“Hay rémoras de una mezcla de paternalismo y autoritarismo que hace que los gobernadores crean que los salarios de los trabajadores del sector público se deben definir en los despachos oficiales y no discutiendo con los propios trabajadores.” Así respondió sobre el conflicto en Santa Cruz, la provincia del presidente Néstor Kirchner, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Hugo Yasky, que pasó por la conducción de los docentes bonaerenses durante más de diez años, y de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA). Desmintió la versión que hizo circular la oposición acerca de que la causa de la cascada de paros y movilizaciones de los docentes en todo el país haya sido la Ley de Financiamiento Educativo. Y endilgó a las formas feudalistas de gobernar que todavía existe en las provincias gran parte de la problemática. Compartió su punto de vista acerca del conflictivo panorama del sector docente que hay en el país.

–¿Usted cree que la conflictividad docente que existe en el interior tiene algo que ver con el piso salarial que impulsaron desde la Ctera?

–Claramente este tipo de acusaciones provienen de inventos que genera la derecha. En la Argentina de hace tres años, antes de que naciera la Ley de Financiamiento Educativo, cada provincia definía por sí misma sus propios salarios. Las más pobres tenían salarios docentes pobres, que estaban por debajo del 40 por ciento comparado con el de un maestro de la capital o las provincias patagónicas. La lucha de Ctera logró instalar en la agenda pública la necesidad de una ley de financiamiento educativo que le va a dar una inversión a seis puntos del Producto Bruto Interno, que será incorporada a aportes de la Nación. Y esto es para terminar con la historia del Ministerio de Educación sin docentes y sin escuelas que se inauguró a principios del ’92 con la provincialización del sistema educativo neoliberal, que implementaron Menem y Cavallo, que era literalmente del “sálvese quien pueda”. Quienes dicen que este conflicto tiene que ver con los 1040 pesos logrados para el salario mínimo docente realmente tienen un discurso absolutamente mentiroso.

–¿Y entonces?

–El contrario, que la política de nacionalización es la única que puede garantizar parámetros de igualdad no sólo en lo salarial, sino tambien en lo educativo. Y se define en dos niveles: primero se resuelve el mínimo salarial a nivel nacional, y después el básico a nivel provincial. Ahora un maestro que recién empieza a trabajar en alguna de las provincias más pobres, como puede ser Formosa o Chaco, va a ganar exactamente lo mismo que uno en la ciudad de Buenos Aires o de alguna de las provincias patagónicas, que cuentan con mayores presupuestos, por las regalías petroleras. Esta idea es absolutamente inconsistente, porque el aumento del mínimo hizo que diecinueve jurisdicciones comiencen el año lectivo sin conflictos. No existe ninguna duda de que no tiene incidencia el piso salarial en la discusión del básico. Y podemos poner el ejemplo de Neuquén, que antes de que entrara en vigencia el aumento, un maestro arrancaba con 390 pesos de básico mientras que el de Chaco, provincia enormemente menos beneficiada económicamente que la otra, cobraba 540. Es un dato más que elocuente. El salvaje asesinato del maestro Carlos Fuentealba fue la consecuencia de una ideología reaccionaria que hizo una exacerbación del discurso de la mano dura. Sobisch se colocó dentro de la góndola de la derecha como el portador de la derecha viril, la que pasa a la acción, y lo demostró al destruir el sector público neuquino, que tenía uno de los mejores sistemas de salud y de educación, y que se encargó de fulminarlo en menos de un lustro. Por eso endilgarle la responsabilidad de este conflicto en una provincia en la que abundan los recursos a una ley nacional que es para paliar las desigualdades, realmente es un acto de deshonestidad intelectual

–¿Cuál es la razón por la que se hace tan difícil llegar a un acuerdo con el aumento del básico?

–Fundamentalmente, que abundan las actitudes duras y rasgos de autoritarismo de parte de los gobiernos. Es verdad que recomponer el básico de los docentes que estuvo congelado durante la década de los ’90 implica una inversión importante para las provincias, pero se ha ido avanzando en las negociaciones. Se instaló la discusión salarial en la que los educadores pretenden recuperar lo que perdieron durante esos diez años de menemismo. En realidad, algunos señores feudales de provincia como Sobisch o en su momento (Juan Carlos) Romero confunden el conflicto de la demanda salarial con la anarquía. Tienen un pensamiento anclado en lo más retrógrado que se imponía a principio de los ’90. Hoy en casi todas las provincias se da un marco de discusiones colectivas en la que se van generando soluciones.

–¿Qué pasa específicamente en Santa Cruz?

–En principio hubo una cadena de equívocos, no hubo premeditación, no fue algo sincronizado sino todo lo contrario. Se dio la circunstancia de que en un arranque espontáneo se hizo un acto frente a la Legislatura y se terminó ocupando. Pero también hay que decir que no hubo buena predisposición de parte del gobierno de la provincia, no se justifica que ese conflicto siga abierto. Se cerró en La Rioja, se está cerrando en Salta, se cerró en Río Negro. Hoy la conflictividad que hace que la centroderecha y la derecha republicana se rasguen las vestiduras está concentrada en tres provincias patagónicas. No se justifica que no se haya resuelto, desde el punto de vista económico.

–¿Por qué el gobierno nacional tampoco abre el diálogo, si es la provincia del Presidente?

–Persiste una especie de rasgo autoritario que consiste en no reconocer la necesidad de admitir la interlocución y el diálogo con los sectores sociales. En Santa Cruz hay una paritaria estatal que está suspendida por decreto desde 1993. No existe justificación alguna para que esa paritaria no se haga. Hay rémoras de una mezcla de paternalismo y autoritarismo que hace que los gobernadores crean que los salarios de los trabajadores del sector público se deben definir en los despachos oficiales y no discutiendo con los propios trabajadores. Predomina una visión anclada en el pensamiento de la tecnocracia que definía con una máquina de calcular el valor del salario del sector público, en función de los presupuestos. Pero es el propio Presidente el que reconoce que estamos en una disputa salarial en el marco del crecimiento. Dice que son las tensiones en el marco de un país que crece, pero esto debe involucrar también a la provincia de Santa Cruz. Hicimos gran cantidad de esfuerzos y todavía se siguen poniendo trabas a la libre discusión de los salarios.

–¿Cuál es el estado de situación de los conflictos a nivel nacional?

–En Neuquén la conflictividad todavía está en carne viva, pero allí va más allá de la discusión estrictamente salarial. Después de la represión y el asesinato del profesor el conflicto excedió ampliamente el debate por el aumento del básico. También queda abierto el conflicto en Tierra del Fuego, y en Santa Cruz hasta esta noche todo seguía de la misma manera. Los compañeros estaban decidiendo en la asamblea cómo iban a continuar. El problema es que desde el gobierno no hicieron ningún tipo de propuesta, ni mostraron alguna intención de acercamiento. En el resto del país las negociaciones ya están bastante encaminadas.

–¿Cuál es el camino que tiene trazado la Ctera con este marco de situación?

–Nosotros vamos a seguir apostando a la resolución de los conflictos para evitar que en este país se siga poniendo trabas a la libre discusión de los salarios, para evitar que la escuela pública se siga deteriorando con la pérdida de días de clases y para apuntalar que los gremios docentes salgan de esta situación lo mejor parados posible, y con la mejor relación con la comunidad. El conflicto por el conflicto mismo nos deteriora a nosotros frente a la comunidad, deteriora a los docentes y a larga los gobiernos, por más que no lo quieran ver, es como si escupieran contra el viento.