A ocho días de cumplirse cinco años de la represión del 20 de diciembre de 2001 que antecedió al final del gobierno de Fernando de la Rúa, dos fiscales federales pidieron que se juzgue por “homicidio culposo” al secretario de Seguridad de aquella administración, Enrique Mathov, y al ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, por la muerte de cinco manifestantes. La causa por estos hechos fue dividida en partes, en teoría para hacer más eficiente la investigación, pero en los hechos quedó atomizada: sólo hay cuatro policías detenidos, fueron liberados los acusados del homicidio de Gustavo Benedetto y las responsabilidades políticas recién ahora se encaminan a juicio.

Los fiscales Patricio Evers y Horacio Comparatore solicitaron a la jueza federal María Servini de Cubría que envíe a juicio oral a Mathov, a Santos y a los ex jefes policiales Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi por el homicidio culposo de cinco manifestantes y las lesiones sufridas por otros 116. Se trata de los asesinatos de Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez, baleados la tarde de aquel día durante el operativo policial que reprimió la protesta popular que se había desatado horas antes de la renuncia a la presidencia de De la Rúa. Hace pocos días, el abogado querellante Rodolfo Yanzón había solicitado la elevación a juicio oral de esta parte de la causa, que fue desmembrada, referida a las responsabilidades políticas de la masacre.

Los fiscales consideraron que los cuatro acusados deben ser juzgados por “homicidio culposo en cinco oportunidades, lesiones culposas reiteradas en 116 oportunidades, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”. Según el pedido de Evers y Comparatore, Mathov fue acusado de “haber incumplido voluntariamente sus deberes como secretario de Seguridad de la Nación, abusando de sus funciones y provocar en forma culposa” los fallecimientos.

En cuanto a los jefes policiales, resolvieron que “con su accionar provocaron los resultados lesivos” posteriores al dictado del decreto 1678 con el cual De la Rúa implantó el estado de sitio el 19 de diciembre de 2001. Según reconstruyeron los fiscales, al día siguiente de la firma de esa norma, Mathov “impartió instrucciones dirigidas a la jefatura de la Policía Federal relativas al control del orden público” durante concentraciones en la zona de la Casa de Gobierno y el Congreso. “Del cumplimiento de las mismas resultó una represión abusiva” por parte de la policía, cuyo jefe por entonces, Rubén Santos, “impartió órdenes y directivas indebidas dirigidas a los diferentes oficiales superiores de la institución”. Andreozzi participó del operativo diseñado para esos días “cuya falta de adecuado control y dirección incrementó el riesgo inherente al masivo empleo de la fuerza pública”, el mismo accionar imputado a Gaudiero.

A fines de noviembre, la Corte Suprema rechazó un pedido de Mathov para apartar a Servini de la causa. La había recusado por entender que no podía ser “imparcial” debido a que enfrenta un proceso por daños y perjuicios iniciado por la madre de una víctima de esa jornada.

Por los crímenes de manifestantes ya están enviados a juicio oral, aunque sin fecha de realización, otros jefes policiales y subalternos en tanto que Servini de Cubría dictó la falta de mérito para el ex presidente De la Rúa.