Por primera vez desde la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, se juzgará a un represor por delitos de género –violaciones reiteradas, abuso sexual– cometidos durante la última dictadura militar. Por la elevación a juicio oral, el Juzgado Federal Nº 1 de Mar del Plata deberá investigar la responsabilidad del ex suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina, que actuaba en el centro clandestino conocido como La Cueva.

El represor había sido detenido en 2002, cuando al declarar en el Juicio por la Verdad dos víctimas lo reconocieron como su violador. Sin embargo, sólo estuvo preso 48 horas y recién en 2004, con la nulidad de las leyes de impunidad, se ordenó su arresto. Molina, que usaba el alias Charly, fue encontrado en Alta Gracia, Córdoba. Se lo acusó de participar en el centro clandestino que funcionaba abajo del radar de la Base Aérea de Mar del Plata, conocido como La Cueva, donde fueron llevadas las víctimas de “La Noche de las Corbatas”, un grupo de abogados secuestrados en 1976.

Actualmente, además de la causa por violación, Molina está imputado como cómplice en el homicidio calificado con ensañamiento y alevosía de los abogados Roberto Candeloro y Norberto Centeno. Hace tres meses, esa causa fue elevada a juicio oral por el mismo tribunal marplatense que ahora envía a esa instancia el caso por delitos sexuales.

El abogado de una de las víctimas, Cesar Sibo, aclaró que todavía faltan algunos pasos para que se realice el juicio, como la definición de los jueces que llevarán adelante la causa, por lo que habría que esperar hasta finales de este año para que comience. Por su parte, la abogada Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), recordó que las violaciones reiteradas y el abuso sexual estaban exceptuados de las leyes de obediencia debida y punto final. Sin embargo, si bien los delitos de género eran denunciados ante la Justicia, sólo eran consideradas las acusaciones por homicidios y torturas.

Myriam Bregman, abogada de Justicia Ya, citó el caso del testigo Julio López, que en el juicio al represor Miguel Etchecolatz denunció también el abuso sexual al que fue sometida Patricia Dell’Orto, que tampoco fue tomado por la justicia. En esta causa, Bregman consideró que si bien es correcto que se condenen los abusos sexuales, deben tomarse como parte del delito de genocidio, ya que era una acción sistemática cometida contra las mujeres detenidas en los campos de concentración.