinos.

El directivo de Tagsa señaló que “no estamos en contra del saneamiento del Riachuelo, al contrario, pero no queremos ser el pato de la boda: ¿por qué estas diez pymes son las únicas a las que se les pide irse, cuando en la cuenca hay 3500 industrias?”

Ambos empresarios anunciaron que “recurriremos a la Justicia y a las más altas autoridades de la Nación”. Volpe precisó que “si es necesario pediremos una audiencia con el presidente Néstor Kirchner”.