La abogada Myriam Bregman, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y del Colectivo Justicia Ya!, fue querellada por el ex funcionario de la dictadura Roberto Durrieu a partir de las declaraciones que hizo en un programa de televisión. Además de la pena prevista en el Código Penal por el delito de calumnias, Durrieu y sus letrados solicitan que se inhabilite a Bregman en el ejercicio de su profesión por cinco años. “Es una vergüenza, voy a tener que rendir cuentas yo en Tribunales antes que él, que sigue impune, y quizá hasta me condenan primero”, se indignó Bregman ante Página/12.

Según esta abogada, el pedido de un año de prisión e inhabilitación es para “impedir que siga con los juicios” por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. La querella de Durrieu por calumnias e injurias, patrocinada por el abogado Hernán Munilla Lacasa, incluye también a Mario Pergolini, del programa CQC, y al notero Clemente Cancela; y recayó en el Juzgado Correccional Nº 3 de la Capital. Daniel Stragá y Liliana Mazea, abogados de Bregman, ya pidieron la incompetencia y la suspensión de la audiencia preliminar. Además, expusieron el caso ante la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

“Nos resulta paradójico que quien fuera el subsecretario de Justicia de un Estado genocida que secuestraba, torturaba y asesinaba a miles de argentinos, mientras el Poder Judicial negaba los hábeas corpus de sus familiares, hoy se atreva a demandar a una abogada que participó de las querellas contra los genocidas Miguel Osvaldo Etchecolatz, Christian von Wernich y Héctor Febres”, expresaron desde Justicia Ya! “Más aún, el doctor Durrieu, previo a su paso como secretario de Estado durante la dictadura, actuó como fiscal adjunto en la provincia de Buenos Aires durante el imperio de las patotas de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz”, agregaron. Junto a la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos y otros organismos de derechos humanos, están juntando firmas de apoyo a la letrada y para exigir su inmediata absolución. La consigna de la campaña es “si tocan a uno, nos tocan a todos” y “repudiamos y exigimos se investigue y castigue a Durrieu y a los miles de civiles que estuvieron vinculados con el genocidio perpetrado en nuestro país”.

En un libro publicado en 1980, el general Ramón Camps agradeció a Durrieu y a otros civiles por su colaboración en casos de secuestros durante la dictadura. Norberto Cozzani, quien fuera parte de la patota de Etchecolatz, en una carta emitida recientemente desde el penal de Marcos Paz, sindica a Durrieu como colaborador de la dictadura. Este abogado fue conjuez de la Cámara Nacional de Casación Penal actual y continúa siéndolo de Casación de provincia de Buenos Aires. Además es asesor de Juan Carlos Blumberg en su cruzada de “mano dura”.