La Coalición Cívica presentó ayer el informe “Cristóbal López: patrimonialismo corrupto en la era K”. Se trata de un detallado recorrido por la vida del empresario, a quien acusan de ser una suerte de testaferro de Néstor y Cristina Kirchner. “La señora Presidenta dice que ‘bailemos la chacarera’ y que seamos optimistas, pero nosotros le contestamos: ‘eso es imposible, ustedes están haciendo demasiados negocios’”, dijo Elisa Carrió en conferencia de prensa, rodeada de diputados y legisladores de su fuerza política. El eje de su acusación se centró en señalar que el ex presidente firmó un decreto el 5 de diciembre –que recién fue publicado en el Boletín Oficial el día 31– prorrogando hasta el 2032 la concesión del hipódromo y del complejo de tragamonedas de Palermo, que vencía originalmente en 2017. La fundadora del ARI aseguró que la mandataria es sólo “una figura decorativa” y que “Kirchner es Cristóbal López”. La respuesta del Gobierno estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que calificó la denuncia como “disparates” y endilgó la responsabilidad en la gestión gubernamental de la Alianza.

Propietario –según Carrió– de casinos y salas con máquinas tragamonedas en 19 ciudades del país, de una empresa petrolera y otra dedicada al transporte de hidrocarburos, López representa junto a Lázaro Báez –empresario ligado del sector petrolero– y Enrique Eskenazi –quien adquirió el 14,9 por ciento de YPF– “la pata K en la nueva burguesía nacional”, cuyas características se describen en el informe minuciosamente: “Se trata de empresas que han diversificado y, simultáneamente, engrosado su volumen de negocios desde que los Kirchner ingresaron al poder, debido a que el matrimonio, mediante los favores del Gobierno, digita los bienes del Estado en beneficio propio y de un selecto grupo de amigos”.

La CC habla de la “patrimonialización K del Estado”. De este modo, el eje de la denuncia gira en torno de la identificación “de patrones y prácticas que borran y confunden, como regla general, la diferencia entre lo público y lo privado”. Así lo describe la diputada Fernanda Gil Lozano, una de las autoras del informe: “Lo que notamos luego de haber observado el rápido enriquecimiento de alguien que vendía pollos como López es que con la actual gestión todo lo público está en beneficio del matrimonio K”.

Los puntos cuestionados son varios. Por un lado, el informe se refiere a concesiones de recursos naturales “mediante procedimientos irregulares, direccionados y contrarios a derecho” y de prórrogas a concesiones por fuera de los plazos previstos. A su vez, en un contexto de conflicto con los trabajadores del casino flotante –que también administra López–, el texto advierte sobre la utilización “de las fuerzas de seguridad del Estado como grupo de choque a disposición de las empresas” –alusión al rol cumplido por la Gendarmería– y de ausencia de controles por parte del Estado en las empresas pertenecientes al grupo de López.

Carrió informó que el bloque de diputados y legisladores de la Coalición Cívica presentará informes a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, dado que –estimó– “seguramente van a manipular a algún juez, y para garantizar la impunidad van a decir que está todo bien”, porque –afirmó– “si hoy denunciamos a la Justicia, no hay juez federal en condiciones de investigar, como corresponde a un Poder Judicial independiente, los hechos de corrupción del gobierno de Kirchner”.

A pesar de que la dirigente nacional del MST Vilma Ripoll estuvo presente en la conferencia de prensa realizada en la sede del bloque de diputados de la CC, Carrió consideró “muy curioso” que “ninguna fuerza nacional” realice denuncias sobre estas cuestiones. Aclaró que mantendrá una reunión con el radical Ricardo Gil Lavedra para analizar el caso. “Aun siendo enero, un negocio de esta naturaleza no podía pasarse por alto”, se indignó la líder de la Coalición Cívica, acompañada de los diputados Adrián Pérez, Marcela Rodríguez, Fernanda Gil Lozano, Patricia Bullrich, Fernando Sánchez, Fernanda Reyes y la legisladora Diana Maffía. Y disparó: “El proyecto que ustedes están viendo en Argentina hoy, descansa en un proyecto político con una figura decorativa a nivel presidencial... Ya nadie puede pensar que tenemos un presidente ingenuo”.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Y esta vez, como sucede habitualmente, el encargado de salir al cruce de los dirigentes opositores fue el jefe de Gabinete. Fernández consideró los cuestionamientos como “disparates” y aseguró que “la realidad es que la concesión no la dio este gobierno, sino el de la Alianza”. “Muchos hablan porque hablar es gratis y no tributa impuestos”, reaccionó el funcionario en declaraciones radiales. Su argumento fue que la cesión era responsabilidad de la presidencia de Fernando de la Rúa y que aquella instancia inicial preveía la prolongación ahora concretada.