“Existen fuertes indicios de que nuevamente estaríamos en presencia de la apropiación de un menor hijo de desaparecidos y la gravedad de hecho acarrea la obligación de acelerar el dilatado trámite de esta instrucción que lleva más de siete años”, dijo la Sala II de la Cámara Federal en un fallo con el que ordenó la realización de un estudio de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos para establecer la identidad de un joven.

La decisión de los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi se tomó en un expediente en el que se investiga si un joven que fue anotado como hijo propio por Juan Carlos Vázquez Sarmiento –un suboficial de la Fuerza Aérea que se desempeñaba como auxiliar de inteligencia en la Regional Buenos Aires y que actualmente está prófugo– es hijo de desaparecidos.

El juez Rodolfo Canicoba Corral dispuso que se realice un estudio de sangre entre la supuesta apropiadora –quien aseguró en la causa que el joven es su hijo biológico– y el muchacho en cuestión. El magistrado había ordenado que ese análisis se hiciera en el Cuerpo Médico Forense, pero esto fue impugnado por la abogada Alcira Ríos, representante de la posible familia biológica. Los camaristas hicieron lugar a este reclamo y dispusieron que la prueba de ADN se llevara a cabo en el Banco Nacional de Datos Genéticos, ya que se trata de un organismo creado por ley para determinar la filiación de los hijos de desaparecidos durante la última dictadura. Los jueces incluso sostuvieron que no sólo se debe realizar la comparación del análisis entre el joven y su supuesta apropiadora, sino que la muestra debe cruzarse con quienes podrían ser los familiares biológicos. “El estudio no ocasiona ningún tipo de daño real, ya sea físico, psicológico o emocional”, señalaron.

En la causa declararon varios miembros de la Fuerza Aérea que aseguraron que Vázquez Sarmiento fue agente de inteligencia. Julio César Lestón sostuvo que en la Regional de Inteligencia Buenos Aires se llevaron a cabo procedimientos, que en algunas oportunidades se efectuaron detenciones y que los apresados eran alojados en la comisaría de Castelar. El militar mencionó los casos de Patricia Roisinblit y María Graciela Tauro.