“Soy perito mercantil, conozco lo que es un balance. Cuando vi el trabajo que hicieron los peritos sobre las pruebas contables me vi obligado a tener que ampliar mi pericia”, aseguró ayer ante los miembros del Consejo de la Magistratura el conjuez Diego Estévez, citado por su actuación en la causa por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero. “¿Su pericia?”, se preguntó asombrada y en voz baja Diana Conti, presidenta de la Comisión de Acusación y Disciplina. En los corredores uno de sus asesores bromeaba: “Yo también terminé el secundario... con un título de perito mercantil”.

Luego de escuchar el descargo del polémico magistrado, los consejeros resolvieron que la Cámara Federal de Córdoba analice su conducta. “No lo aprobaría en un examen de derecho penal”, sentenció Conti, aunque su posición de suspender a Estévez –que fue acompañada por los senadores Nicolás Fernández y María Laura Leguizamón y la secretaria de Justicia Marcela Losardo– quedó en minoría.

Los abogados Pablo Mosca y Santiago Montaña, los camaristas Luis Cabral y Luis Bunge Campos, el senador Ernesto Sanz, el diputado Federico Storani y el académico Marcelo Candiotti sostuvieron que no había argumentos para tomar esa medida y resolvieron que sea la Cámara Federal de Córdoba la que decida si Estévez debe ser o no apartado del cargo y de la causa.

Veinte minutos antes de lo pactado, Estévez entró solo al edificio de la calle Libertad y Viamonte. De traje gris y con un portafolio, subió desganado los dos pisos que lo separaban de la cabecera de la gran mesa oval en la que fue interpelado durante casi dos horas.

Al principio de su descargo, el conjuez que sobreseyó a seis militares inculpados por la explosión de Río Tercero aseguró tener las “condiciones físicas, intelectuales y de formación jurídica que se necesitan para este caso”. Luego descartó amistad alguna con militares e intentó desautorizar a los consejeros porque “para evaluar mi desempeño –suspiró– el cuerpo debería conocer las 160.000 fojas que integran la parte principal de la causa”. Por lo tanto, para Estévez resultaba “imposible” que se lo juzgue y hasta dio un estimativo del espacio físico (en metros cúbicos) que ocupan las pericias. De todas formas, ofreció como prueba “copias gratuitas” de toda la causa, que ya tiene empaquetada, y advirtió sobre “las demoras al expediente” que tendría su propio ofrecimiento.

El hombre que utilizó los conocimientos del sitio rincondelvago.com para invalidar las pericias químicas que sostenían la hipótesis del atentado en la Fábrica Militar de Río Tercero solicitó diez días para ampliar su descargo, ya que se enteró de las imputaciones en su contra pocas horas antes de concurrir al tribunal. “Me sorprende que se haya dado curso a esta denuncia cuando mi resolución aún no está firme, lo que constituye un grave acto de violencia moral en mi contra, por no haber resuelto lo que se esperaba”, se quejó el magistrado.

Estévez fue citado por un pedido de destitución preventiva que promovió el fiscal federal Carlos Stornelli por presunta “parcialidad manifiesta”, tras la decisión que tomó el 5 de diciembre pasado cuando dictó los sobreseimientos porque consideró que las explosiones no habría sido intencionales, en contra de lo que indica una pericia química. Ayer, el conjuez acusó al fiscal de pretender “convertir el Consejo en un órgano de apelación” y habló de una “represalia” que amenaza su independencia. En la sala le aclaron que lo que se estaba analizando era su desempeño en el caso, y no el caso en sí mismo.

“He hecho justicia”

En su fallo, Estévez desacreditó dos testimonios cruciales para la fiscalía, que entiende que la explosión de la fábrica militar formó parte de un plan para ocultar un faltante de armamento, que habría sido vendido ilegalmente a Ecuador y a Croacia. En las noches previas a la tragedia, Jacqueline Fernández de Pino, una vecina de la fábrica, escuchó movimientos inusuales de camiones y descargas de tambores en horas de la noche. El conjuez la procesó por falso testimonio. El otro relato crucial era el de Sergio Montgaillard, dueño de un camión de combustible de YPF que solía estacionar por la noche a metros de los depósitos que estallaron: un día antes de la explosión un suboficial le dijo que lo sacara de ahí.

El conjuez también procesó por falso testimonio a dos policías que afirmaron haber visto movimientos sospechosos el día anterior a la explosión que, en noviembre de 1995, mató a siete personas, dejó trescientos heridos y millonarias pérdidas materiales. Un detalle: Estévez no está habilitado para tramitar las causas por falso testimonio. “Lo que pasa –se excusó– es que en el interior no hay tantos jueces.” El consejero Nicolás Fernández se encargó de recordarle que la medida atenta contra la objetividad del proceso y que “debería haber extraído una copia de esa parte del expediente y dejar el nuevo caso a otro juez”. Al rato, Estévez admitió que actuó “sin mandato legal para intervenir” en esos expedientes. Lo cierto es que al desacreditar a los testigos y a las pericias, el magistrado benefició a los militares Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Jorge Cornejo Torino, Oscar Nicolás Quiroga, Marcelo Gatto y Juan Carlos Villanueva. “He hecho justicia”, dijo Estévez cuando los sobreseyó al entender que “no existe rastro alguno sobre autores materiales ni sobre la supuesta intencionalidad”. Su decisión dejó el caso sin culpables.

Un conjuez arrinconado

Después de justificar su intervención como perito con su título de perito mercantil, el conjuez prosiguió aduciendo que el faltante de armas (en el ’97 se determinó eran más de veinte mil proyectiles) era “inexistente” porque no se podía ocultar. “Tendrán que haber incendiado los libros contables para justificarlo”, observó.

Dos veces se le preguntó si había incorporado al expediente sus pruebas para que las partes pudieran constatarlas. Nunca respondió. En cambio, aseveró que por “una cuestión práctica” acudió a Internet para dar con la fórmula del troxyl y ganarse un nuevo título: el de perito químico. Su fallo es claro al respecto. En él se cuestiona la validez del estudio realizado en 2003 por la Universidad Nacional de Córdoba, la Católica y la Tecnológica. Para este abogado ese informe consistió en “simples opiniones de imposible verificación”.

“¿No tiene en claro que usted es solo el conjuez de la causa?”, le preguntó Conti. Sin mirarla a los ojos, Estévez continúo dando su versión de los hechos: “El troxyl explotó porque estaba viejo, no había ningún móvil para hacer un atentado.” De nada sirvió que le recordasen que hace 10 días la Cámara Nacional de Casación Penal avaló la validez de una pericia que ratifica la hipótesis del atentado. Esta respuesta a una vieja apelación de los abogados de dos militares, Cornejo Torino y Gatto, destruyó técnicamente el peritaje del conjuez para sobreseerlos. La decisión también puso en duda la trama accidental de la explosión y volvió a relacionar el incidente con el tráfico de armas. Claro que por si no bastasen sus pericias contables, químicas y su olfato para los falsos testimonios, hay que tener en cuenta que para Estévez la hipótesis de la fiscalía es un razonamiento extraído del realismo mágico, a la usanza de Gabriel García Márquez y su maestro Alejo Carpentier. “Su fallo es una prueba de las irregularidades”, remarcó Conti, que anoche todavía no podía creer que en el Consejo de la Magistratura no decidieran separarlo de la causa.

Informe: Emilio Ruchasnky.