En su primera reunión, a siete meses de su creación, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo avanzó ayer en la convocatoria a un Consejo de Participación Social, en el que estarán representadas todas las organizaciones no gubernamentales con intereses en la cuenca, que tendrán a su cargo “el monitoreo social del plan integral” para ese curso de agua. En su debut, el organismo resolvió convocar, además, a las universidades de la región involucrada –Lomas de Zamora, Lanús, La Matanza y Morón, además de la UTN y la UBA–, como ámbito de consulta y debate sobre el plan oficial para la limpieza y descontaminación de ese curso de agua.

La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, presidida por la secretaria de Ambiente Romina Picolotti, fue creada en diciembre de 2006 y está integrada por tres funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, dos de la provincia de Buenos Aires y otros dos de la ciudad de Buenos Aires.

En la primera reunión, que se realizó en la sede de la Secretaría de Ambiente de la Nación, el cuerpo aprobó los acuerdos técnicos para “unificar los parámetros para la medición de los efluentes líquidos y la calidad del aire, que hasta ahora se rigen por tres normas distintas (la de la ciudad, la de los municipios y la de la Nación)”, explicó a Página/12 el encargado de Relaciones Institucionales del Comité, Alejandro Rossi.

También se convocó a la conformación de “una mesa interjurisdiccional”, cuya misión será “la unificación de los requerimientos para readecuar a los establecimientos industriales” asentados en la zona.

En cuanto a la convocatoria a las organizaciones sociales, el Comité de Cuenca inició ayer el proceso para la elaboración del reglamento del Consejo de Participación Social, un organismo consultivo que estará integrado por todas las ONG radicadas en la cuenca con intereses en el proceso de limpieza del río y mitigación de los efectos de la contaminación.

“La elaboración del reglamento también será participativa: se publicará la propuesta de la Autoridad de Cuenca en los medios de comunicación, en Internet y en el Boletín Oficial, y habrá quince días para hacer propuestas, que serán analizadas antes de su aprobación final”, precisó Rossi.

El Consejo de Participación Social estará integrado por “un representante de cada organización” vecinal o ambientalista de la región involucrada. La inscripción de organizaciones no tiene límites: pueden participar tantas como interesadas haya en hacerlo. Su misión será “hacer un seguimiento de los avances del plan y formular propuestas que no estén contempladas” en el plan oficial. Se estima que se inscribirán más de 200 organizaciones, ya que en un primer relevamiento se detectaron 70.

Para hacer operativo el funcionamiento de ese Consejo, el reglamento propuesto por la Autoridad de Cuenca establece que “se realicen reuniones a nivel territorial, para que luego se elevan las propuestas al consejo directivo del organismo”, explicó Rossi.

El mismo procedimiento de consulta que se utilizará para elaborar el reglamento de este Consejo se implementará para redactar las normas que regularán el acceso a la información: “Hoy, cada pedido de informes debe pasar por distintos interlocutores. La propuesta es crear un banco de información donde se vuelquen los datos provenientes de los 22 organismos con jurisdicción en la cuenca”, precisó Rossi.

El Comité de Cuenca, presidido por Picolotti, está integrado además por la secretaria de Política Ambiental bonaerense, Silvia Suárez Arocena; la ministra de Producción de la provincia, Débora Giorgi; el ministro de Ambiente porteño, Juan Manuel Velasco, y su par de Planeamiento, Juan Pablo Schiavi (reemplazó a la renunciante Silvana Giúdice), y por la Nación, el secretario de Recursos Hídricos, Fabián López; la secretaria Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Adriana Palomeque, y el secretario de Gestión Institucional de Desarollo Social, Aldo Palomeque. Los ocho quedaron en volver a reunirse dentro de tres semanas.