Son más de ochenta diplomáticos, entre ellos catorce embajadores –seis de los cuales están en funciones– más una decena de cónsules y agregados militares. La Justicia federal investiga su posible participación en una maniobra basada en la importación de autos de lujo con franquicias diplomáticas a casi el 50 por ciento de su valor para luego venderlos en el mercado argentino con jugosas ganancias. La lista fue confeccionada por el fiscal Luis Comparatore a partir de una auditoría de la Cancillería e identifica a los funcionarios extranjeros que, por sus cargos, adquirieron y nacionalizaron vehículos libres de impuestos como Porsche, Lamborghini, camionetas Hummer, BMW, Audi y Mercedes Benz con irregularidades de por medio avaladas y quizá promovidas –ya se verá– por funcionarios del propio Ministerio de Relaciones Exteriores.

Comparatore ayer llegó temprano a tribunales y le pidió al juez Norberto Oyarbide que, como medida urgente, mandara a secuestrar los 98 autos importados con el régimen de franquicias diplomáticas en los que la Cancillería advirtió anomalías, aunque podrían ser más. Pero Su Señoría dijo que le parecía prematuro porque le faltan datos: por ejemplo, si hay vehículos en manos de personal con status diplomático vigente ya que, en ese caso, gozan de inmunidad y ni siquiera podrían citarlos a declarar. Y no importa lo que hayan hecho. De todos modos, la captura de los autos –que revelará quiénes son los dueños– podría ser ordenada hoy por un juez del fuero penal económico, Marcelo Aguinsky, que investiga los mismos hechos pero con la hipótesis de que hubo contrabando, más allá de las infracciones a las normas de la Cancillería (ver aparte).

El dictamen de la fiscalía, al que accedió Página/12, incluye un listado de diplomáticos de todos los rangos que gestionaron la importación de autos con las franquicias que los eximen de impuestos y luego los nacionalizaron (lo que habilita su transferencia a terceros) violando varias normas. Comparatore investiga tanto a los funcionarios extranjeros que tienen o tuvieron los autos de lujo en cuestión como a la Dirección de Ceremonial de la Cancillería de donde salieron las autorizaciones para las franquicias y la venta de los vehículos. Según pudo saber este diario, además del ex titular del Departamento de Franquicias e IVA, Jorge Matas, está bajo sospecha otro ex hombre de Ceremonial Miguel Angel Unzueta, actual cónsul en Puerto Montt, en Chile (ver aparte).

Algunas de las franquicias diplomáticas irregulares son atribuidas directamente por el fiscal a algunos embajadores. El actual representante de Pakistán Ishtiaq Andrabi habría adquirido (y vendido) un Porsche y una camioneta Hummer mientras que su antecesor Mohammed Nisar también eligió el Porsche. La misma marca que habría tenido el ex embajador de Bielorrusia, Vadil Lazerco. El actual titular de la embajada de Marruecos, Larbi Reffouh, optó por la camioneta Range Rover. Comparatore y el juez pidieron información sobre otros embajadores por la responsabilidad que podrían tener en los negociados de sus subordinados. Están en funciones Luis Maira de Chile, Yury Korchagin de Rusia, Aramis Fuente Hernández de Cuba y Francisco Bustillo de Uruguay. Ya son ex embajadores Arturo Liebers Baldivieso de Bolivia, José Rafael Serrano de Ecuador, Vadin Lazerco de Bielorrusia, Anthony Sekudo de Nigeria, Martín Belaunde Moreyra de Perú y Ara Aivazian de Armenia.

La diferencia es que, tal como se anticipa el juez Oyarbide, quienes se desempeñan actualmente como diplomáticos no pueden ser citados por la Justicia, a menos que su país renuncie a la inmunidad, algo prácticamente impensable. Aun así, la investigación seguirá y a la larga terminaría en manos de la Corte Suprema. Quienes ya abandonaron sus cargos diplomáticos, en cambio, seguirán en la mira de la Justicia común.

El régimen de franquicias diplomáticas está regulado por el decreto 25 de 1970. Allí se establecen los requisitos para que los diplomáticos ingresen desde el exterior autos libres de impuestos, como les habilita la Convención de Viena, de 1961. Aquel decreto –instruyó a este diario un experto– permite vender los vehículos importados, luego de tramitar su nacionalización, recién al cabo de cuatro años. Si un diplomático deja antes el cargo, se exige que haya estado al menos un año en el país y nueve mese el vehículo. Según su rango, pueden ingresar autos de distino valor, pero nunca superior a 65 mil dólares, cifra que algunos de los casos detectados cuadruplican. Estos beneficios sólo rigen a condición de reciprocidad (si el otro país otorga la misma ventaja a los funcionarios argentinos). Resoluciones aparte prohíben el uso de autos deportivos y camionetas 4x4.

Todas esas reglas son las que habrían sido burladas, según la auditoría que inició la Cancillería en agosto del año pasado. ¿Cómo? Hay incumplimiento de plazos, con fechas falsificadas en algunos casos, una argucia al parecer frecuente entre los agregados militares, que sólo duran un año en sus cargos. También aparecen datos inventados, como franquicias otorgadas por “cortesía” o “reciprocidad”, modalidades inexistentes. Algunos automóviles ni siquiera llegan a pasar por las manos de quienes piden la franquicia. Otras veces se autoriza la “nacionalización libre” de un auto sin acreditar el cese de funciones del diplomático. Otras tantas, cuando no se cumplió el año estipulado, el Departamento de Franquicias deja sentado que se pagaron los impuestos correspondientes en la venta pero el registro automotor dice que no se abonó nada. La fiscalía señala también un llamativo acuerdo con Uruguay que permitía la nacionalización libre “a los tres meses de introducción del vehículo en plaza”. En Cancillería, sin embargo, acotan que ese tipo de acuerdos están permitido.

Entre las medidas que Oyarbide ordenó ayer, figura la citación como testigo de Alejandro Mischutin Noges, director de Sumarios de la Cancillería. También le pidió a la cartera información precisa sobre los embajadores, cónsules, agregados y demás diplomáticos señalados por Comparatore para esclarecer si siguen en funciones y qué papel tuvieron en la operatoria. Requirió copias de las normas que se aplican, organigramas del ministerio para determinar quiénes tenían poder de decisión o eran apoderados a la hora de firmar franquicias, sus legajos personales y los legajos para autos libres de impuestos. Al registro de la propiedad automotor le pidió los expedientes sobre todos los autos importados por este método entre 2004 y 2007. La auditoría interna señala 960 y analiza 98. Según fuentes del caso, serían muchos más pero la documentación ya no está.

A esta altura los investigadores ya ni se sorprenden cuando ven que los blogs de camionetas Hummer recomiendan recurrir a alguna embajada para una mejor compra. “Parece –describen– una actividad casi industrial.”