La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la resolución 76/04 del Consejo de la Magistratura por la cual designó en algunos tribunales vacantes a abogados matriculados y secretarios de juzgados, los llamados conjueces. La Corte debió fallar por el pedido de nulidad de la defensa de Carlos Rosza, acusado –como Carlos Menem– en la causa por el envío de armas a Ecuador y Croacia, que un subrogante elevó a juicio oral. También resaltó “la significativa cantidad de designaciones que tuvieron lugar bajo el régimen impugnado, que llega a aproximadamente el 20 por ciento de la judicatura”. A pesar del fallo en contra, la Corte declaró válidas las resoluciones adoptadas por los jueces subrogantes y dispuso mantenerlos en funciones, ya que dada “la importancia de las cuestiones decididas en todos los fueros, especialmente en el ámbito penal”, una anulación provocaría “la paralización de la administración de justicia, con consecuencias gravísimas para la salud de la República”. Emplazó al Consejo a ocupar los cargos mediante “un procedimiento constitucionalmente válido” antes de un año.