En el marco de la mediación por el caso AMIA que se realiza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino y la agrupación Memoria Activa convinieron en que hubo importantes avances y que todavía faltan muchos pasos por dar. El fallo del juez Ariel Lijo, en el que se procesó al ex juez Juan José Galeano, al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y a otros funcionarios por delitos como la privación ilegal de la libertad o peculado, fue mencionado como el principal avance. La falta de un dictamen del fiscal Alberto Nisman sobre los autores materiales e intelectuales del atentado –se dice que es inminente– y la necesidad de llegar hasta instancias más altas del gobierno menemista en la causa por las irregularidades fueron resaltadas como deudas del Estado argentino. También hubo compromisos sobre la digitalización de Migraciones y la creación de una Unidad Anticatástrofes.

Los participantes de la reunión realizada ayer en Washington firmaron un acta. Por el Estado estuvieron el secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar, y el embajador Horacio Méndez Carreras; por Memoria Activa, Adriana Reisfeld, Diana Malamud y el abogado Pablo Jacoby, acompañados por el CELS y el CEJIL, mientras que la conducción de la mediación estuvo a cargo del comisionado Florentín Menéndez, quien llegará a Buenos Aires en diciembre para evaluar la labor del Estado en el caso AMIA.

En las exposiciones hechas por Slokar y Jacoby el punto de coincidencia fue el progreso que representó el fallo que imputó a Galeano, Anzorreguy, los fiscales, el ex titular de la AMIA Rubén Beraja y otros participantes de la investigación que empezó en 1994. Respecto de la marcha de esta causa, Jacoby insistió en que debe avanzarse sobre las autoridades del menemismo, ya que considera que las maniobras no pudieron hacerse sin el visto bueno de funcionarios del mayor rango. También en el terreno judicial se espera el inminente dictamen del fiscal Alberto Nisman, que como ya adelantara Página/12 hace un mes, imputará a Hezbolá y a Irán como autores materiales e intelectuales del atentado contra la AMIA.

En el acta firmada ayer, el gobierno nacional se comprometió a completar la digitalización de las fichas migratorias y a completar la creación de una Unidad Anticatástrofes preparada para actuar en un caso como el de la AMIA. En representación del Ejecutivo, Slokar sostuvo que “se han logrado avances objetivos y ésta es la ratificación de las políticas de Estado contra la impunidad”. Por su parte, Diana Malamud, de Memoria Activa, expresó: “Solicitamos a la CIDH un mensaje claro al Estado argentino para que continúe cumpliendo con los compromisos asumidos, de manera que este proceso satisfaga plenamente los derechos a la verdad y la justicia de las víctimas y toda la sociedad. Tenemos derecho a saber quiénes asesinaron a nuestros familiares”, dijo Malamud, tras exigir que “los asesinos, cómplices y encubridores sean juzgados”.