“Sé lo que tengo que hacer, el Presidente me dio un respaldo fuerte y estoy tranquilo”, le dijo Miguel Peirano a uno de los tantos empresarios que lo llamaron ayer para felicitarlo por su ascenso a ministro de Economía. Su llegada al sillón que Felisa Miceli debió ceder en medio de un escándalo despertó una fuerte expectativa entre industriales y empresarios de pequeñas y medianas empresas, grandes protagonistas del acto de asunción en Casa Rosada, en lugar de las figuras del establishment que solían ocupar las primeras filas en otras épocas. Peirano hizo saber que lejos de “hacer la plancha” hasta el 10 de diciembre, se propone una gestión muy activa, con una prioridad: resucitar la política de control de precios para frenar la inflación. El nuevo jefe del Palacio de Hacienda está convencido de que el Estado debe intervenir con decisión en la regulación de los mercados, pero con mecanismos institucionales permanentes que trasciendan los acuerdos de precios coyunturales.

Antes del abrazo que le dio Néstor Kirchner y del beso que recibió de Cristina Fernández tras jurar como ministro, Peirano ya había tomado algunas decisiones operativas. Confirmó en su cargo a varios de los funcionarios que acompañaban a su antecesora. Entre ellos, el secretario de Programación, Martín Abeles; el de Finanzas, Sergio Chodos, y el subsecretario Pyme, Matías Kulfas. El viceministro Oscar Tangelson les había pedido la renuncia a todos ellos y al titular del Indec, Alejandro Barrios, para entregársela a Peirano, quien las rechazó. A Barrios lo convocó a su despacho, todavía en la Secretaría de Industria, para analizar el resultado de la actividad industrial en junio, que arrojó una suba similar a la del mes anterior –en torno al 7 por ciento–, y le adelantó su preocupación por apurar una resolución al conflicto en el organismo.

Peirano supo tejer durante los dos años y medio que se desempeñó como titular de Industria una buena relación con las dos principales figuras del Gabinete, enfrentadas entre sí: Alberto Fernández y Julio De Vido. Ese capital político lo diferencia de Miceli –en guerra permanente con el ministro de Planificación– y de Roberto Lavagna –adversario de los dos–. Más importante que ello es que logró ganarse el respeto y tener diálogo directo con Kirchner. Si bien el Presidente seguirá asumiendo personalmente las decisiones de política económica, Peirano aparece en principio con un mayor margen de maniobra.

Su obsesión es la inflación. De perfil productivista, el ministro rechaza de plano la receta ortodoxa de enfriar la economía y dejar caer el dólar para aplacar la escalada de precios. La salida, según su visión, es controlar la formación de precios, para lo cual el Estado debe armar equipos técnicos sólidos que puedan auditar la estructura de costos de las empresas y detectar en qué casos las subas son justificadas y cuáles apuntan a maximizar ganancias en un contexto de crecimiento de la demanda. Es una política de fondo, que excede los acuerdos de precios con grandes empresas que intentó el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Miceli y el propio Moreno fueron admitiendo desde principios de año que esa estrategia de presión sobre algunas empresas mostraba signos de agotamiento. De hecho, ni los alimentos, ni los textiles, ni el calzado, ni los útiles escolares, ni prácticamente ningún rubro de consumo masivo detuvieron los ajustes de precios en los últimos meses. Frente a esa situación, empezó a instalarse la idea de que los acuerdos deben ser desmontados. Peirano es de la idea inversa: hay que reforzarlos, pero dotándolos de un carácter permanente e institucional.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia deberá jugar un rol clave en esa política para transparentar mercados. En particular, los de proveedores de insumos básicos: acero, aluminio, vidrio, cemento y petroquímicos, entre otros, cuyos precios impactan sobre la formación de costos del resto de la industria. En la mayoría de esos sectores existen monopolios u oligopolios, escasamente controlados. La subsecretaría de Defensa del Consumidor debería complementar el trabajo a nivel micro, equilibrando la desigual relación entre empresas y usuarios.

Hasta el momento, Kirchner se apoyó en los acuerdos de Moreno, funcionario que descree de la capacidad reguladora de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor. Más de una vez dijo que son “engendros” de los economistas neoliberales de los noventa y que él prefiere manejarse con las atribuciones que le concede la Ley de Abastecimiento.

En su plan de resurgimiento del Estado, Peirano aspira a una rápida normalización del Indec. Así se lo transmitió ayer a Barrios, director del organismo. En el Instituto señalan que la debilidad de Miceli en los últimos 45 días frenó el impulso inicial de la nueva gestión para consensuar una metodología de cálculo de la inflación que vuelva a ser confiable. El cambio de aire en Economía podría relanzar el proyecto, se ilusionan las autoridades del Indec.

Las especulaciones respecto del futuro de Peirano estuvieron ayer a la orden del día. Industriales que tienen con él una relación de muchos años y de gran confianza –Peirano fue economista de la Unión Industrial durante diez años, hasta su salto a la función pública hace tres– arriesgaban que cuenta con buenas posibilidades de conservar el puesto en un eventual gobierno de Cristina Fernández. También decían que sería un excelente ministro de la Producción, en caso de que la cartera económica se desdoblara en ese nuevo ministerio y el de Hacienda. Para la Secretaría de Industria, la central fabril hace fuerza por Leila Nazer, hasta ahora subordinada de Peirano en esa repartición y también ex economista de la UIA.

Si permaneciera en el cargo más allá del 10 de diciembre, Peirano seguramente promovería otra medida que reclaman los industriales: la creación de un banco de desarrollo al estilo brasileño. Dólar alto y apoyo financiero para apuntalar la oferta, y control de los mercados para evitar abusos. En lo esencial, así imagina Peirano que se resolvería el problema de la inflación en un contexto de alto crecimiento económico.