Los santiagueños dicen que algo de ese lugar le gustaba. Que Quimilí es el único pueblo de Santiago del Estero que visitó el dictador Jorge Rafael Videla mientras era jefe de la Junta de Comandantes. El 10 de octubre de 1979 en el pueblo le rindieron un homenaje. En una de sus visitas, lo nombraron “Huésped de honor” hasta con una placa. Curiosidades de la historia, la placa y el monolito estuvieron en pie hasta hace cinco días, sobre la Ruta Nacional 6, a la entrada del pueblo. Ahora la placa ya no está. Ante una posible visita del presidente Néstor Kirchner prevista para mañana las autoridades locales se apuraron a sacarla, y a pintar. El gesto, sin embargo, no bastó para las organizaciones sociales y políticas de Quimilí que esta tarde se reunirán a derribarlo.

Qué hacía Videla en Quimilí es una de las preguntas que se hacen ahora referentes de los organismos de derechos humanos de Santiago del Estero, abocados desde hace dos años a una investigación judicial sobre enterramientos clandestinos en el cementerio municipal del lugar.

Una de las causas empezó con la denuncia de Aníbal Ponti, un ex detenido político, militante de Montoneros y una de las personas clave en la causa chaqueña de Margarita Belén, el fusilamiento de 22 presos políticos en diciembre de 1977. A años luz de aquel momento, en otro contexto político y en otro lugar, Ponti dio los datos de otra masacre, aún desconocida, y en Santiago del Estero.

“La primera vez, en Margarita Belén –dice ahora–, le erramos por un kilómetro. Porque ni siquiera la gente que lo vio se animó a marcar el lugar, porque el miedo, digamos, siempre existe.” Esta vez, él mismo se acercó a denunciar las 44 tumbas NN en el cementerio. Los entierros están aún marcados en el plano catastral fechadas de 1976 en adelante. Cuando Ponti cotejó los planos en el terreno notó, en cambio, que sólo dos de los 44 lugares conservan su fecha, en ese caso de 1978 y de 1982.

El pueblo de Quimilí ahora es conocido por el reclamo de los campesinos sin tierra. Es una de las zonas agroganaderas más importantes de la provincia, con grandes latifundios y sede desde hace unos años del Mocase, el movimiento político que acompaña los reclamos indígenas y campesinos de derechos sobre las tierras. Más allá, también es un pueblo localizado estratégicamente a unos 300 kilómetros de Santiago, a escasos kilómetros de la frontera de Santa Fe y de Chaco y cerca de Tucumán.

“Nosotros siempre tuvimos sospechas de este lugar”, dice Ponti, quien hizo su presentación judicial acompañado por el abogado Mario Bosch de Chaco. “Usted no se olvide –agrega– que estas zonas eran zonas de las Ligas Agrarias y en ese momento nosotros tuvimos sospechas de Quimilí porque no les encontrábamos explicaciones a las venidas de Videla, porque él llegó en 1979, pero también estuvieron Massera, Menéndez, Harguindeguy, y no le veíamos razón.”

Ponti compartió el alojamiento en la cárcel de Chaco con los fusilados de Margarita Belén. En aquel momento también perdió a su hermana, la doctora Sara Isabel Ponti, como todavía le dice a esa mujer que formó parte de la Comisión de Minoridad de Familia del Senado durante el gobierno justicialista de 1973 y luego del secuestro pasó una estadía en la ESMA.

Para esa época, Quimilí daba cobijo a militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo que huían de Tucumán o a los Montoneros o dirigentes de Ligas Agrarias que bajaban perseguidos del Chaco.

Antenor Ferreira, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, intenta tratar de entender qué pasó. “Lo que tenemos por seguro –dice– es que son chaqueños los que están enterrados ahí. Con los testimonios, nos dimos cuenta de que no son santiagueños porque los santiagueños que se fueron a Tucumán están enterrados en Tucumán, ése no era el mecanismo de Musa Azar o de la policía de acá.”

Varios años después, para 2005, los Ponti hicieron por primera vez un homenaje en Quimilí a la memoria de la “doctora”, porque hasta ese momento “era una mala palabra hablar de los desaparecidos”. Para entonces, los tiempos habían cambiado y parecían hacer posible conseguir hasta algunas de las viejas explicaciones.

“Yo me fui a verlo así al nuevo intendente, un peronista, que me abrió completamente las puertas del cementerio”, dice el hombre. Allí consiguió los planos catastrales, hoy fundamentales en la causa, y el testeo en el terreno que le permitió detectar las tumbas, sólo dos de las cuales están fechadas. Además, encontró un osario común bajo la “Cruz Mayor”.

“Con esos datos hicimos la primera presentación judicial a la que luego se sumó otro testimonio”, explica ahora Cristina Torres, delegada local de la Comisión Nacional por la Memoria. A la denuncia de Ponti se sumó la declaración de Graciela Weisburd, nieta del fundador de un pueblo de 100 años de antigüedad, con su nombre, a unos 45 kilómetros de Quimilí. Con ella, la hipótesis de los enterramientos se potenció porque mencionó otros lugares y un cálculo de 400 NN.

La causa está en manos del juez federal Guillermo Molinari. A pedido de denunciantes y organismos de derechos humanos han declarado el médico policial y los responsables políticos de la comuna. Según denuncia Ponti, dos núcleos de familias tradicionales se alternaron históricamente en el poder: los Romanini y los Gelid, que se iban alternando como intendente y secretario de gobierno. Y como si la historia se repitiese, Arturo Romanini es padre del actual secretario de gobierno de Quimilí; José Gelid, en tanto, es padre del actual ministro de Producción de Santiago del Estero y del intendente de Quimilí, Luis y José Gelid, respectivamente. La Justicia convocó a los dos progenitores por la causa de los enterramientos, pero ambos dijeron no recordar nada. Fuera de esto, la causa no avanza con la rapidez esperada. Según los organismos de derechos humanos, la Justicia levantó la consigna del cementerio y aunque ellos pidieron la intervención del Equipo de Antropología Forense los antropólogos todavía no empezaron a trabajar. Tal vez la caída del monolito sea un impulso.