El largamente postergado juicio oral por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia está más cerca de concretarse. Los fiscales Mariano Borinsky y Eduardo Funes presentaron ante el Tribunal Oral 3 del fuero Penal Económico (TOPE3) las pruebas del contrabando de 6500 toneladas de material bélico entre 1991 y 1995. Con este paso, los jueces pueden poner fecha al inicio de las audiencias. Hay quince procesados en condiciones de ser juzgados, entre ellos Emir Yoma, el traficante Diego Palleros y el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga. Otros sesenta sospechosos siguen investigados en primera instancia por el juez Rafael Caputo, entre ellos Carlos Menem, quien sería indagado.

Borinsky y Funes integran una comisión especial de la Procuración General que se dedica especialmente a la causa Armas. Durante 2006 analizaron toda la documentación del expediente y la semana pasada entregaron las pruebas al Tribunal Oral. Allí incluyeron un listado de unos 130 testigos para ser convocados durante las audiencias, entre ellos algunas personas sobreseídas, como el ex jefe del Ejército y actual embajador en Colombia Martín Balza. Los fiscales sostienen que el perjuicio fiscal que sufrió el Estado fue de 400 millones de pesos.

La presentación traza un mapa de la maniobra para demostrar que existió.

Analiza, por un lado, los tres decretos secretos de Carlos Menem donde figuraban Panamá y Venezuela como destinos falsos del armamento. Un cargamento fue a Croacia, que tenía una embargo militar de la ONU, y otro fue a Ecuador, cuando estaba en guerra con Perú y Argentina era garante de paz entre ambos países. Las armas enviadas eran usadas. A las que provenían del Ejército les borraron el escudo y el número de serie en la planta de Fabricaciones Militares de Río Tercero, que tiempo después “casualmente” estalló. Los decretos, además, hacían posible que la Aduana no controlara el envío.

Otro eje de la investigación es la ruta del dinero negro que se manejó en la operación, que a modo de sobornos o comisiones llegó a cuentas de ex funcionarios y colaboradores que habrían contribuido a lograr el contrabando. Palleros actuó como intermediario. Hubo dinero que llegó a cuentas vinculadas con Yoma, al ex gerente de Fabricaciones Militares Carlos Núñez y al ex subsecretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa, Guillermo Etchechoury. Este último fue procesado a fin de 2006. Además de Yoma, Palleros y Núñez, están rumbo a juicio ex funcionarios de Fabricaciones Militares, del Ministerio de Defensa y la Aduana.