Los autotransportistas levantaron ayer la medida de fuerza anunciada para anoche en reclamo de mayores subsidios o tarifas bajo la promesa de que en treinta días la Secretaría de Transporte habrá finalizado “un nuevo estudio de costos”, con la intervención de una entidad académica, que permitirá constatar la veracidad de los reclamos patronales. Lo inquietante de esta decisión es que la Nación hoy ya distribuye entre las líneas de autotransporte una subvención mayor a los 1600 millones de pesos al año sobre un esquema de gastos empresarios que ahora quedaría bajo revisión.

La resolución vino después de un encuentro de los representantes de las cámaras patronales con el secretario Ricardo Jaime y tiene un tono singular considerando la dinámina del vínculo de estas empresas con el Gobierno. Hasta la instrumentación del subsidio, los empresarios anunciaban un lock out (el de ayer habría consistido en suspender los servicios nocturnos entre las 22 horas y las 5) y se les autorizaba un incremento de tarifas o disponía un refuerzo en la subvención, justamente, para evitar esta suba.

Para los transportistas, la actual subvención estatal –que en promedio equivale este año a poco más de 5000 pesos por unidad y por mes en el área metropolitana– ni siquiera alcanzaría para cubrir la nómina salarial, que desde junio de 2002 se habría encarecido un 185 por ciento. Es más: según los cálculos patronales, el Estado les debe 11,5 millones de pesos por ese concepto. Con tarifas congeladas, resulta inviable renovar flota, en particular cuando desde el año 2000 el precio de los coches habría subido un 253 por ciento.

Dos datos creíbles, pero que en los despachos oficiales sólo se conocen por la declaraciones juradas de las empresas y alguna información que aporta el escaso personal de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte. Bases endebles para tomar decisiones como la que está en ciernes: aumentar el auxilio estatal para cubrir mayores costos. “Se la tienen que bancar porque ganan suficiente plata”, es la visión del cegetista Hugo Moyano, disonante con la de funcionarios y empresas.

Desde que asumió la actual administración, la subvenciones a los colectivos subieron de 227 millones de pesos en 2003 a algo más de 1600 para este año con ese fundamento.

El principal mecanismo para otorgar esa subvención es el Sistema Integrado del Transporte Automotor (Sistau). Se trata de un fideicomiso estatal, alimentado por un impuesto sobre el gasoil y prorrateado entre los colectiveros según una fórmula que prioriza a las líneas con mayor flujo de pasajeros y recaudación. Tanto la discrecionalidad para el manejo de aquel pozo como los parámetros para repartir este dinero son controvertidos, aunque por ahora no hay intención de reformularlos.

El otro apoyo de la administración nacional se concreta a través de la reasignación de partidas, como la que meses atrás sirvió para reforzar el subsidio a las unidades en Capital y Gran Buenos Aires. Un bálsamo al que se añade la subvención sobre el gasoil, que para los autotransportistas está congelado en 42 centavos contra 1,50 pesos que paga el resto de los consumidores.

El subsidio es mayor en el área metropolitana que en el resto del país, lo que explicaría en parte que el precio del boleto sea menor en el AMBA. Según sugieren los propios técnicos oficiales, de no existir ese auxilio, el pasaje en la primera sección de Capital Federal se catapultaría de un mínimo de 0,75 a 1,70. Justamente, el precio sugerido en la víspera por los transportistas como el que haría “viable” su negocio.

Un andamiaje inspirado en la filosofía de que los mayores costos no lo tienen que asumir los usuarios, sino todos los contribuyentes. Esos que hoy ya aportan a la cobertura de costos cuya envergadura parece estar en duda.