La demora en la aplicación de justicia es la quita más cruel de derechos que debemos soportar todos aquellos que lloramos la muerte violenta de un ser querido víctima de un asesinato de tránsito, que nunca es “accidental”. En nuestro país, esta situación terrible es hoy moneda corriente, y sin embargo es poco visible en las estadísticas. De los miles de asesinatos viales que se producen cada año, son pocos los casos que llegan a juicio y, por lo tanto, poco se habla de los efectos letales que esto tiene sobre los familiares de las víctimas. Con el paso del tiempo, la percepción de injusticia se acrecienta, el dolor se agudiza y a la muerte civil que se instala en los hogares a causa de la indiferencia social que todavía nos inunda, le sigue la muerte física de otro ser amado que simplemente pierde todas las defensas que exige el cuerpo para soportar la brutal condición de sobreviviente.

Dónde puedo inscribir la muerte de Sergio Lischinsky, mi esposo, víctima de un cáncer fulminante, apenas diez meses después de que nuestro hijo Manuel, de dieciocho años, fuera atropellado por un bólido impune que lo pisó y dejó agonizando en la vereda de la plazoleta del Monumento de los Españoles.

No hay estadísticas vitales que registren tanto dolor. El 15 de mayo próximo se cumplirá un año de la muerte de mi hijo, y aún no percibo la obligación del Estado de garantizar mi acceso a la justicia. La morosidad ha sido la regla. Hemos esperado meses para que la policía, a pedido de la fiscalía de turno, realizara las pericias sobre el auto.

Meses más, para que el juzgado citara al imputado, Nicolás Piano, quien por supuesto, mantiene consigo su registro de conductor, pese a haberse negado a hacer la prueba de alcoholemia, y cuya familia no ha demostrado en todo este tiempo ningún otro grado de sensibilidad ni consternación salvo el de pedir al juzgado la devolución del automóvil, un Volkswagen Polo. El 6 de febrero de este año, casi nueve meses después del hecho, se produjo la tan esperada citación a Piano y pudimos verle la cara. Mi esposo y Martín, nuestro hijo menor, organizaron una manifestación pública, en la puerta de los tribunales de la calle Lavalle. Acompañados de amigos y familiares, hicimos un pequeño acto de reparación, y de desagravio frente a tanta injusticia. Esa noche, dormimos tranquilos, fue la despedida civil de Sergio, que murió dos semanas después.

Durante todo este largo e interminable año, el imputado ha tenido mucho tiempo para intentar acomodar los hechos a su antojo y el apañamiento de tanta irresponsabilidad criminal por parte de padres y adultos sencillamente me espanta porque vulnera las formas de la convivencia humana más básica. Pero hay algo aún peor.

Si la Justicia no cumple con su función de manera rápida y proba, instala la ley de la selva y no permite que nuestros muertos, víctimas de la violenta inseguridad vial, descansen en paz.

* Historiadora.