Nadie olvida que el juicio oral al ex comisario Miguel Etchecolatz concluyó el año pasado con la primera condena por genocidio y con la desaparición inmediata de Julio López. Aquello incluyó una serie de amenazas a jueces, fiscales y testigos que ahora parece reeditarse. El presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, aquel que leyó personalmente la condena a Etchecolatz, ahora trabaja en los preparativos del próximo juicio oral al ex capellán de policía Christian von Wernich. El domingo pasado a la madrugada, el juez Carlos Rozanski recibió diez llamados al teléfono de su casa con amenazas. La Justicia investiga si el traslado del ex capellán a una cárcel común ordenada por el juez el viernes pasado está detrás de los llamados. El entorno de Von Wernich, en tanto, está que trina: el ex capellán acusado por la ejecución de siete personas y por 45 casos de torturas y secuestros hizo un descargo (a su manera) en Internet, apoyado por amigos como Cecilia Pando (ver aparte). El gobernador Felipe Solá ofreció apoyo en la investigación.

“Compréndame pero no puedo hablar porque son horas clave y estamos en plena etapa de investigación”, dijo Rozanski a Página/12. Las amenazas a los jueces y las víctimas de las causas de terrorismo de Estado, explicó, “es sí un tema central para nosotros, de todos modos vamos a tener un encuentro clave para analizarlo”.

El último fin de semana Rozanski atendió varias llamadas en el teléfono de su casa. Los datos sobre el origen de esas comunicaciones o sobre el contenido de los mensajes aún son escasos. El mismo radicó la denuncia ante el Juzgado 1 de La Plata, a cargo de Manuel Blanco. Según fuentes judiciales, recibió los telefonazos en la madrugada. Una misma persona le habría hecho varias de las llamadas y esa persona tuvo la oportunidad de hasta discutir con el juez durante uno o dos minutos. Desde el comienzo, Blanco intenta determinar si hay una unidad penitenciaria en el punto de origen de las comunicaciones y si el caso tiene relación con la orden de traslado dictada la semana pasada para el ex capellán.

–¿Usted cree que ese episodio pudo estar detrás de las amenazas? –le preguntó este diario a Rozanski.

–De eso justamente es de lo que no puedo hablar.

Von Wernich fue capellán de la policía de Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura; está detenido desde 2003 en el Cuerpo de Policía Montada de la Federal, una decorosa unidad VIP en Tagle y Alcorta, una dependencia con baño compartido, por donde pasaron María Julia Alsogaray y Rubén Beraja. El viernes pasado los días de privilegio del ex cura empezaron a concluir: el Tribunal Oral 1 de La Plata, formado por Horacio Insaurralde, Norberto Lorenzo y Rozanski ordenó el traslado “en forma inmediata, resguardando debidamente su integridad psicofísica” a una cárcel común del Servicio Penitenciario Federal.

Von Wernich llega a las audiencias del juicio tras un cuidadoso, pero duro, proceso de recolección de pruebas. El mismo juez del caso Etchecolatz, Arnaldo Corazza, elevó la causa y lo acusó por su responsabilidad en siete homicidios calificados del llamado “Grupo de los Siete”, militantes de Montoneros, y por 45 casos de privación ilegal de la libertad y torturas, entre ellos el de Jacobo Timerman y Osvaldo Papaleo. Según los cálculos, el juicio podría empezar en los próximos dos meses y durante unos tres meses pasarán unos 150 testigos.

Las amenazas a Rozanski cayeron en ese escenario. Tanto él como numerosos jueces y fiscales recibieron amenazas el año pasado, una semana después del juicio a Etchecolatz. A fines de septiembre se encontraron con cartas iguales: “Sabemos que usted directa o indirectamente está recibiendo presiones del gobierno nacional”, les dijeron. Los jueces de La Plata descargaron la denuncia por las cartas en el juzgado de Corazza, entre ellos lo hizo Rozanski. Esta vez su denuncia llegó a manos de Blanco y quienes lo conocen dicen que no la hubiese hecho si no intuyera el caso Von Wernich detrás de las llamadas.

¿Qué buscan los amenazantes? ¿Cuál puede ser el impacto sobre los juicios? ¿O cuál es la interpretación de quienes tienen en sus manos las causas? Las respuestas son variadas, pero coinciden en algún punto: en el avance de las causas por las responsabilidades de la última dictadura militar los testigos y las amenazas son “una cuestión central” y una verdadera “cuenta pendiente” cuyos efectos vuelven a verse en casos como estos, de puertas al inicio de otro juicio oral.

“A todos nos inquieta que a alguien con causas tan importantes le ocurran estas cosas”, dice a Página/12 Carlos Dulau Dumm, el fiscal general de La Plata que intervino en el juicio a Etchecolatz y volverá a intervenir con Von Wernich. “Una de las deudas pendientes que tiene este país es el hecho de no poder determinar en tiempo rápido la procedencia de estas llamadas.” Hace dos años, al fiscal lo subieron a punta de pistola en un auto, durante ocho o diez cuadras para amedrentarlo. “Estoy con una persona de seguridad por las amenazas, yo sé en carne propia que esta gente existe, que estas amenazas a Rozanski puede ser que sean por el capellán, pero estamos en un país donde todo está agarrado con alfileres y nos va a costar mucho machacar sobre las instituciones democráticas para hacer ver a la gente que la Justicia funciona.”

Los querellantes sabían que Von Wernich estaba donde estaba, lo denunciaron oportunamente, pero ya no esperaban nada. El cambio de cárcel también los sorprendió a ellos. “El traslado lo resolvió Rozanski por lo que sé”, dice Guadalupe Godoy, abogada y querellante de algunos familiares de las víctimas en este juicio y con Etchecolatz. “No hubo un pedido de nadie, supongo que el juez lo hizo por una cuestión de principios”, dice. “En el contexto de impunidad que se agravó con la desaparición de López –agrega– el escenario de los juicios cambió y sin medidas, éste va a ser el marco en el que se van a llevar adelante.”

Norberto Liwski formará parte del encuentro en el que participará Rozanski, un coloquio sobre estos temas organizado por Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación el jueves y viernes próximos. “Mi impresión es que lo predominante es una voluntad manifiesta de parte de los administradores de justicia de llevar esto adelante y garantizar el proceso debido, más allá de los nostálgicos del terrorismo de Estado.”