El fiscal federal Federico Delgado solicitó ayer al juez Daniel Rafecas que se investiguen los delitos sexuales que habrían cometido los represores sobre las víctimas que mantenían desaparecidas en centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar. Es en el marco de la megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos dentro del Primer Cuerpo de Ejército, en la que los imputados todavía no habían sido indagados por estos hechos.

A través de un extenso dictamen, Delgado le pidió a Rafecas que se iniciara la investigación a raíz de la declaraciones de algunos sobrevivientes de los centros clandestinos que funcionaban en esa jurisdicción, quienes “relataron que durante el encierro clandestino fueron sometidos a diversos tipos de ataques sexuales, violaciones reiteradas, abusos sexuales y presenciaron o supieron de ofensas de esta especie en desmedro de otros detenidos”, hechos que también los incluyó dentro del concepto de “lesa humanidad”.

En estos casos la acción debe ser impulsada por las víctimas, por lo que el fiscal Delgado peticionó ante el juez que “tras la eventual instancia de la acción se les reciba declaración indagatoria a los imputados”, y puntualizó los casos de los ex policías Julio “El Turco Julián” Simón, Samuel “Cobani” Miara y Juan Carlos “Kung Fu” Falcón, entre otros, quienes, según testimonios de sobrevivientes, habrían violado a detenidas mientras se encontraban en cautiverio.

El motivo del pedido está sustentado en que no se les habría tomado declaración indagatoria por estos delitos, sino por crímenes de lesa humanidad. Pero al aparecer luego en los testimonios de personas que fueron objeto o presenciaron las vejaciones sexuales a las que los sometían, el fiscal decidió pedir la investigación que irá por cuerda separada.

En el mismo documento, Delgado le solicitó al juez la elevación a juicio oral de los episodios que tuvieron como imputados a Miara, Simón, Falcón, a los comisarios Raúl González, Eduardo Kalinec, Gustavo Eklund y Luis Donocik, y el oficial del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Juan Carlos Avena, el subcomisario Eufemio Uballes, los oficiales Oscar Rolón y Roberto Sosa y los oficiales de Gendarmería Guillermo Cardozo y Eugenio Apestegui.

La causa por el Primer Cuerpo de Ejército fue reactivada después de la derogación y nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En el escrito, Delgado focalizó lo sucedido en los campos clandestinos conocidos como Club Atlético, Banco y Olimpo, donde los imputados implementaron su “plan criminal”. El fiscal también recordó que “en lo que respecta a la estructura jerárquica y a las fuerzas que operaron en él, el Atlético-Banco-Olimpo se asemejó a otros centros clandestinos de detención incorporados por la dictadura militar para atravesar desnuda y verticalmente a la sociedad civil”. Los tres campos de concentración a los que hace alusión el fiscal Delgado estaban ubicados dentro de la ciudad de Buenos Aires y funcionaban mayormente con personal de la Policía Federal en sus propias instalaciones.