Horacio Daniel Ognio, el sobrino de Carlos Carrascosa, envió hace una semana copia certificada de la denuncia –fechada en 1999– del “supuesto hurto” del revólver calibre 32 que el fiscal Diego Molina Pico y, sobre todo, el abogado Roberto Ribas –defensor del vecino sospechado, Nicolás Pachelo– trataron de instalar como el arma del crimen. Como se sabe, el arma con la que mataron a María Marta García Belsunce nunca fue encontrada. La causa del hurto es la 40.887, archivada en 1999 en la ciudad de Corrientes, con número de legajo 6695. Dos criminalistas consultados por este diario, Osvaldo Laborda y Eduardo Frigerio, consideraron que la idea de que aquel revólver podría ser el usado en el asesinato de María Marta García Belsunce ya era, de por sí, insostenible e imposible de probar. Y ahora, con la copia de la denuncia de 1999, evaluaron como “descabellado”, “incoherente” y “falto de seriedad” el haber hecho pública semejante idea sin siquiera buscar una prueba o una verificación de lo que había ocurrido con el arma. “Nadie denuncia que le hurtaron un arma para usarla tres años después en un crimen”, coincidieron los dos criminalistas.

La causa por el hurto del revólver 32 se inició con una actuación preliminar en la Comisaría Cuarta de Corrientes. Intervino el comisario Roberto Vallejos y se les dio vista al juez de instrucción número 4, a la secretaria letrada de ese juzgado, Amelia Nicolás, y al fiscal número uno de Corrientes. Dice el texto de la foja número 3 que el 25 de noviembre de 1999 se presentó Horacio Daniel Ognio para denunciar que a las 22 horas del día anterior, en la esquina de las calles Quintana y España, dos sujetos aprovecharon que se bajó un momento de su camioneta Chevrolet Blazer para sustraerle un maletín negro que contenía una chequera del Banco Francés, sucursal Corrientes, y un revólver calibre 32 largo, lustre plateado, cachas de nácar blanco, marca Orbea, serie NE 74336, sin cartuchos en el tambor giratorio. En la denuncia consta que un transeúnte vio el momento en que se produjo el hurto y le dijo a Ognio que fueron dos individuos que se movilizaban en una motocicleta.

En la copia de la causa figura el sello de la Dirección General de Archivos de la Justicia correntina consignando que la causa fue archivada con el número de legajo 6695. Eso ocurre cuando no se puede avanzar en la investigación y no se detecta a los responsables después de un tiempo prudencial.

“No tiene sostén que un arma denunciada como hurtada en Corrientes haya sido usada para cometer un crimen tres años más tarde –dice el criminalista Laborda, comandante retirado de la Gendarmería–. Además, nuestra experiencia dice todo lo contrario. Aunque la pericia balística que se está haciendo sobre los proyectiles del caso García Belsunce incluya la marca Orbea entre las posibles, no habrá forma de vincular el arma hurtada en Corrientes con el crimen. El 32 largo es un calibre muy difundido en zonas rurales y hay cientos, seguramente miles, de revólveres legales e ilegales, Orbea y de otras marcas, dando vueltas. Página/12 consultó también con el fiscal Jorge Di Lello, que investiga todos los casos relacionados con el Registro Nacional de Armas (Renar). Es que uno de los argumentos de Molina Pico-Ribas fue que ante el Renar no se hizo la denuncia de ese hurto. Di Lello, titular de la Unidad Fiscal del Renar, le dijo a este diario que es habitual que la policía, el juzgado y el usuario de un arma omitan comunicarle el hurto al Renar. “Hay que ver la legislación vigente en 1999. A partir de 2005, existe la obligación de todas las partes de notificar al Renar del hurto de un arma. La policía, el juzgado y el legítimo usuario. De todas maneras, lo fundamental es hacer la denuncia policial-judicial. Habiendo dado ese paso, lo del usuario es una falta sólo administrativa.”

El criminalista Eduardo Frigerio, también comandante retirado de la Gendarmería, evaluó que “es imposible relacionar el homicidio de María Marta con el robo de un arma producido tres años antes. En principio, ni siquiera está terminada la pericia para ver si se puede determinar la marca y el modelo del arma de la cual salieron los disparos. Lo más probable es que de esa pericia, si hay algún resultado, salga un menú de ocho, diez, doce, marcas y modelos de armas. Y aunque en ese menú aparezca la marca Orbea, no se trata para nada de una evidencia concluyente. Desde el punto de vista técnico ni siquiera se puede hablar de evidencia porque no sabemos cuántas Orbea hay en la Argentina. Por lo tanto, tendría que haber otra prueba que les dé alguna sustancia a las cosas: que exista un testigo de que el sobrino vino y le prestó el arma al tío o que el tío fue y la buscó allá”.

La denuncia realizada por el abogado de Pachelo puso de manifiesto varias movidas llamativas. El oficio al Renar, preguntando si algún familiar de Carrascosa tenía un 32 largo, fue enviado por el fiscal Molina Pico en marzo, después del inicio del juicio, cuando hacía rato se había terminado el período de producción de pruebas y cualquier medida debía ser ordenada por los jueces. La segunda movida extraña es que el resultado de ese oficio, es decir que un sobrino de Carrascosa en Corrientes tuvo un revólver 32, no fue difundido por el fiscal, sino por el abogado de Pachelo. Tercero, ni siquiera verificaron en Corrientes si existía una denuncia sobre robo, hurto o destrucción del arma. Pese a ello, presentaron las cosas, no en el juicio sino a la prensa, tratando de difundir que se trataba del arma del crimen.