El prolongado conflicto salarial entre los docentes y el gobierno santacruceño sigue estancado, mientras crece la tensión y cada sector redobla la apuesta. El flamante gobernador Daniel Peralta no hizo oferta alguna y el congreso de la Asociación Docente de Santa Cruz (Adosac) aprobó un nuevo paro de cinco días que comenzará hoy y prepara para esta misma noche un “cacerolazo” provincial. A eso se sumó el rápido avance judicial de la denuncia que presentó la ministra Alicia Kirchner por las agresiones que sufrió tras el escrache que docentes en huelga y municipales le hicieron frente al restaurante Roco de Río Gallegos: el fiscal pidió que se incautaran las filmaciones de los canales de TV que registraron los incidentes –que ya están en poder del juez– y les apunta a tres abogados, entre ellos al representante legal de Adosac, en medio de insistentes versiones de arrestos inminentes.

La negociación parece haber quedado circunscripta a la “mesa de diálogo” que el Ministerio de Trabajo de la Nación abrió en Buenos Aires, donde volverán a encontrase cara a cara funcionarios santacruceños y dirigentes de Adosac. En Santa Cruz no hubo otros canales de negociación, más allá de la conversación telefónica que el sábado por la tarde mantuvo el secretario adjunto de Adosac, Eduardo James, con el gobernador para decirle que el gremio participó del escrache a la hermana del Presidente, pero que “no alentó ningún tipo de agresión, ni física ni verbal”.

La falta de propuestas económicas oficiales endureció la postura de los maestros. Ayer, en la escuela 47 de Río Gallegos, el congreso de Adosac aprobó un nuevo paro de cinco días que comienza hoy. La avanzada fue la asamblea de la delegación Río Gallegos del gremio, que levantó la bandera de un nuevo paro, al mismo tiempo que Peralta y Alicia Kirchner daban una conferencia de prensa para repudiar las agresiones.

Diferente fue el caso para los otros gremios en disputa. Según se supo anoche, el gobernador Peralta recibió a una delegación de la CGT santacruceña en su casa para iniciar un diálogo y recibir su repudio por la agresión a la ministra. Anoche se desconocían si se había iniciado algún tipo de negociación.

El fin de semana también fue movido para la Justicia santacruceña. El fiscal Gabriel Giordano, quien tomó la denuncia de Alicia Kirchner, pidió el mismo sábado la incautación del material que registraron los canales de televisión durante la agresión. El juez de instrucción Santiago Lozada solicitó el crudo de las filmaciones a TN, Crónica, Canal 7 y América TV, aunque ahora deberá sortear el escollo de conseguir un sistema de reproducción similar al que usan los camarógrafos de los medios nacionales, para que la ministra pueda identificar a sus agresores.

“Confío en la Justicia”, dijo Alicia Kirchner en la conferencia de prensa donde confirmó la denuncia. Sus dos hijas, ambas abogadas, también padecieron las agresiones junto a su madre. Natalia Mercado es fiscal de El Calafate y Romina Mercado trabaja en la fiscalía de Estado. Romina, que trabaja en Río Gallegos, fue quien reconoció entre los manifestantes que estaban junto a la vidriera del restaurante –antes que se desatara la batahola– al abogado Javier Pérez Gallart y le preguntó con un gesto qué hacía allí, desde la mesa que compartía junto a su madre. Pérez Gallart es el abogado de Adosac y de los docentes que fueron golpeados por los gendarmes en una de las primeras refriegas del conflicto. A él apunta el fiscal Giordano. Pero también tiene en la mira a otros dos letrados: Bernardino “Dino” Zafrani y José Luis Janezac, que trabaja en el municipio de Río Gallegos. Zafrani ingresó a Roco junto a los municipales que sufrieron heridas durante la movilización que reprimió la policía santacruceña. El abogado señalaba las heridas en la cara del trabajador Juan Carlos Ibáñez y responsabilizó al Presidente por el hecho. Ese fue unos de los momentos de mayor tensión dentro de Roco. La ministra, a diferencia de lo que hizo con una docente de San Julián a la que despidió con un beso, esta vez permaneció sentada de espalda ante la arenga de Zafrani y contenía al resto de los comensales que la acompañaban para que no respondan a las acusaciones del abogado.

El fiscal Giordano todavía no habría tipificado los delitos que les imputaría a los tres abogados. Fuentes judiciales afirmaron a Página/12 que podría caberles las acusaciones de “instigación a amenazas, lesiones y hasta daños materiales”. Todos “delitos menores y excarcelables” –con penas máximas de un año–, en medio de insistentes versiones de que la Justicia podría disponer “detenciones en la próximas horas”. Al cierre de esta edición no había novedades sobre alguna orden de captura.

Tampoco se descartaba la posibilidad de pedirle el retiro de la matrícula profesional al Superior Tribunal de Justicia, que regula la actividad de los abogados de la provincia, por “haber avalado con su presencia el escrache que terminó con la agresión a Alicia Kirchner”. Pérez Gallart es el presidente de la Asociación de Abogados de Río Gallegos y Zafrani también forma parte de su comisión directiva, además de participar en organismos de derechos humanos.

“Nos tratan como abogados facinerosos. No me extraña de una Justicia que está subordinada al poder político”, respondió Pérez Gallart ante a Página/12. “Estuve allí como abogado de Adosac, como cada vez que la situación podría desatar una represión injustificada”, insistió, y aseguró que “en ningún momento estuve a menos de diez metros de Alicia Kirchner”.

Los días pasan y las diferencias se acrecientan sin que haya gestos de acercamiento para destrabar el conflicto que tiene paralizadas las clases en la provincia. Ahora, la puja también pasa por los tribunales.