No habrá alfombra roja por el momento. La investigación sobre las responsabilidades penales de los funcionarios y diplomáticos involucrados en la importación irregular de autos de lujo volverá a la Justicia federal. Tal como sugirió el titular de la Procuración General de la Nación, Esteban Righi, la Corte Suprema de Justicia consideró ayer por unanimidad que “por lo menos a esta altura de la investigación” no existen elementos suficientes para determinar la participación de miembros del servicio exterior en maniobras ilegales. De todos modos la causa no volverá a manos del juez federal Norberto Oyarbide, que retomó su licencia: pasará a las de su colega María Servini de Cubría.

El 28 de enero, a poco de recibir el sumario interno de Cancillería, Oyarbide se declaró incompetente y envió el expediente a la Corte. Fundamentó su decisión en base a la auditoría interna de Cancillería que daba cuenta de la importación y nacionalización irregular de autos ingresados entre 2004 y 2007, y mencionaba a siete embajadores en funciones. En tal caso la Constitución nacional establece que la Corte Suprema tiene competencia originaria. Si bien la causa también incluía a diplomáticos que abandonaron el país y funcionarios de Cancillería, el juez elevó el expediente completo.

La Corte lo giró a la Procuración para que dictaminara. “A mi juicio y tal como lo reconoce el juez federal”, sostuvo Righi, las pruebas reunidas “resultan insuficientes para determinar la eventual responsabilidad” de los diplomáticos. Agregó que “los extremos invocados en apoyo de la incompetencia no alcanzan, a esta altura del proceso”, para habilitar la jurisdicción originaria” del máximo tribunal y sugirió devolver el expediente a la Justicia federal.

Ayer, la Corte machacó con el concepto de “lo restringido y excepcional” que resulta su competencia originaria en las investigaciones de primera instancia. Subrayó que “por lo menos a esta altura de la investigación y sin que se hayan cumplido siquiera todas las medidas” solicitadas por el fiscal, no existe “ningún elemento de prueba sobre la base del cual pueda señalarse una eventual responsabilidad de alguna persona miembro de una representación diplomática acreditada ante nuestro país”. La resolución sugiere que Oyarbide se apuró a enviarle la causa. Su decisión implicó nueve días hábiles con la causa congelada. Ahora Servini podrá ordenar medidas. Si encuentra pruebas categóricas para imputar a diplomáticos en actividad podrá devolver esa parte del expediente al máximo tribunal.